Sobran razones para aducir que hubo demasiada ingratitud en el comportamiento de quienes asumieron la condición de contraparte en este proceso litigioso

que ellos trabaron por ante la Corte Internacional de Justicia. Nos demandaron, sin miramientos.

Nunca quisieron, y sabotearon el trabajo de los Buenos Oficiantes; quienes procuraban alguna alternativa de solución de mutuo acuerdo, a través de la negociación directa, la mediación o la conciliación

La ligazón oportunista y juego de intereses dinerarios con las empresas transnacionales obnubiló la perspectiva histórica a la dirigencia guyanesa; y les provocó “amnesia selectiva” que les impidió (antes de cometer la acción jurídica, arriba mencionada) asumir a conciencia que fuimos nosotros los primeros en reconocerlos como nuevo Estado naciente en la comunidad internacional; exactamente, el mismo día que alcanzaron su independencia del Reino Unido, el 26 de mayo de 1966.  Muy poco les importó.

Desmemoria inoculada, a petición y complacencia de las aprovechadoras compañías de turno, esquilmadoras de nuestros recursos.

Las mismas transnacionales que bajo la égida estadounidense, ahora analizan las posibles estrategias de operar en ambos países. Un juego político-empresarial que dependerá de la posición que asuma la excolonia británica, esta misma semana, cuando le corresponda asistir a presentar la dúplica a nuestros alegatos.

Sin dejar de pertenecer al ámbito jurisdiccional este caso se torna interesante; por cuanto hay un orden y directrices simultáneas desde EE. UU para explotación y comercialización del rubro petrolero para ambas naciones conflictuadas.

Agreguemos, también, que cuando el militarote Forbes Burnham, decidió hacerse dictador e inició de inmediato una implacable persecución contra la población civil que se oponía a sus desmanes, fuimos nosotros en Venezuela que albergamos, protegimos y prohijamos a quienes se vieron obligados – por los terribles actos inhumanos cometidos-a abandonar la llamada para entonces “zona en reclamación”.

En ningún momento, ni bajo las circunstancias que se habrían dado, nuestro país merecía la demanda unilateral accionada contra Venezuela por la República Cooperativa de Guyana.

En los peores y más aciagos eventos económicos por los que atravesó la nación vecina (que nos confronta) nosotros dispusimos de la ayuda suficiente y a tiempo para socorrerlos, para que solventaran la crisis que los golpeaba duro y recurrentemente.

Recibieron de nosotros un trato preferencial en el proceso de compra-venta de petróleo y bastantes otros rubros, con lo cual aliviaban su calamidad, de entonces.

Venezuela les permitió ingresar a la Organización de Estados Americanos; a pesar de que la carta de OEA los limitaba; porque había un diferendo por extensión territorial que aún no se había definido.

Al crearse Petrocaribe (por expresa iniciativa de nuestro país), las demás naciones integrantes aguardaron por la opinión de Venezuela para ver si permitía el ingreso o no de Guyana en esta corporación.

Venezuela jamás objetó su incorporación; y les ofreció recursos energéticos con amplias y cómodas posibilidades de cancelación.

De allí surge  la inmensa interrogante que se abre: ¿ Cómo se manejará diplomática o  políticamente  esta controversia, luego del evento judicial de alegaciones de esta semana?

Hemos sido respetuosos (hasta lo indecible) del Acuerdo de Ginebra – que en ninguna parte le reconoce soberanía a Guyana en el espacio controvertido; pero que, sin embargo, observamos con paciencia la instalación de compañías ilegalmente autorizadas por los gobiernos guyaneses.

En síntesis, con tantas desdichas insoportables y padecimientos encima habíamos sido para ellos un elogiable destino.

Frente a la acción de Guyana interpuesta contra nosotros, el 29 de marzo del 2018, una vez que el secretario general de la ONU remitió el asunto controversial al Alto Tribunal de La Haya, ¿qué nos quedaba hacer?

Defendernos con las disímiles estrategias que nos han sido factibles y lícitas desarrollar hasta lograr la restitución de lo que nos desgajaron.

Sabemos de las licencias, concesiones y autorizaciones que ha recibido un enjambre de (59) empresas transnacionales, procedentes de diferentes países. Ya veremos, cómo atender tal situación, una vez que la Corte sentencie, favorablemente a nosotros, en justo derecho.

Considero que el jefe del Estado, por intermedio de la Alta Comisión, debe comenzar a fijar las responsabilidades, en sentido restrictivo, para con las compañías norteamericanas, chinas, rusas, noruegas, brasileñas, mexicanas, entre muchas otras que se encuentran instaladas, operando en Venezuela y simultáneamente prestan allá también cuantiosos servicios extractivos de nuestros recursos en favor de los gobiernos guyaneses.

¿Medidas políticas-jurídicas, en lo sucesivo,  para encarar esta centeneraria situación litigiosa?

La Guayana Esequiba permanentemente ha constituido un apetecible territorio con incalculables riquezas mineras, hídricas, forestales, energéticas, edafológicas, petroleras etc.

Territorio muchísimo más grande que algunos países europeos, asiáticos y centroamericanos.

Con extraordinario potencial de desarrollo sostenible.

Este territorio nos lo arrebataron.

Fuimos despojados de esa séptima parte de nuestra geografía nacional con el denominado Laudo Arbitral de París de 1899; adefesio jurídico que desde entonces lo hemos calificado de írrito y de nulidad absoluta. Inexistente.

Digamos también, por otra parte, que hemos estado reclamando con ímpetu para nuestra Nación la devolución de la Guayana Esequiba.

Ha habido desde hace muchos años y gobiernos -lo reconocemos- algunos deslices e impropiedades.

De cualquier forma, la fuerza contencional ha sido indetenible e implacable.

Los reclamos que hemos intentado por vías diplomáticas, políticas y jurídicas no están sustentados en caprichos chauvinistas, reacciones intemperantes, desproporcionadas o injustas.

Este 4 de mayo quedará marcado como un extraordinario hito en el proceso de solicitar restitución de la extensión territorial que nos desgajaron  con alevosía en 1899.

Una elogiada delegación venezolana debe presentarse, en la fase oral de alegaciones, por ante   la Corte Internacional de Justicia y consignar un abundante legajo, contentivo de más pruebas irrebatibles de nuestra propiedad histórica-jurídica sobre la Guayana Esequiba.

Todo cuanto hemos venido entregando para examinación de los honorables magistrados de la Sala Juzgadora constituyen justos Títulos traslaticios que no admiten cuestionamiento en contrario.