En el Lago de Maracaibo el petróleo no llegó como una abstracción económica. Llegó con olor.

El crudo oscuro se mezclaba con el agua y cubría de una película aceitosa las orillas, los muelles y las herramientas de los hombres que comenzaron a trabajar alrededor de los primeros campos. Aquella sustancia viscosa, enterrada durante millones de años bajo la tierra venezolana, terminaría alterando la economía, la geografía, la política exterior y hasta la manera en que el país se imaginaba a sí mismo.

Cuando Juan Pablo Pérez Alfonzo publicó en 1976 Hundiéndonos en el excremento del diablo, Venezuela llevaba más de medio siglo viviendo de aquella riqueza. Pérez Alfonzo no era un espectador. Había sido ministro de Fomento durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt, había participado en la formulación de la política petrolera venezolana y, en 1960, había sido uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Su advertencia surgía desde dentro de la propia historia que había ayudado a construir.

El problema que planteaba no era la existencia del petróleo, sino la dependencia que podía generar una renta extraordinaria. Un país podía recibir enormes cantidades de dinero procedentes de un recurso agotable y, sin embargo, no construir una economía capaz de sostenerse cuando esa riqueza disminuyera. Para comprender por qué aquella advertencia conserva vigencia, hay que retroceder al momento en que Venezuela comenzó a convertirse en potencia petrolera y a establecer con Estados Unidos una de las relaciones energéticas más importantes del hemisferio occidental.

Las concesiones

Durante el gobierno de Juan Vicente Gómez se consolidó el régimen de concesiones que permitió la entrada de grandes compañías extranjeras en la explotación del subsuelo. La legislación petrolera fue creando las condiciones para que capitales internacionales asumieran la exploración, extracción y comercialización de un recurso cuya dimensión todavía estaba por descubrirse.

La presencia estadounidense creció con rapidez. Standard Oil, Creole Petroleum, Gulf, Mobil y Texaco participaron durante décadas en distintas fases de la industria, mientras Royal Dutch Shell adquiría una posición decisiva en el occidente venezolano. La explotación transformó regiones enteras, creó campamentos petroleros y convirtió ciudades y puertos en piezas de una nueva economía orientada hacia la exportación.

Washington comprendió pronto el valor estratégico de Venezuela. En 1948, un informe del Departamento de Estado describía a Estados Unidos como el mayor mercado petrolero del mundo y señalaba que sus necesidades eran casi el doble de las del resto del planeta. El documento destacaba además que Venezuela era el único país latinoamericano que producía considerablemente más petróleo del que consumía, por lo que constituía un gran exportador.

La relación, sin embargo, no consistía simplemente en que una nación vendiera petróleo y otra lo comprara. Se estaba formando una estructura de dependencia recíproca, aunque profundamente asimétrica. Venezuela necesitaba mercados, tecnología, capital y compañías capaces de explotar sus yacimientos; Estados Unidos necesitaba una fuente segura de crudo relativamente cercana a sus costas. Esa coincidencia de intereses sobreviviría a gobiernos democráticos, dictaduras, nacionalizaciones y enfrentamientos ideológicos.

El país que producía para el norte

La Segunda Guerra Mundial aceleró la importancia estratégica del petróleo venezolano. Para finales de 1949, la producción nacional se aproximaba a 1,5 millones de barriles diarios y entre 1950 y 1951 se acercó a 1,7 millones. Los documentos diplomáticos estadounidenses seguían con atención aquella expansión porque cualquier alteración del mercado internacional podía repercutir directamente sobre la economía venezolana y sobre los intereses estadounidenses.

La preocupación de Washington tenía una segunda dimensión. Venezuela podía producir cada vez más, pero el mercado estadounidense no era infinito. El crecimiento de la producción del Medio Oriente y de Canadá, junto con las presiones internas en Estados Unidos para limitar las importaciones, obligaba a considerar qué lugar ocuparía el crudo venezolano en el mercado norteamericano.

