La arriesgada apuesta de Donald Trump que precedió la extracción de Nicolás Maduro se centra en que, con suficiente presión económica y amenaza militar,

el régimen presidido ahora por Delcy Rodríguez, le abrirá paso a una transición política que permitirá, en el mediano plazo, una apertura política en la que progresivamente se irán liberando a los presos políticos y creando las condiciones para que el país se reinstitucionalice: libertad de prensa, respeto a los derechos humanos, equilibrio de poderes y, al final, elecciones libres con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la participación de todos los candidatos que cumplan con las condiciones legales, entre ellos María Corina Machado. Edmundo Gonzáles Urrutia, el ganador de forma abrumadora de los comicios del 28 de julio de 2024, no forma parte de ese plan. Al menos no ha sido mencionado por ninguno de los funcionarios encargados de tutelar las relaciones con el nuevo gobierno venezolano.

El plan de ‘aterrizaje suave’ a la democracia parece haber tomado como referencia histórica lo ocurrido en República Dominicana, cuando un comando ajustició al dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961. Quien lo sucedió fue Joaquín Balaguer, para ese momento Presidente de Dominicana. En realidad, un cargo formal, pues Trujillo era el verdadero poder detrás del trono. Manejaba la isla a su antojo. La transición liderada por Balaguer pasó por momentos de represión muy cruenta, dirigida directamente por Ramfis Trujillo, el hijo mayor del autócrata. Pasada esa etapa turbia y cruel, el país entró en una fase de estabilidad que se ha mantenido hasta ahora. Existen otras experiencias similares que a lo mejor fueron consideradas por Trump y sus consejeros, para permitir que Delcy Rodríguez quedará al frente del Gobierno una vez decapitado Maduro.

También hay que apuntar que el Gobierno norteamericano no ha querido involucrarse de una forma más directa en la conformación de un nuevo gobierno en Venezuela, cuyos protagonistas sean Edmundo González y María Corina Machado, para evitar asumir el costo que habría significado tener que combatir directamente a un Ejército ideologizado, a los colectivos y a otros grupos paramilitares organizados durante más de un cuarto de siglo por el régimen instalado en 1999. Los soldados norteamericanos, en vista de la cohesión, al menos aparente, de la Fuerza Armada venezolana, habría tenido que asumir las labores de contención, sofocamiento y aniquilación de esas fracciones y de tropas nacionales. En el horizonte, los norteamericanos parecen haber visto un escenario parecido, aunque en escala reducida, al de Afganistán y Siria.

Tampoco quisieron repetir la experiencia de Panamá, donde a pesar de haber capturado a Manuel Antonio Noriega y destruido la red de traficantes de drogas que este había montado, fallecieron al menos 23 soldados norteamericanos. Cada combatiente muerto, aunque fuesen pocos, que llegara al territorio estadounidense, habría tenido un alto costo político y comunicacional para Trump, quien durante su campaña electoral prometió que Estados Unidos no volvería a involucrarse en ninguna guerra en el mundo, tal como había sucedido en su primera administración.

La labor de apaciguamiento y reducción progresiva de los colectivos y demás fracciones militares y paramilitares violentas del régimen, están dejándosela a Delcy Rodríguez. Ellos crearon ese monstruo. A ellos les corresponde extinguirlo. Que asuman el costo político que implica aniquilar ese engendro.

Aquí comienzan algunos de los problemas centrales del plan de Trump. Para que el desmantelamiento de los grupos paramilitares se ejecute, resulta fundamental que Diosdado Cabello deje de tener la preeminencia que aún mantiene. Sigue siendo el ministro de Relaciones Interiores, el cargo político más relevante dentro de Ejecutivo. Bajo sus órdenes directas se encuentran varios de los cuerpos más letales del régimen. Su imagen pública se ha construido sobre la base del sectarismo, la rigidez y la intransigencia con sus adversarios. Desprecia y se opone a toda manifestación de apertura o tolerancia. Constituye el signo más oprobioso del madurismo. Reprime cualquier manifestación de protesta.  Mientras él se encuentre en el Gabinete será imposible pensar en la transición, tal como lo dijo con claridad Andrés Velázquez. Pareciera que una de sus intenciones apunta a obstaculizar cualquier movimiento de Delcy Rodríguez que haga posible iniciar la ruta de la transición. Sabe que, dentro de un nuevo esquema institucional sustentado en los principios democráticos de la legitimidad y la representación, no tiene ninguna posibilidad de seguir actuando en el escenario político nacional. Un objetivo táctico inmediato de la oposición debería consistir en exigir su salida inmediata del Gobierno y presionar por ese logro.

No sabemos si Donald Trump, Marco Rubio y los otros altos funcionarios encargados de propiciar los cambios en Venezuela están conscientes del papel de ese personaje. Deberían estar al tanto que el aislamiento económico y la ‘cuarentena’ energética, como llaman al bloqueo petrolero, no serán suficientes para doblegarlo. Ha demostrado numerosas veces su insensibilidad frente al sufrimiento de los venezolanos.

Es cierto que la transición involucra numerosos movimientos. No es un proceso lineal, No será sencillo impulsarlo de forma ordenada y pacífica, ni se logrará por inercia. Sin embargo, hay que remover cuanto antes los obstáculos que impedirán conseguirla.