Los terremotos del 24 de junio han mostrado numerosos rasgos de la Venezuela de la era chavista

(utilizo este vocablo para simplificar, pues en realidad el rodrigato tiene muy poco que ver con lo que planteaban Hugo Chávez y su heredero, Nicolás Maduro).

Se ha evidenciado que, sin que nadie lo designara, Jorge Rodríguez es el vicepresidente de facto. Cumple labores ejecutivas que la Constitución le asigna a ese funcionario. Esto no sería grave si Rodríguez fuese integrante del Ejecutivo nacional. Pero, ocurre que fue electo diputado y, además, es el presidente de la Asamblea Nacional.  Esta usurpación de funciones sucede en un gabinete ejecutivo que cuenta con más de treinta ministros. ¿Por qué los ministros no le informan al país de la situación de cada una de sus áreas de competencia? ¿Por qué el presidente de la Asamblea Nacional es a la vez ministro de Información, de Vivienda, de Infraestructura, de Sanidad y de Relaciones Interiores, para mencionar solo algunas de las tareas que concentra? Porque en Venezuela dejó de existir desde hace bastante tiempo la división entre los Poderes públicos. La nación no es una República en el sentido clásico del concepto. Tenemos desde la instalación del régimen en 1999, un Estado unitario, con una elevada concentración del poder en el Presidente de la República. El resto de las ramas están subordinadas al jefe del Estado.

Ese rasgo no se ha atenuado con el interinato. Al contrario, se ha hecho más pronunciado y abusivo. Jorge Rodríguez forma parte de una nueva forma de gobierno, que tampoco aparece en ningún texto legal. Popularmente lo llaman ‘Triunvirato’. Está integrado por él, su hermana Delcy y Diosdado Cabello. Ese trío no es autónomo. Depende de Donald Trump y de su emisario en Venezuela: el Encargado de Negocios, John Barret. Esa claudicación es la fórmula descubierta por los Rodríguez para mantenerse empotrados en Miraflores.

Otro rasgo puesto de manifiesto es la naturaleza de la relación entre el Gobierno y la comunidad internacional. En tragedias como las que está sufriendo el país - salvo en países muy pobres como Haití, Cuba y la Nicaragua de Somoza- la ayuda proveniente del exterior, de gobiernos y ONG, complementa los planes, equipos, recursos financieros y esfuerzos del Gobierno endógeno.  En cambio, en Venezuela, a pesar de la inmensa riqueza de la que disfrutó el chavismo durante décadas, la relación se da a la inversa: es el Ejecutivo el que complementa la ayuda que viene de afuera. De no haber sido por los rescatistas, los hospitales de campaña, los materiales médicos y la generosa y masiva colaboración en todos los planos, que ha ingresado, la situación de las decenas de miles de venezolanos afectados, sería aún más dramática.

Lo mismo sucede con la sociedad civil. La Constitución establece el principio de la subsidiariedad, Art. 184:  la población debe cooperar con el Estado en la gestión de la salud, la vivienda, entre otros servicios. Resulta que los terremotos demostraron que, en este plano, la relación entre sociedad y Estado también es a la inversa: la movilización, desde los primeros momentos de los sismos, la abnegación, altruismo y eficiencia de la gente para remover escombros, buscar sobrevivientes, auxiliar los heridos y ocuparse globalmente del desastre, han sido mucho más eficaces y permanentes que la labor del Gobierno nacional. El Ejecutivo, a través de la Fuerza Armada y otros órganos de seguridad, lo que ha hecho en numerosas oportunidades es obstaculizar las labores de búsqueda, rescate y atención a los lesionados y desaparecidos.

En vez de informar con claridad y precisión a los familiares y a la población, en general, ha levantado barreras que bloquean el acceso a la información fidedigna y entorpecen las vías para brindar auxilio a quienes lo necesitan. Gracias a la voluntad inquebrantable de miles de ciudadanos, ha sido posible adelantar las labores que han permitido salvar miles de vida. La sociedad civil se le impuso al Estado.

El gobierno de Delcy Rodríguez busca proyectarse como un equipo de tecnócratas. La realidad ha demostrado que no es así. El régimen persiste en su actitud sectaria. En días recientes el ingeniero José María de Viana, de los expertos más connotados en materia hidráulica, se quejaba porque el Ejecutivo no está consultando a los especialistas y técnicos más reconocidos en materia de desastres: evaluación de daños, remoción de escombros, recuperación de infraestructuras y demás efectos que provoca una tragedia de dimensiones como la que enfrenta Venezuela. Al contrario, lo que se observan son enroques en los que un funcionario leal a los Rodríguez, que antes ocupaba un cargo, ahora pasa a desempeñar otra responsabilidad importante, sin contar con la experticia necesaria para desempeñarlo. Ese comportamiento expresa el desprecio del régimen por el conocimiento científico, técnico y especializado. La paranoia y compulsión por mantener el poder a toda costa, prevalece sobre cualquier interés de alcance nacional.  

Los vicios que los terremotos han mostrado, por fortuna no han opacado la generosidad de los venezolanos.

@trinomarquezc