De manera que si las realidades se dieran a la tarea de regular sus procesos políticos sujetos al ordenamiento jurídico que establecen las leyes, posiblemente la injusticia no sería un problema, como lo es ahora. Tampoco el irrespeto que se tiene hacia los preceptos que trazan el rumbo de la democracia de la igualdad, la solidaridad, la soberanía. Y tal como refiere la Constitución venezolana, se acataría la “(…) preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Del artículo 2 constitucional).

Pero contrariamente, es el contexto donde se activa el odio, el resentimiento y la chapucería que colma el devenir político. Sobre todo, el odio toda vez que suele advertirse en la actitud de gobernantes, fanáticos irreverentes e ignorantes funcionales que en buena proporción componen el grueso del funcionariado y de la comunidad de adláteres y aduladores que pululan alrededor de posiciones claves del poder político.

Cualquier ley que se promueva contra el odio (indistinto del nombre que le asignen) cuyo articulado busque promover una cultura de paz que permita al ciudadano vivir acogido a valores que exaltan la tolerancia, el respeto recíproco, la pluralidad política y la igualdad social en la población, no alcanza su objetivo. Aún así, hay quienes no entienden el ejercicio de estos valores. No sólo individuos de un cierto nivel cultural. Tampoco lo comprenden gobernantes, activistas políticos y operadores de partidos políticos.

Sin embargo, estos problemas persisten. Muchos se amparan en la impunidad. O en el respaldo que les consiente el poder político que gozan al ocupar cargos de dirección, coordinación o delegación de funciones político-gubernamentales.

En lo político

En lo político, el odio no ha dejado de servir como medio para alentar la polarización. Situación ésta en la que la opinión política se divide en dos extremos opuestos y radicales logrando que cada individuo se justifique ante la sociedad.

Además, el odio se presta para atentar contra quien difiera de alguna postura reivindicada por cualquier coyuntura favorecida por manifestaciones revestidas de poder político.

Ni siquiera cuando cualquier ley (contra el odio) sostenga que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente, será sancionado con prisión de varios años 

Los preceptos de cualquier ley contra el odio, son discriminatorios en lo político. La ecuanimidad está ausente en ellos. La formulación de su articulado, carecerá de principios que el Derecho Positivo recalca. Se aplicaría sólo a quienes alzan su voz de protesta contra la corrupción que encubra la gestión política permitida por el mismo gobierno y su componenda de poderes públicos. Seguramente, desconocerá derechos fundamentales.

Criterios sin fundamento ni razón

 ¿Para qué tanta circunspección en discursos políticos cuando, para encubrir al odio como criterio de poder, se realza la convivencia democrática? Cuando lo que alude es la necesidad de hacer que sus ciudadanos interactúen cívica, pacífica y armoniosamente a los fines de hacer que las realidades respiren la convivencia necesaria que favorezca la pluralidad política sobre la cual reposa la política.

Otra cara de la represión

Las realidades inundadas de inconveniencias, dejan al descubierto la incitación al odio ejercida como criterio político. Asimismo, por activistas del oficialismo amparados por el poder que las coyunturas políticas prodigan.

Al cierre

Todo esto, pareciera significar el punto de no-retorno en el cierre del espacio cívico y democrático que tanto se vocifera. Es parte de la brecha que se mantiene entre el discurso político y una detestable praxis política que afecta peligrosamente el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de los derechos humanos.

A pesar de las libertades que consagran derechos civiles, políticos y sociales, el odio sigue haciendo de las suyas. Cuando escasea la inteligencia, el odio busca suplirlas sin darse cuenta sólo incita nuevos problemas que terminan por desaparecer la inteligencia Pues no hay duda de que el odio tiene ascendencia política.