El grupo político que se instaló en Miraflores en febrero de 1999 acumuló buena parte de sus galardones,

enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos. Algunas de sus figuras más connotadas denunciaban las supuestas injusticias que cometían los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes se oponían al Gobierno. Hugo Chávez y los demás comandantes que dirigieron la fracasada intentona del 4 de febrero de 1992 (4-F), justificaron el cuartelazo por los supuestos excesos perpetrados por las Fuerzas Armadas contra el pueblo inerme, durante el ‘Caracazo’ los días 27 y 28 de febrero de 1989. Según los cabecillas del golpe, el movimiento insurreccional había que asumirlo como una forma de lavarle el rostro a la institución castrense y recuperar la dignidad perdida por los crímenes cometidos durante aquellos días.

Este discurso grandilocuente comenzó a desdibujarse cuando Chávez empezó a dar el giro que lo llevaría a instalar un esquema autoritario que calcaba los aspectos esenciales del régimen totalitario impuesto por Fidel Castro en Cuba. Recrear el modelo de la isla en un país que había tenido una de las democracias más sólidas y longevas del continente, ejemplo en el mundo occidental, pasaba por convertir en práctica cotidiana el ataque sistemático a las instituciones y a las libertades básicas del orden democrático. Los lamentables sucesos del 11 de abril de 2002 y la posterior huelga petrolera le sirvieron a Chávez de excusa para afianzar la influencia fidelista en Venezuela. La receta del dictador isleño era simple: a la oposición pan y agua. No había que darle tregua ni espacio para que subsistiera.

Chávez ordenó el cierre de RCTV, que pasó a ser el símbolo del ataque a la libertad de expresión; el encarcelamiento arbitrario de la jueza María Lourdes Afiuni, quien se convirtió en su rehén particular; y la colonización del Poder Judicial, para subordinarlo a sus caprichos. El mensaje era categórico: estaba dispuesto a imponer un modelo represivo que le garantizara mantenerse en el poder acallando las voces disconformes.

Cuando el caudillo falleció, su heredero Nicolás Maduro, aun más sometido a la férula cubana, convirtió la represión en su principal instrumento de sobrevivencia. Sin el liderazgo, legitimidad y carisma que poseía Hugo Chávez, Maduro entendió que solo le quedaba montar un aparato que intimidara, persiguiera, encarcelara, desapareciera y asesinara a sus opositores. Era la única forma de perpetuarse en el Gobierno. A partir de 2013 se desató la furia contra todas las expresiones opositoras: partidos y dirigentes políticos; dirigentes sindicales y gremiales; líderes sociales y estudiantiles; ONG; periodistas y medios de comunicación, desde portales hasta periódicos impresos. No quedó espacio social que no se sintiese amenazado por la mano de hierro del régimen. Las instituciones que no se doblegaron optaron por la autocensura para poder sobrevivir. Venevisión y Televen constituyen buenos ejemplos.

El cerrojo armado por Nicolás Maduro a partir de 2013, se hizo aún más opresivo luego del fraude perpetrado el 28 de julio de 2024. El estruendoso fracaso en la cita electoral desató los demonios en Miraflores. El dispositivo represivo del Estado embistió contra los ciudadanos que salieron a protestar por el despojo del que habían sido objeto quienes votaron a favor del cambio en esos comicios. Las cárceles se llenaron de personas, especialmente jóvenes, cuyo único delito consistía en reclamar que se respetara su voluntad de sustituir el Gobierno por vía pacífica y electoral, tal como autoriza la Constitución. El régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello entró en su etapa más sanguinaria y despiadada. Todos los protocolos establecidos en una democracia quedaron abolidos. Para avalar los atropellos contaban con Tarek William Saab en la Fiscalía General, quien permitió que ese tren descarrilado embistiera contra todo el que manifestaría algún desagrado.Cuando los sucesos del 3 de enero, las cárceles estaban llenas de presos políticos contra quienes se habían cebado los jerarcas del régimen. Venezuela era -y probablemente sigue siendo- el país de América Latina con mayor número de detenidos por razones políticas. El tutelaje de Estados Unidos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez ha permitido que se liberen varios centenares de privados de libertad. Lo que la nación no entiende ni acepta es que el gobierno interino no libere a todos los presos políticos de inmediato. Bastaría con una orden de la presidenta encargada, para acabar con el calvario de los centenares de ciudadanos abandonados en las mazmorras del régimen, y aliviar el sufrimiento de sus familiares. Si el régimen no emite ese dictamen es porque está utilizándolos como moneda de cambio, como escudo protector o como símbolo de un poder cada vez más reducido.

Queda muy poco del discurso sobre los derechos humanos que hace tres décadas levantaba la casta apoltronada en Miraflores. Hay que seguir presionándola para que cumpla. ¡Libertad para los presos políticos ya!

@trinomarquezc