El próximo año, los estados y municipios del país experimentarán un grave deterioro en todos los órdenes. Se pondrá en peligro su razón de ser. El objetivo del régimen es ir hacia otra división territorial, dentro de la denominada nueva geometría del poder. Se pretende desmontar las estructuras políticas del estado federal, dejándolas sin competencias ni recursos, para abrirle el camino al estado comunal, mediante consejos  comunales, comunas o distritos motores de desarrollo. Esto no es ningún secreto. Lo ha expresado tanto el Presidente como otros personeros del régimen. A ello apunta la orientación inconstitucional que se ha dado al Consejo  Federal de Gobierno. Las cinco fuentes constitucionales de financiamiento a estados y municipios se están disminuyendo y centralizando.

El Situado Constitucional tiende a ser menor. Cada vez el poder central maneja mayor porcentaje de los ingresos ordinarios. Además, disminuyen los impuestos de la economía privada y también el impuesto sobre la renta proveniente de la actividad petrolera. PDVSA deduce de sus ingresos, todos los gastos cada vez mayores en que incurre en actividades nada petroleras. Mientras tanto, en el presupuesto se continúan estimando los ingresos ordinarios con un precio ficticio del barril de petróleo.

Después cuesta Dios y su ayuda cobrar los créditos adicionales correspondientes. Llegan fallos y tarde. Ya los estados y municipios no saben cuánto les corresponderá por su participación en el IVA (Fides) ni en los tributos y regalías derivados de minas e hidrocarburos (Laee) Eso ahora será repartido mediante criterios discrecionales a través de una caja negra: El Fondo de Compensación Interterritorial. Será el Presidente quien decidirá el monto y el destino de los recursos. Ya no será la ley.

Las otras dos fuentes constitucionales de ingresos no existen: El Fondo de Estabilización Macroeconómica y la Ley de Hacienda Pública Estadal. El régimen bloqueó ambas posibilidades. Por todo ello, el 2011 será un año difícil para estados y municipios. El régimen controlará centralizadamente casi el 98 por ciento de los recursos. En consecuencia, lo que procede es preservar a como dé lugar, la existencia de los estados y municipios. El único y verdadero enemigo es el régimen que controla el poder nacional, que pretende desmontar al estado federal.

Cualquier acción entonces que debilite aun más, con paros, huelgas, o aspiraciones contractuales a estados y municipios en esta coyuntura es una verdadera torpeza. Lo esencial entonces es unirnos para defender nuestra razón de ser: la existencia de estados y municipios autónomos, con competencias y recursos para hacer posible la descentralización territorial del poder.

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