La magnitud del intercambio ayuda a entender la profundidad de aquella relación. En 1949, las exportaciones estadounidenses hacia Venezuela superaron los 500 millones de dólares, lo que convirtió al país en el mayor mercado latinoamericano para Estados Unidos y en uno de sus principales clientes mundiales. El acuerdo comercial vigente desde 1939 había reducido, además, determinados impuestos estadounidenses sobre el petróleo venezolano.

El dinero, por tanto, viajaba en ambas direcciones. Venezuela enviaba crudo y recibía maquinaria, vehículos, alimentos, tecnología, servicios y productos manufacturados. El petróleo comenzó a convertirse no solo en la principal mercancía venezolana, sino también en el eje de una relación comercial y diplomática que condicionaría buena parte de la política exterior de Caracas.

Pérez Alfonzo entra en escena

La caída del gobierno de Isaías Medina Angarita en 1945 abrió una nueva etapa política y también una discusión decisiva sobre el petróleo. Venezuela comenzó a preguntarse cuánto debía recibir el Estado por la explotación del recurso y qué grado de control debía conservar sobre una industria dominada por compañías extranjeras.

Juan Pablo Pérez Alfonzo fue uno de los principales arquitectos de aquella transformación. Su pensamiento petrolero defendía una mayor participación fiscal del Estado y buscaba evitar que Venezuela quedara reducida al papel de exportador de materia prima.

La discusión venezolana tenía inevitablemente una dimensión internacional. Washington seguía con atención el crecimiento del nacionalismo petrolero y la posibilidad de que nuevas políticas fiscales y regulatorias afectaran las operaciones de las compañías estadounidenses.

Pero sería un error convertir aquella etapa en una simple confrontación entre Venezuela y Estados Unidos. La relación era más compleja. Caracas quería aumentar su participación en la renta; Washington quería preservar el acceso al petróleo y la estabilidad de las inversiones; y las compañías buscaban mantener sus operaciones en uno de los territorios petroleros más prometedores del mundo.

El petróleo comenzaba a funcionar como una herramienta de soberanía, pero también como instrumento diplomático.

La dictadura y el barril

Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez las relaciones con Estados Unidos permanecieron estrechas. Las compañías extranjeras continuaron operando y la producción siguió creciendo hasta convertir a Venezuela en una potencia energética de escala mundial.

Las estadísticas históricas de la OPEP muestran la dimensión de aquella expansión. Venezuela produjo en promedio 2,846 millones de barriles diarios en 1960; alcanzó 3,60 millones en 1968 y aproximadamente 3,708 millones en 1970.

En unas pocas décadas, la economía venezolana había sufrido una transformación extraordinaria. El país que durante buena parte del siglo XIX había dependido del café y el cacao se había convertido en uno de los grandes productores de petróleo del planeta.

Pero esa transformación llevaba consigo una contradicción que Pérez Alfonzo comenzaría a examinar con mayor severidad: la renta podía financiar el desarrollo, pero también podía desplazar la atención de las actividades productivas que no dependían del petróleo.

Caracas desafía a las compañías

El año 1960 marcó otro giro. En Bagdad, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita fundaron la OPEP. Pérez Alfonzo fue uno de los protagonistas venezolanos de la iniciativa y trabajó junto con el ministro saudita Abdullah al-Tariki para crear un mecanismo de coordinación entre países productores.

El propósito era modificar la relación de fuerzas existente entre los Estados propietarios del recurso y las grandes compañías petroleras internacionales. Durante décadas, las llamadas grandes compañías habían tenido una capacidad extraordinaria para determinar precios, inversiones, mercados y volúmenes de producción. La OPEP introducía una nueva variable: los países productores podían coordinarse y negociar colectivamente.

Venezuela dejaba de ser solamente una fuente de crudo. Aspiraba a tener voz en las condiciones bajo las cuales ese crudo llegaba al mercado mundial.

La creación de la OPEP fue, por tanto, mucho más que un episodio de política energética. Fue una demostración de que la diplomacia venezolana podía proyectarse internacionalmente a través del petróleo.

La riqueza se multiplica

Los números ayudan a comprender por qué Pérez Alfonzo empezó a mirar con preocupación el rumbo de la economía.

