El domingo 20 de febrero de 1977, los lectores venezolanos despertaron con una noticia que ocupaba la parte superior de la primera página de El Nacional.

A ocho columnas, con una jerarquización reservada para acontecimientos excepcionales, el diario destacaba una denuncia publicada por The New York Times: el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, habría recibido pagos secretos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) cuando ejercía como ministro de Relaciones Interiores durante el gobierno de Rómulo Betancourt en la década de los años sesenta.

La dimensión del titular reflejaba la gravedad del señalamiento. No era una información relegada a páginas interiores ni una referencia secundaria. La acusación ocupaba el espacio reservado para los asuntos que podían alterar el curso de la política nacional e internacional.

La publicación se produjo en un contexto especialmente sensible. Estados Unidos atravesaba un período de revisión de las actividades desarrolladas por sus organismos de inteligencia tras los escándalos políticos de la década de los setenta. Al mismo tiempo, Venezuela disfrutaba de una posición privilegiada en el escenario internacional gracias a los ingresos petroleros y al protagonismo alcanzado dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La acusación

Un día antes de la publicación del reportaje de The New York Times, El Nacional había reproducido un despacho de la agencia EFE basado en informaciones aparecidas en The Washington Post. Según esa información, el presidente Jimmy Carter había ordenado suspender pagos secretos realizados por la CIA al rey Hussein de Jordania. El objetivo de esos recursos era facilitar operaciones de inteligencia estadounidenses en territorio jordano.

La investigación abrió una puerta que rápidamente condujo a otros nombres.

Entre los señalados aparecieron dirigentes políticos y jefes de Estado de distintas regiones del mundo. En el caso venezolano, la publicación sostenía que Carlos Andrés Pérez había sido beneficiario de fondos de la CIA durante los años en que ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores bajo la administración de Rómulo Betancourt.

La acusación se expandió rápidamente por medios internacionales.

El trabajo periodístico firmado por David Binder también mencionaba al rey Hussein de Jordania, al expresidente chileno Eduardo Frei, al excanciller alemán Willy Brandt, a Chiang Kai-shek en Taiwán y a Mobutu Sese Seko en el entonces Congo. Varios de ellos rechazaron públicamente las afirmaciones.

La repercusión fue inmediata porque el tema tocaba una de las fibras más sensibles de la política internacional de la época: la influencia de la CIA en gobiernos aliados durante la Guerra Fría.

Caracas responde

La reacción del gobierno venezolano fue rápida y contundente.

El lunes 21 de febrero, El Nacional abrió nuevamente con la controversia. El titular reflejaba la posición oficial del Ejecutivo: “El gobierno de EEUU obligado a desvirtuar la indignante y mendaz imputación”. En el desarrollo de la información se indicaba que el embajador estadounidense en Caracas, Viron P. Vaky, había sido convocado a la Cancillería para ofrecer explicaciones sobre los señalamientos.

Paralelamente, el embajador venezolano en Washington, Ignacio Iribarren Borges, fue llamado a consultas. El ministro consejero Francisco Paparoni quedó como encargado de negocios mientras se intentaba encontrar una salida diplomática al conflicto.

La situación adquirió rápidamente una dimensión mayor.

Según los reportes de la época, el presidente Carlos Andrés Pérez exigía una satisfacción formal por parte del gobierno estadounidense. De no producirse una rectificación convincente, Venezuela evaluaba medidas que podían llegar incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas.

La respuesta interna también fue significativa.

El expresidente Rómulo Betancourt publicó una carta fechada el 20 de febrero en la que negó categóricamente las acusaciones. Betancourt afirmó que Pérez nunca había recibido dinero de la CIA durante su gestión como ministro de Relaciones Interiores y rechazó cualquier insinuación de financiamiento personal o institucional.

A esa posición se sumaron dirigentes políticos de distintas tendencias, representantes empresariales, sindicatos, sectores religiosos y organizaciones sociales.

Durante varios días se produjo una inusual unidad nacional en torno al Presidente de la República.

La crisis escala

Mientras Caracas aumentaba la presión diplomática, la controversia adquiría repercusión internacional.

El embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Simón Alberto Consalvi, emitió una declaración formal en la que calificó la publicación de The New York Times como “absolutamente falsa e irresponsable”. También negó que Carlos Andrés Pérez hubiese recibido fondos de la CIA para fines personales o gubernamentales.

Consalvi sugirió además que la información podría formar parte de una campaña dirigida a debilitar la influencia de la OPEP.

La hipótesis no era descabellada para algunos observadores. Venezuela se había convertido en uno de los actores más relevantes dentro de la organización petrolera y mantenía posiciones independientes en diversos escenarios internacionales.

