Se cierra el círculo, el boom de consumo, basado en repartición de la renta petrolera y monetización del gasto público llega a su límite, toda vez que no se acompaña

de mejoras de productividad y generación de divisas suficientes como vía única de acceso a bienes en una economía que la han postrado y condenado a ser de puerto.

Más allá, la variable política y la ostentación del poder como objetivo per se, ante escenarios electorales recurrentes, amarran de manos al Gobierno para tomar decisiones de sinceración de variables económicas -precios-, sin dejar de ponderar el absoluto desconocimiento en materia económica de la mayoría de los funcionarios con responsabilidad en materia de política pública.

Quieran o no, dado el nivel que han dejado llegar las distorsiones y los controles en la economía venezolana, los responsables de la política económica, pública y regulatoria, por acción u omisión; serán los responsables de un shock negativo contra la demanda.

Ya se han venido manifestando signos de este ajuste a la baja o shock negativo a la demanda, expresamente revelado por Datanalisis durante esta semana. La firma consultora asegura que sus últimas encuestas evidencian que el consumidor venezolano busca mayor información y actúa más racionalmente en sus compras. Lo anterior implica que podría estar manifestándose un cambio de patrón de consumo, forzado por las circunstancia de desabastecimiento y alta inflación, que ha llevado a los consumidores a incurrir en mayores costos de búsqueda y a valorar más las cualidades objetivas de los productos como precio y calidad, ante la pérdida de poder de compra de la moneda sufrida a lo largo del año 2013. Así las cosas, los consumidores estarán realizando un ejercicio, valorando la prescindibilidad de los productos, donde aquellas marcas mejor posicionadas posiblemente estén mejor preparadas para enfrentar este shock de demanda y se produzca algún movimiento hacia las “marcas blancas”.

Por otra parte, debe señalarse que el problema de las distorsiones de precios y de escasez –caras de una misma moneda- no es exclusivamente motivado por el valor del dólar paralelo –este último es más una consecuencia que una causa-. Asimismo, la disponibilidad de divisas está condicionando la capacidad de compra externa de la nación, “independientemente” del tipo de cambio –lo anterior no significa que el tipo de cambio no determine el nivel de la demanda de divisas y que éstas tienen un altísimo costo de oportunidad en el país, sino que adicionalmente la escasez de bienes y servicios, contrario a la pueril teoría marxista del valor de uso, determina el valor de cambio en los mercados, formales e informales-. Lo anterior explica el fracaso del control de cambios y de precios como política antiinflacionaria. Pensar que el problema es nominal, es lo que ha encasillado al oficialismo a aplicar controles y decretos de fijación de precios; que terminan siendo “burlados” en los mercados informales.

Sin embargo, en la mente de los más radicales del oficialismo no parece haber posibilidad de entendimiento de la realidad económica nacional. Nuevamente en el portal de la SUNDECOP por medio de una publicación de una nota de prensa el 14-10-2013, se pretende acuñar mandamientos económicos, sin microfundamentos ni fundamentos económicos; como aquel que la inflación no se encuentra determinada, cuando menos parcialmente, por el exceso de liquidez y por el financiamiento inorgánico de la gestión pública. Más allá, la SUNDECOP asoma como axioma que es la inflación la que determina la liquidez. Tal aseveración Ad Hoc, pobremente soportada en una supuesta correlación entre desinversión e inflación, espuria, no determinística o causal necesariamente, sino casuística; pretende desconocer la responsabilidad del Estado ante el hecho de que la moneda es de curso legal (FIAT Money)–es decir emitida por algún ente público-. Adicionalmente, tal tesis incoherente desconoce toda la robusta y relativamente reciente teoría del dinero endógeno (ver Randall Wright y Nobuhiro Kiyotacki, 1989), que permite entender cómo se producen los ajustes de precios relativos entre todos los bienes, incluyendo el dinero. Así las cosas, la pretensión de la SUNDECOP de querer hacer ver que el Gobierno no es responsable de la inflación y la escasez, resulta inconsistente, si ponderamos especialmente, que la tesis oficialista alternativa de inflación por especulación no cuenta con asidero, toda vez que las empresas no poseen incentivos para realizar aumentos intertemporales de precios –salvo que la inflación sea de costos-.

De esta manera, la actual gestión de Gobierno condena al país a un círculo vicioso y recurrente, donde se corre la arruga y no se corrige las causas de fondo, fundamentalmente encarnadas en la captura y secuestro de la función pública, particularmente de la política económica, fiscal y monetaria.

Las alternativas asomadas por el Gobierno nacional son más de lo mismo o incluso peor, por caracterizarse por mayor discrecionalidad, restricciones, racionamiento y control. Las declaraciones del ministro Ramírez entre otros, de restringir CADIVI y potenciar el SICAD constituirían una devaluación y un descreme del mercado cambiario por parte del Gobierno. El aliciente sobre el nivel de precios en bolívares de los bienes y servicios asomado por Ramírez, vía subsidio directo a los oferentes, desconoce la realidad de la inflación en Venezuela producto de la escasez relativa y la presión por liquidez monetaria. Por el contrario, tal subsidio provendría de impuestos distorsionantes o de inyección inorgánica de bolívares; lo que presionaría más a los precios o constituiría una transferencia de rentas no necesariamente socialmente eficiente sino determinada burocráticamente -¿qué impacto puede tener pagarse y darse el vuelto? al final de cuentas lo que importará es, por un lado, el tipo de cambio implícito pagado, en el caso del mercado formal de bienes, especialmente los sometidos a control de precios, y por el otro lado, la escasez, sobre el mercado informal y su nivel de precios-. Las transferencias de este tipo podrían implicar la resolución de un problema de pérdida de peso muerto, ineficiencia asignativa o de acceso a los bienes y servicios; si se tratara de restricciones de oferta por poder de mercado –ver Jean Tirole: Theory of Industrial Organization, MIT Press, 1988-. Sin embargo, este no es el caso venezolano por lo que la propuesta lo que estará creando son nuevas vías de discrecionalidad y corrupción.

La nula maniobrabilidad se manifiesta en la creación del CESPPA: “matar al mensajero”. El Gobierno al no tutelar la productividad y la eficiencia económica como bienes sociales y al no evitar las fallas de Gobierno por medio de una robustez institucional suficiente y no intrusiva, aparte de correr la arruga con la devaluación o el ajuste cambiario; terminará decidiendo entre su recurrente dilema: a)Inflación, b) Escasez o c) Todas las anteriores.

Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Maestría en Economía y Derecho del Consumo. Postgraduate Program in Economics for Competition Law. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca.