Es indiscutible que para que una sociedad pueda alcanzar crecientes niveles de desarrollo, un mejor desempeño en el campo de la salud y la educación resulta indispensable. En la actualidad grandes desafíos toman fuerza en ambos campos, en todas las regiones del planeta. En Centroamérica estos retos no son menores, como lo muestra una investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que sirvió como insumo para el último Informe del Estado de la Región.


Un aspecto central de este estudio es que asume un enfoque desde los derechos humanos, lo cual marca claramente su énfasis: analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los problemas del desarrollo. Así los avances en el ámbito de los derechos civiles y políticos –con la preocupación que al respecto se ha generado ante los recientes acontecimientos en Honduras- son centrales e indispensables, pero no suficientes. La plena ciudadanía de los centroamericanos no puede alcanzarse si un amplio sector de la población vive sumida en la ignorancia, la insalubridad y la miseria.


Y muchas veces una parte de los compromisos de los Estados en estas materias se reduce a declaraciones formales que no se materializan en acciones concretas con resultados medibles. Por ello la investigación parte de la necesidad de evaluar los presupuestos públicos como instrumentos que deberían reflejar los avances efectivos en materia de derechos, así como las estadísticas sociales, las cuales deberían mostrar los resultados de su ejecución.


Las conclusiones del estudio son importantes. Con significativas diferencias entre los países, se señala “un estancamiento” en la región en el cumplimiento de los derechos a la salud y a la educación. Y si bien se consignan avances, la lista de desafíos es relevante, aunque con “intensidades diferentes” por país. En el campo de la educación las prioridades se centran en el tema de la calidad, en el aumento de la cobertura de los niveles pre y post-primarios y en la mejora en las tasas de retención. En el terreno de la salud el aumento de la cobertura y de los servicios de agua potable y saneamiento -en particular en las áreas más pobres y en las zonas rurales- aparece como una urgente prioridad.


Y hay tres conclusiones que merecen especial atención. El estudio señala que los presupuestos públicos no son aún suficientemente transparentes como para evaluar cuánto avance representan en la tarea de eliminar desigualdades, así como la necesidad de elevar el financiamiento de los Estados con sistemas tributarios justos y con un incremento de la recaudación. Finalmente apunta la ausencia de un debate social -tanto sobre el financiamiento como sobre la utilización de los recursos públicos-, inspirado en una perspectiva de cumplimiento de derechos de la población. Retos claramente trazados que interpelan no solamente a los Estados, sino a toda la ciudadanía de la región.

Fuente: Diario Extra (Costa Rica)