El martes 22 de febrero, la crisis alcanzó su punto máximo.

Carlos Andrés Pérez declaró que la responsabilidad del gobierno estadounidense era “inocultable” y manifestó que Venezuela esperaba una respuesta satisfactoria tanto para el país como para la opinión pública internacional. Ese mismo día trascendió que el presidente Jimmy Carter había ordenado revisar los antecedentes relacionados con las denuncias sobre pagos secretos de la CIA.

Mientras tanto, periodistas venezolanos desplazados a Washington y Nueva York intentaban obtener información directa de funcionarios estadounidenses y exagentes de inteligencia.

La respuesta oficial de la CIA fue la habitual.

“No comment”.

Ni confirmación ni desmentido.

La carta de Carter

La solución comenzó a construirse en Washington.

Según relató años después Gonzalo Palacios en su libro Desde Watergate hasta Chávez: diplomáticos, espías y farsantes en la capital del Imperio, él y Francisco Paparoni elaboraron una estrategia para superar la crisis diplomática. La propuesta consistía en obtener una comunicación oficial y directa del presidente Jimmy Carter dirigida a Carlos Andrés Pérez.

La tarea no resultó sencilla.

La administración Carter tenía apenas un mes en funciones y todavía no había completado la incorporación de todos los funcionarios responsables de América Latina. Sin embargo, dos asesores presidenciales aceptaron revisar el borrador elaborado por los diplomáticos venezolanos y facilitar su llegada al mandatario estadounidense.

El resultado fue decisivo.

La noche del 22 de febrero, el embajador Viron P. Vaky solicitó una audiencia urgente en el Palacio de Miraflores y entregó personalmente una carta firmada por Jimmy Carter. En ella se rechazaban las imputaciones realizadas contra el presidente venezolano y se calificaban como infundadas y maliciosas.

La respuesta satisfizo las exigencias planteadas por Caracas.

Al día siguiente, El Nacional informó en primera página que el mensaje presidencial estadounidense ponía fin al incidente diplomático.

La crisis que había amenazado con escalar a niveles mayores quedaba oficialmente superada.

Después de la tormenta

Aunque la carta de Carter cerró el conflicto político, el debate sobre los fondos secretos de la CIA continuó durante las semanas siguientes.

El propio presidente estadounidense reconoció posteriormente que algunos reportes sobre pagos clandestinos eran “bastante inexactos”, aunque admitió que otros tenían “algún grado de exactitud”.

Pocos días después, el secretario de Estado Cyrus Vance realizó una precisión importante. Según explicó, los recursos administrados por la CIA no correspondían necesariamente a pagos personales a dirigentes políticos, sino a programas de asistencia en materia de seguridad dirigidos a gobiernos aliados. Sin embargo, Washington nunca divulgó oficialmente la lista completa de los beneficiarios de esos programas.

Uno de los pocos líderes que reconoció públicamente haber recibido esos recursos fue el rey Hussein de Jordania, quien aseguró que el dinero fue destinado a fortalecer las capacidades de inteligencia y seguridad de su país.

Mientras tanto, las relaciones entre Caracas y Washington retomaron rápidamente su curso habitual.

La mejor prueba llegó apenas cuatro meses después.

Los días 28 y 29 de junio de 1977, Carlos Andrés Pérez realizó una visita de Estado a Estados Unidos. Durante la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca, Jimmy Carter recibió al mandatario venezolano con una frase pronunciada en español:

“Señor presidente, esta es su casa”.

La visita incluyó una cena de Estado y confirmó que ambos gobiernos habían decidido dejar atrás el incidente.

Sin embargo, la controversia de febrero de 1977 permanece como uno de los episodios diplomáticos más delicados de la relación entre Venezuela y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Durante varios días, una publicación periodística puso en tensión a dos gobiernos aliados, movilizó a sus servicios diplomáticos y obligó a la Casa Blanca a intervenir directamente para evitar una ruptura de consecuencias impredecibles.

Más de cuatro décadas después, los documentos conocidos permiten reconstruir buena parte de la historia. No obstante, como ocurre con numerosos episodios relacionados con operaciones de inteligencia, siguen existiendo interrogantes que probablemente permanecerán archivados entre expedientes clasificados, testimonios parciales y las zonas grises propias de la Guerra Fría.

Fuente: José Egidio Rodríguez, “CAP a sueldo de la CIA” (11 de febrero de 2019). Complementado con referencias documentales y periodísticas de las ediciones de El Nacional publicadas entre el 20 y el 28 de febrero de 1977.

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@LuisPerozoPadua