La reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dejó claras las prioridades y las profundas preocupaciones de la diplomacia estadounidense respecto a la situación colombiana.

Durante su intervención, el embajador Jeffrey Bartos, representante de EE. UU. para Asuntos de Gestión y Reforma de la ONU, ofreció un balance que transitó rápidamente entre el reconocimiento del civismo democrático y la alerta ante el deterioro de la seguridad interna en el país suramericano.

En primera instancia, el gobierno estadounidense felicitó al pueblo colombiano por la jornada electoral del pasado 21 de junio, calificándola de pacífica y destacando una participación electoral récord del 63%. Asimismo, Bartos extendió una felicitación formal al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, manifestando la disposición de su administración para colaborar estrechamente en objetivos comunes de paz y desarrollo regional.

Sin embargo, el tono de la declaración se tornó severo al abordar las amenazas que empañaron el proceso electoral, haciendo especial énfasis en el asesinato del senador Uribe. Al respecto, Bartos fue tajante en la postura de la Casa Blanca frente a cualquier intento de desestabilización institucional:

"Estados Unidos reitera enérgicamente su postura de que no hay lugar para la violencia política ni para la injerencia en la voluntad expresada democráticamente por el pueblo colombiano. Cualquier amenaza que obstaculice el proceso democrático y la transición pacífica, oportuna y fluida del poder es inaceptable".

El meollo del pronunciamiento apuntó a la alarmante reactivación de la violencia rural y al auge de las economías ilícitas. El embajador recordó la ofensiva ocurrida a finales de abril, cuando disidencias de las FARC perpetraron ataques con explosivos y drones que cobraron la vida de 21 civiles. Para Washington, frenar la expansión del narcotráfico sigue siendo una condición ineludible para pacificar el territorio, asegurando que la erradicación del cultivo de coca y la producción de cocaína son esenciales para impedir que los grupos armados sigan aterrorizando la región.

Frente a este complejo panorama, la recomendación de los Estados Unidos va más allá de la respuesta militar. El diplomático insistió en que el Estado colombiano debe afianzar una presencia integral en las zonas de conflicto a través de fiscales, policías y jueces, acompañados de inversión social e infraestructura que ofrezcan alternativas económicas legítimas.

Finalmente, la delegación estadounidense hizo un llamado urgente a la administración entrante a no desatender el marco normativo vigente, instando al Gobierno de Colombia a priorizar la aplicación rápida de los compromisos del acuerdo de paz como la verdadera solución de fondo contra el narcoterrorismo y la inseguridad estructural.

Fuente original: https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-colombia-7/