En 1960 Venezuela producía 2,846 millones de barriles diarios. En 1970 había llegado a 3,708 millones. Después comenzó un descenso: 3,549 millones en 1971, 3,220 millones en 1972, 3,366 millones en 1973, 2,976 millones en 1974 y 2,346 millones en 1975.

La caída de la producción coincidió con una transformación del mercado internacional. Después de la crisis energética de 1973, el precio del petróleo adquirió una importancia extraordinaria. Los países productores comenzaron a recibir ingresos que modificaron sus cuentas fiscales y su posición internacional.

Venezuela fue uno de los grandes beneficiarios de aquel cambio.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez recibió una avalancha de petrodólares. Un documento del Departamento de Estado estimaba que los ingresos petroleros del gobierno venezolano alcanzarían unos 9.000 millones de dólares en 1974 y señalaba que las reservas internacionales habían aumentado desde menos de 2.000 millones hasta casi 5.000 millones de dólares en apenas seis meses.

La Venezuela de entonces empezó a hablar de la “Gran Venezuela”. Había dinero para grandes proyectos, infraestructura, empresas públicas, importaciones y expansión del gasto estatal.

Pérez Alfonzo veía detrás de aquella prosperidad una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurriría cuando la abundancia dejara de crecer?

Nacionalizar no significaba romper

La nacionalización petrolera de 1975 fue el resultado de un proceso que llevaba décadas madurando. Venezuela había incrementado progresivamente la participación estatal en la renta y había establecido políticas destinadas a preparar la reversión de las concesiones.

El 29 de agosto de 1975, Carlos Andrés Pérez firmó la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos. La nueva legislación puso fin al régimen concesionario y estableció que el Estado asumiría directamente la actividad petrolera a partir del 1 de enero de 1976. El proceso condujo a la creación de Petróleos de Venezuela, PDVSA.

La escena podía interpretarse como el triunfo definitivo del nacionalismo petrolero.

Pero no significó una ruptura con Estados Unidos.

En octubre de 1975, el secretario de Estado Henry Kissinger instruyó a la embajada estadounidense en Caracas para comunicar al gobierno de Pérez la expectativa de Washington respecto de una solución satisfactoria para la compensación a las compañías nacionalizadas. El mismo documento reconocía el interés estadounidense en que las empresas de su país conservaran oportunidades de participación en el sector y, sobre todo, que el petróleo venezolano continuara llegando al mercado estadounidense.

Ahí aparece una de las claves menos comprendidas de la historia petrolera venezolana: nacionalizar la industria no significó abandonar el mercado norteamericano.

Venezuela pasó a controlar formalmente su principal recurso, pero continuó necesitando compradores y mantuvo una relación energética estrecha con Estados Unidos.

El libro de la advertencia

Fue en ese contexto, en 1976, cuando Pérez Alfonzo publicó Hundiéndonos en el excremento del diablo.

La elección del título tenía una carga política y económica. Venezuela acababa de nacionalizar su industria, disponía de enormes ingresos y parecía tener ante sí un horizonte de prosperidad prácticamente ilimitado. PDVSA nacía como una empresa estatal destinada a administrar una de las principales reservas petroleras del planeta.

Pérez Alfonzo, sin embargo, no confundía propiedad con desarrollo.

Su preocupación se dirigía hacia el despilfarro, el crecimiento acelerado del gasto público, la dependencia de las importaciones, la expansión de una economía sustentada por la renta y la posibilidad de que el dinero petrolero debilitara los incentivos para desarrollar otros sectores.

La paradoja era profunda. El mismo hombre que había contribuido a fortalecer la posición de los países productores y a crear la OPEP advertía que el control estatal del petróleo no garantizaba un uso inteligente de sus beneficios.

La nacionalización respondía a una pregunta: ¿quién controla el recurso?

Pérez Alfonzo planteaba otra: ¿qué hará el país con la riqueza que ese recurso genera?

Washington, Caracas y el nuevo equilibrio

Después de 1976 comenzó una nueva etapa de la relación bilateral. Las compañías concesionarias habían desaparecido como operadores dominantes, pero el mercado estadounidense seguía siendo fundamental para Venezuela.

La infraestructura comercial tampoco podía modificarse de un día para otro. Las refinerías estadounidenses estaban configuradas para procesar determinados tipos de crudo venezolano, mientras PDVSA necesitaba mercados estables para colocar su producción.

Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos muestran la magnitud de esa interdependencia. Durante la década de 1970, las importaciones estadounidenses de crudo y productos petroleros venezolanos llegaron a superar el millón de barriles diarios en determinados meses.

En las décadas de 1980 y 1990, Venezuela volvió a incrementar su producción y profundizó su integración con el mercado estadounidense. Las importaciones estadounidenses de crudo venezolano superaron el millón de barriles diarios durante varios años de la década de 1990 y alcanzaron aproximadamente 1,39 millones de barriles diarios en 1997.

El petróleo seguía siendo la columna vertebral de la relación bilateral, incluso cuando Caracas y Washington discutían sobre política exterior, comercio, derechos humanos o asuntos regionales.

La advertencia de Pérez Alfonzo adquiría entonces otra dimensión: la dependencia no desaparecía porque el Estado hubiera nacionalizado la industria. Podía cambiar de forma.

Chávez cambia el tablero

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, heredó una industria petrolera de escala mundial. En 1998, último año completo antes de su llegada a la Presidencia, Venezuela producía alrededor de 3,2 millones de barriles diarios de crudo. Entre enero y noviembre de ese año, el promedio registrado por las autoridades económicas venezolanas fue de 3,28 millones de barriles diarios, mientras las exportaciones de crudo rondaban los 2,26 millones de barriles diarios.

El petróleo representaba cerca del 77 % de las exportaciones venezolanas y generó aproximadamente 12.230 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras durante 1998. El precio medio obtenido por esas ventas fue de unos 10,60 dólares por barril, en uno de los momentos más deprimidos del mercado internacional.

La cifra importa porque permite separar dos fenómenos que con frecuencia se confunden. Venezuela podía producir más de tres millones de barriles diarios aun cuando el precio del petróleo fuera bajo. Su problema no era entonces la capacidad productiva.

Chávez recibió una PDVSA integrada, con experiencia internacional, infraestructura, capacidad técnica y una relación histórica con el mercado estadounidense. También recibió un país cuya economía dependía de manera extraordinaria de la renta petrolera.

Durante los primeros años de su gobierno, el precio internacional comenzó a recuperarse y la política petrolera venezolana experimentó una transformación profunda. PDVSA dejó progresivamente de ser concebida únicamente como una empresa comercial y pasó a desempeñar un papel central en el proyecto político del chavismo.

El conflicto alcanzó su punto crítico durante el paro petrolero de 2002-2003. La paralización de una parte sustancial de la industria tuvo consecuencias enormes y terminó con el despido de miles de trabajadores. A partir de entonces, la estructura y la función de PDVSA cambiaron profundamente.

El petróleo pasó a convertirse también en un instrumento de política exterior. Venezuela fortaleció sus vínculos con Cuba, China, Rusia y otros países, mientras utilizaba parte de los ingresos petroleros para financiar programas sociales y alianzas internacionales.

La relación con Washington entró en una etapa de creciente confrontación política.

Sin embargo, incluso en los años de mayor hostilidad, el petróleo mantuvo una extraña capacidad para unir a los dos gobiernos. Estados Unidos siguió siendo durante años un comprador fundamental del crudo venezolano.

Era una contradicción difícil de ocultar: Caracas denunciaba la política de Washington mientras continuaba dependiendo de un mercado construido durante décadas.

La cifra que explica el derrumbe

La comparación entre la Venezuela que recibió Chávez y la que llega a 2026 permite medir el deterioro con una claridad que ningún discurso político consigue.

En 1998, Venezuela producía alrededor de 3,28 millones de barriles diarios. En 2026, la producción se encuentra alrededor de 1,1 a 1,2 millones de barriles diarios; Reuters la sitúa aproximadamente en 1,25 millones. Eso significa una reducción cercana a dos tercios respecto del nivel de finales de los años noventa.

