Las transiciones políticas no suelen comenzar donde la ética quisiera, sino donde la realidad obliga.

La experiencia comparada sobre los procesos de salida de regímenes autoritarios demuestra que el quiebre no se produce de manera súbita ni ordenada, sino a través de fases inciertas en las que el poder pierde legitimidad antes de perder control. Venezuela se encuentra hoy exactamente en ese punto.

El agotamiento del modelo que ha gobernado al país durante más de dos décadas es inocultable. No se trata aún de un descenso, sino de una erosión progresiva de su capacidad de mando, de su cohesión interna y de su eficacia administrativa. En ese escenario, como advierte la teoría de la transición democrática, el primer objetivo no es la democratización inmediata, sino la contención del conflicto y la administración del colapso.

Por ello, los primeros interlocutores en contextos de descomposición autoritaria no son necesariamente quienes encarnan la legitimidad democrática, sino quienes aún conservan control sobre los factores coercitivos del Estado. No se dialoga con ellos porque representen el futuro, sino porque pueden impedir que el presente termine de destruirse. Esta lógica, ampliamente documentada en los estudios sobre transiciones, no valida al autoritarismo; lo reconoce como un riesgo que debe ser neutralizado.

El peligro surge cuando esta etapa preliminar se confunde con el destino final. La literatura es clara al advertir que los procesos mal conducidos pueden derivar en fórmulas de estabilidad sin democracia, donde se reorganiza el poder sin devolverlo al ciudadano. Un país no puede permitirse una transición administrada solo desde los márgenes del antiguo régimen.

Es en este punto donde el papel del sector opositor democrático adquiere una relevancia estratégica. La teoría señala que ninguna transición se consolida sin un actor civil organizado, con legitimidad social y vocación institucional. En Venezuela, ese actor ha trabajado durante años en condiciones de persecución, fragmentación y desgaste, manteniendo viva la demanda de cambio político y restitución democrática.

Que hoy no encabece todas las conversaciones no implica su desplazamiento histórico, sino una secuencia propia de los procesos complejos. La transición no se inaugura cuando se negocia la contención del poder autoritario, sino cuando se inicia la reconstrucción del poder civil. Y esa tarea no puede realizarse sin quienes han sostenido la lucha democrática en el tiempo.

La experiencia internacional demuestra que las transiciones exitosas son aquellas que logran pasar del control del conflicto a la apertura institucional, y de allí a la legitimación democrática. Saltarse esas fases, o dilatarlas indefinidamente, conduce al estancamiento o a nuevas formas de autoritarismo.

Venezuela no transita un camino recto ni sencillo. Avanza entre tensiones, retrocesos y decisiones incómodas. Pero también es cierto que ningún gobierno sobrevive indefinidamente cuando pierde legitimidad, eficacia y respaldo social. Si este momento se gestiona con claridad estratégica, responsabilidad histórica y unidad democrática, el país puede abrir una nueva etapa.

El cambio no será inmediato ni perfecto. Pero si se respetan los tiempos, se preserva el objetivo democrático y se incorpora a todo el sector opositor que ha trabajado durante años por la transformación del país, el cambio es posible. No como consigna, sino como resultado de una transición bien conducida.