El gobierno de Nicolás Maduro -cuestionado desde sus inicios en 2013 y con una minúscula popularidad- se dedicó a amar un aparato represivo asentado sobre dos pilares:

una maquinaria militar-policial implacable y un conjunto de leyes destinadas a amenazar, perseguir y silenciar a los ciudadanos, en especial a los opositores. La consigna era: cálese sin chistar la escasez, el desabastecimiento, la hiperinflación y el desastre de los servicios públicos. Usted vive bajo un régimen de terror parecido al que sufrían los ciudadanos bajo el dominio comunista y al que padecen los cubanos. No se le ocurra oponérsenos y protestar porque le caen encima las leyes concebidas para amordazarlo y la bota militar destinada a aplastarlo.

Del andamiaje legal opresivo elaborado por el madurismo destaca la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia -¡vaya nombre!- promulgada en 2017, uno de los años más trágicos de la historia nacional reciente. La legislación fue aprobada cuando Diosdado Cabello presidía la Asamblea Nacional Constituyente. La rimbombancia del título no esconde los fines para los cuales fue redactada: el chavismo trataba de blindarse frente al descontento creciente de la población, la falta de aceptación del Gobierno, la escasez generalizada y la inflación desenfrenada. El período de auge de la primera década del régimen chavista había culminado. Los gigantescos recursos provenientes del petróleo se habían esfumado. La corrupción, la ineficiencia y el despilfarro los habían evaporado. La izquierda continental y gran parte de la mundial se habían guindado de las manos irresponsables de Chávez, para que la financiara. Cuba subsistía gracias a la irresponsable generosidad del comandante. El bolívar se había convertido en polvo cósmico.

Concurrían suficientes motivos para que la gente se sintiese estafada por una casta que había prometido liberarla de la pobreza y convertir Venezuela en el Paraíso Terrenal. También existían suficientes razones para salir a la calle a protestar y reclamar los derechos vulnerados.

Ese peligro fue conjurado con suficiente represión y con instrumentos legales como la Ley contra el Odio. A la voluntad de los maduristas quedó interpretar y decidir si la opinión de un ciudadano en un tuit, el comentario de un periodista en un programa radial o televisivo, o el artículo de un columnista en la prensa, podían ser calificados como incitación al odio y un llamado a la violencia. Cualquier manifestación de desacuerdo o de simple incomodidad por los cortes continuos de luz, la escasez de agua recurrente, la ausencia de alcohol y algodón en los hospitales públicos, o la colocación de alcabalas abusivas en la ciudad, podía considerarse un llamado a delinquir o a levantar el hacha de la guerra contra el régimen. La población tenía que aceptar la dictadura madurista sin asomo de objeción. Muchos de quienes violaron la norma terminaron encarcelados, sometidos a torturas, perseguidos, desaparecidos o huyendo al exterior.

El efecto del miedo generado por la Ley contra el Odio fue inmediato. La gente comenzó a inhibirse de manifestar su descontento en público. Los medios de comunicación se autocensuraron. Los sindicalistas y los estudiantes se abstuvieron de ser víctimas de la crueldad del Gobierno y la desproporción de sus castigos. Nada que ver con la convivencia pacífica y la tolerancia.

Por supuesto que la sociedad venezolana posee suficientes reservas morales. La cobardía no es un rasgo que la caracterice. A pesar de las amenazas, las condenas exageradas y el lógico temor frente a un régimen psicópata, la población expresaba en ocasiones su descontento públicamente. La exitosa Primaria de 2023, el categórico triunfo de González Urrutia en 2024 y las protestas que siguieron al fraude, mostraron ese talante combativo.

Con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero concluyó la fase más represiva y brutal del régimen instalado en 1999.  Desde ese momento el ambiente es distinto, aunque -según señala la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU- el aparato militar-policial se mantenga intacto.

Bajo la tutela de Estados Unidos, y en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Asamblea de 2015, Delsy Rodríguez le propuso a la Asamblea Nacional actual una reforma integral de la Ley contra el Odio, como si se tratase de una norma que solo requiere algunas correcciones para mejorarla.

La reacción de distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos y abogados constitucionalistas ha sido contundente: la ley no hay que reformarla, sino derogarla. Atenta contra la Constitución y los principios que rigen la democracia.

¡No a la Ley contra el Odio!

@trinomarquezc