La diferencia es todavía más gráfica expresada de otro modo: por cada diez barriles que Venezuela producía en 1998, hoy produce aproximadamente cuatro.

Pero la comparación monetaria requiere cuidado. En 1998 el petróleo venezolano se vendía a un precio medio de unos 10,60 dólares por barril y las exportaciones petroleras generaron aproximadamente 12.230 millones de dólares. En 2024, la OPEP registró unos 21.117 millones de dólares en exportaciones petroleras venezolanas. El segundo monto es nominalmente superior, pero corresponde a un mercado con precios mucho más elevados y a una industria que produce bastante menos.

La caída productiva no puede atribuirse seriamente a una sola causa. La politización de PDVSA, la pérdida de personal especializado, la falta de inversión y mantenimiento, la crisis económica, el deterioro de las instalaciones y, posteriormente, las sanciones estadounidenses forman parte de una cadena histórica compleja. La Administración de Información Energética de Estados Unidos identifica entre los factores del declive la mala gestión, las sanciones, la crisis económica, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura.

Pero establecer que existieron múltiples factores no significa borrar responsabilidades. La politización de la industria y las decisiones adoptadas durante el proceso revolucionario precedieron a las sanciones petroleras de Estados Unidos, que comenzaron a afectar directamente las operaciones de PDVSA en 2019. La secuencia temporal importa.

Venezuela llegó al siglo XXI con una industria que producía más de tres millones de barriles diarios y arriba a septiembre de 2026 con una producción cercana a 1,2 millones.

Es uno de los datos más contundentes de toda esta historia.

De potencia petrolera a industria deteriorada

El contraste resulta especialmente paradójico porque la caída productiva no vino acompañada de una desaparición de las reservas.

Venezuela conserva las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco. El problema dejó de ser cuánto petróleo existe debajo del suelo. El problema es cuánto puede extraerse de manera rentable y sostenida, cuánto capital requiere la infraestructura, qué tecnología se necesita para procesar los crudos pesados y extrapesados y qué condiciones jurídicas hacen posible atraer inversiones de largo plazo.

Una reserva no equivale automáticamente a producción.

Tampoco equivale a ingresos.

Para convertir el petróleo enterrado en riqueza efectiva se necesitan pozos, oleoductos, mejoradores, refinerías, electricidad, personal especializado, financiamiento, mercados y seguridad jurídica.

Ese es el punto en el que la historia venezolana vuelve a encontrarse con Estados Unidos.

2026, el regreso de Estados Unidos

En agosto de 2026, Washington y las autoridades interinas venezolanas anunciaron un nuevo acuerdo petrolero de dimensiones extraordinarias.

El presidente Donald Trump presentó el 28 de agosto un proyecto que, según la Casa Blanca, permitiría al sector privado estadounidense acceder a 17 campos petroleros venezolanos con reservas estimadas en más de 65.000 millones de barriles. La propuesta contempla la creación de una estructura empresarial en asociación con North American Blue Energy Partners, mientras el gobierno estadounidense tendría una participación del 35 % en la empresa matriz y acceso preferencial al 20 % de la producción a costo de producción, según los detalles difundidos por Washington.

La Casa Blanca estima que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares de inversión y generar unos 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos venezolanos durante los primeros 25 años. Delcy Rodríguez, por su parte, ha hablado de un acuerdo energético de 25 años y de ingresos para Venezuela de aproximadamente 209.000 millones de dólares, calculados sobre un precio de referencia de 65 dólares por barril.

Aquí existe una distinción que resulta indispensable para comprender el acuerdo: los 25 años corresponden al horizonte económico anunciado por la parte venezolana, mientras que los derechos de desarrollo de determinados campos dentro de la estructura empresarial estadounidense se han descrito públicamente con una duración de hasta 100 años. No son necesariamente la misma figura contractual.

