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2026
| Vivienda y terrorismo judicial de Estado |
| Escrito por Gerardo Hernández Dávila |
| Jueves, 25 de Junio de 2009 06:49 |
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La verdad es que el terrorismo judicial aplicado por el Estado ha pasado a formar parte de nuestra cotidianidad bajo un régimen que no tiene límites a la hora de apoderarse del patrimonio particular, de castigar a la disidencia, y de centralizar el Estado. En una asociación de los estilos cultivados por Maquiavelo y Robespierre, en distintos tiempos y sociedades, se ha impuesto en Venezuela un terrorismo de Estado que encarcela a opositores sin respetar las garantías del debido proceso, somete al escarnio público a personas e instituciones, limita la libre empresa, acciona su aparato represivo, secuestra los poderes públicos, generando altos niveles de incertidumbre en la población. La manipulación y el terror como armas políticas han sido instrumentos apetecidos por los regímenes de fuerza a través de la historia para neutralizar o destruir a sus antagonistas. El premeditado ataque en contra del aparato productivo inmobiliario demuestra una vez más el desinterés del gobierno en resolver la problemática habitacional. Desde hace tiempo apunta hacia su destrucción con amenazas certeras, la aplicación de leyes inconstitucionales, controles, expropiaciones, confiscaciones, e invasiones, éstas últimas prohibidas pero detrás de ellas siempre hay un “dejar hacer” y un amparo oficial. Aún en este escenario perverso, sin garantías jurídicas, sin diálogo, sin coordinación con el Estado, en medio de la sorprendente rotación de ministros y reglas del juego variables, los productores inmobiliarios han contribuido a elevar la construcción de viviendas, y facilitar el acceso a ellas a través de la preventa inmobiliaria, aplicando el IPC de acuerdo a lo establecido en la Resolución 098 del extinto Ministerio de Vivienda y Hábitat, que ratificó este esquema con fecha 10 de noviembre de 2008. Más de 250 mil familias han logrado su techo propio a través de la preventa, con una compra a futuro y pagando la cuota inicial en partes, en un lapso de dos años, que beneficia a los adquirentes sin capacidad de ahorro. Al ministerio del ramo no le interesó escuchar argumentos sobre la aplicación del IPC, o las complejidades del ciclo inmobiliario, sometido a la carga inflacionaria de la economía, al desabastecimiento de insumos, costos del transporte, contratos colectivos de los trabajadores, o a la trampa de la permisología. Cuando surgen denuncias sobre presuntos cobros al margen del esquema en boga, no se investiga a la persona en particular sino que esa coyuntura se aprovecha como pretexto para demandar a la Cámara Inmobiliaria y a la Cámara de la Construcción, gremios que no han colocado un solo ladrillo, porque no es su función, pero que se ven obligados a distraer ingentes recursos económicos para defenderse, que bien pudieran servir para realizar investigaciones sobre el desempeño del sector. Esto es terrorismo de Estado. La demanda en contra de los gremios fue aceptada por el TSJ pero aún no ha emitido fallo. Mientras tanto la Asamblea Nacional que estudiaba un proyecto de ley para regular la preventa inmobiliaria tuvo que cancelar esa iniciativa frente al mandato del Ejecutivo Nacional. Es el resultado del secuestro de los poderes públicos que se vuelve a consumar desdeñando los derechos de miles de familias que necesitan viviendas ya sea en alquiler o en propiedad. Actualmente hay en ejecución 133.859 viviendas, 41.011 por cuenta del sector público 92.848 por el sector privado. ¿Cuántas podrán ser culminadas? ¿Cuántos empleos se perderán frente a este exabrupto que significa dar un frenazo a la producción de viviendas y ahogar las esperanzas de los venezolanos?
Fuente: Diario Antorcha |
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