El 2 de septiembre, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, llegó a Caracas mientras varias empresas internacionales anunciaban nuevos acuerdos. Chevron informó inversiones superiores a 7.000 millones de dólares y un objetivo de elevar su producción hasta 600.000 barriles diarios. Eni anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en Junín 5 y un objetivo de alcanzar 400.000 barriles diarios en sus proyectos hacia el final de la década. También se anunciaron acuerdos relacionados con GE Vernova y la recuperación del sistema eléctrico.

La meta estadounidense es ambiciosa: más que duplicar la producción venezolana durante los próximos años. El problema es que una industria deteriorada durante más de una década no puede reconstruirse únicamente firmando contratos. Hace falta recuperar instalaciones, perforar, reparar oleoductos, mejorar la generación eléctrica, aumentar la capacidad de procesamiento y movilizar capital durante varios años. Reuters ha advertido precisamente que la recuperación productiva será gradual.

Un acuerdo bajo escrutinio

La controversia no se limita al monto de las inversiones.

Expertos jurídicos y especialistas petroleros han cuestionado la transparencia del acuerdo y han pedido conocer el contrato completo, su estructura societaria, los mecanismos de control y las obligaciones que asumiría Venezuela. Reuters informó el 31 de agosto que abogados y expertos expresaron dudas sobre la legalidad y ejecución del pacto y reclamaron mayor transparencia.

También existe una controversia política de fondo.

Delcy Rodríguez ejerce actualmente como presidenta interina de Venezuela, pero su autoridad no proviene de una elección presidencial popular. Esa circunstancia convierte en particularmente sensible cualquier contrato que comprometa durante décadas la explotación de recursos naturales estratégicos.

La cuestión no puede resolverse únicamente con la afirmación de que el acuerdo traerá inversión. Tampoco puede resolverse calificándolo automáticamente de ilegítimo sin examinar su base jurídica, su aprobación, su contenido y las facultades concretas de quienes lo suscribieron.

La pregunta democrática es más precisa: ¿qué autoridad tiene un gobierno interino para comprometer durante décadas activos estratégicos que pertenecen al Estado venezolano y que podrían condicionar a gobiernos futuros?

La pregunta económica es igualmente importante: ¿cuánto de la renta petrolera quedará realmente en Venezuela?

Y aparecen otras: ¿quién controlará las empresas?, ¿qué papel tendrá PDVSA?, ¿cómo se auditarán los ingresos?, ¿qué garantías tendrán los inversionistas?, ¿qué ocurrirá si cambia el gobierno?, ¿qué jurisdicción resolverá las controversias?, ¿cuáles serán las obligaciones fiscales?, ¿cómo se determinarán los costos recuperables y qué proporción de la producción quedará disponible para el Estado?

No son preguntas secundarias. Son precisamente las preguntas que deberían acompañar cualquier gran contrato petrolero.

La relación que nunca terminó

La historia demuestra que la relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos ha sido mucho más compleja que una sucesión de enfrentamientos.

Juan Vicente Gómez abrió las puertas a las grandes concesiones. Washington convirtió a Venezuela en un proveedor estratégico. Las compañías estadounidenses construyeron una parte sustancial de la infraestructura petrolera. Los gobiernos democráticos posteriores aumentaron la participación del Estado. Pérez Alfonzo impulsó una nueva concepción de la política petrolera. Venezuela ayudó a crear la OPEP. Marcos Pérez Jiménez mantuvo estrechos vínculos con Washington. Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria sin romper el mercado estadounidense. PDVSA se convirtió en una de las mayores empresas petroleras del mundo. Chávez transformó el petróleo en instrumento de política exterior y convirtió la relación con Estados Unidos en una confrontación política. La producción comenzó después a hundirse.

Y ahora Washington vuelve a Caracas.

No vuelve como llegaron las primeras compañías hace un siglo, porque Venezuela ya no es aquella nación sin una industria estatal integrada. Tampoco regresa a la situación de 1975, porque el contexto energético, jurídico y geopolítico es completamente distinto.

Regresa a un país que conserva una riqueza gigantesca en el subsuelo, pero que necesita capital extranjero para recuperar buena parte de la capacidad productiva que alguna vez tuvo.

El petróleo que queda

En 1998 Venezuela producía aproximadamente 3,28 millones de barriles diarios y exportaba unos 2,26 millones. El precio promedio era apenas de 10,60 dólares por barril. La industria, sin embargo, tenía capacidad para producir más de tres millones de barriles diarios.

En 2026, la producción ronda 1,1–1,25 millones de barriles diarios, mientras Washington y Caracas anuncian inversiones que podrían alcanzar 100.000 millones de dólares y proyectos destinados a llevar nuevamente la producción por encima de dos millones de barriles diarios.

La distancia entre ambas cifras es la historia misma.

No basta con tener petróleo.

Venezuela tuvo petróleo cuando las compañías extranjeras dominaban la industria. Lo tuvo cuando el Estado aumentó su participación. Lo tuvo cuando nació la OPEP. Lo tuvo cuando nacionalizó la industria. Lo tuvo durante la bonanza de los años setenta. Lo tuvo durante el gobierno de Chávez. Lo siguió teniendo cuando PDVSA comenzó a perder capacidad operativa. Lo tiene ahora, cuando Estados Unidos vuelve a interesarse de manera directa por sus yacimientos.

La constante nunca fue la escasez del recurso.

La constante fue la dificultad para transformar esa riqueza en un desarrollo económico sostenible.

Ese es, precisamente, el punto en que la vieja advertencia de Pérez Alfonzo vuelve a tocar el presente.

La advertencia permanece

Pérez Alfonzo murió en 1979. No vio la llegada de Hugo Chávez, no conoció la expansión de las relaciones petroleras de Venezuela con China ni las sanciones estadounidenses contra PDVSA. Tampoco pudo imaginar que, medio siglo después de la nacionalización, Venezuela volvería a necesitar una gigantesca inyección de capital extranjero para recuperar su industria.

Pero sí dejó planteado el problema esencial.

El petróleo puede financiar carreteras, hospitales, universidades, industrias, empresas públicas e infraestructura. Puede convertir a un país pobre en una potencia energética. Puede otorgarle influencia internacional y capacidad diplomática. Puede financiar durante años un nivel de gasto que una economía no petrolera difícilmente podría sostener.

Pero también puede crear una ilusión peligrosa: la de creer que la renta sustituye al trabajo productivo, que las reservas equivalen a riqueza disponible y que el dinero del subsuelo garantiza por sí mismo el futuro.

La historia venezolana demuestra que ninguna de esas tres cosas es cierta.

La relación con Estados Unidos tampoco puede entenderse únicamente como una historia de dominación o de dependencia. Fue, durante décadas, una relación de intereses compartidos y asimétricos: Venezuela necesitaba el mercado estadounidense y Estados Unidos necesitaba el petróleo venezolano. Esa relación sobrevivió a dictaduras, democracias, nacionalizaciones, guerras, crisis energéticas y enfrentamientos ideológicos.

Ahora reaparece bajo otra forma.

Estados Unidos necesita nuevas fuentes de suministro y Venezuela necesita reconstruir una industria devastada. Washington busca acceso y seguridad energética; Caracas necesita inversión, tecnología, infraestructura y mercados. Entre ambos se encuentra una riqueza enterrada que puede volver a convertir al país en una potencia productora, pero también puede repetir los viejos errores si la renta vuelve a convertirse en sustituto de una economía diversificada.

En 1976, mientras Venezuela celebraba su nacionalización petrolera, Pérez Alfonzo advertía sobre el peligro de hundirse en una riqueza que el país no supiera administrar.

Cincuenta años después, el petróleo continúa allí, bajo el suelo venezolano, esperando ser extraído.

La verdadera incógnita ya no es cuánto petróleo queda.

Es si Venezuela aprenderá, finalmente, que tener la mayor reserva petrolera del mundo no significa poseer automáticamente la mayor riqueza, y que la soberanía sobre el subsuelo solo adquiere sentido cuando la renta que produce puede convertirse en instituciones, productividad y bienestar que sobrevivan al último barril.