Los terremotos del pasado 24 de junio no solo destruyeron edificios. También revelaron una realidad que Venezuela lleva años arrastrando: el progresivo debilitamiento del Estado.

Frente a la fuerza de la naturaleza desaparecen las consignas, la propaganda y las explicaciones ideológicas. Solo permanece una pregunta decisiva: ¿está el Estado en condiciones de proteger eficazmente a sus ciudadanos?

No sorprende, entonces, que The Economist, en su edición del 25 de junio de 2026, titulara su análisis “Venezuela sufre el peor terremoto de un siglo”. En ese mismo artículo resumió la principal lección institucional con una frase elocuente: “La debilidad del Estado se hace dolorosamente visible”. Las catástrofes naturales revelan en pocos segundos aquello que los discursos oficiales pueden ocultar durante años: la calidad de las instituciones, la eficacia de los servicios públicos y la eficiencia del Estado frente a las emergencias.

Los terremotos no distinguen entre oficialistas y opositores, entre simpatizantes del gobierno y sus críticos. Todos experimentan el mismo temor y todos esperan que las instituciones funcionen. Por eso la propaganda, las consignas y los lugares comunes pierden toda utilidad. Lo que importa es que los hospitales permanezcan operativos, que existan equipos de rescate preparados, que las comunicaciones funcionen, que la población reciba información oportuna y confiable y que la libertad no se convierta en una víctima más de la tragedia.

Existe, sin embargo, una diferencia importante con la tragedia de Vargas de 1999. En aquella ocasión el gobierno rechazó buena parte de la ayuda internacional ofrecida por los Estados Unidos. Ahora, afortunadamente, decidió aceptarla, junto con la de otros países que han expresado su solidaridad con Venezuela. Ningún Estado moderno debería considerar la cooperación internacional como un signo de debilidad cuando la protección de la vida exige sumar experiencia y conocimientos.

Pero aceptar ayuda no basta. La verdadera fortaleza de un Estado reside en disponer de instituciones capaces de prevenir, coordinar y responder eficazmente antes de que la ayuda exterior resulte indispensable.

Durante años se privilegió la expansión de los aparatos de control político, la concentración del poder y el fortalecimiento de las estructuras militares y policiales, mientras se debilitaban los hospitales, las universidades, la infraestructura, la investigación científica y los organismos de protección civil. Los terremotos pusieron dolorosamente de manifiesto el resultado de esas prioridades. La fortaleza de un Estado no se mide por el poder que concentra para reprimir, sino por la protección que ofrece a sus ciudadanos. Un gobierno puede conservar el poder; solo un Estado puede proteger a la sociedad.

La experiencia de estos días deja otra enseñanza. La legitimidad de un Estado no depende únicamente de su capacidad para ejercer autoridad, sino, sobre todo, de su eficacia para proteger a la población cuando más lo necesita. Cuando las instituciones conservan su independencia y fortaleza, los conflictos políticos encuentran cauces institucionales. Si las instituciones venezolanas hubiesen mantenido esas condiciones, probablemente muchos de los episodios más críticos de nuestra historia reciente —entre ellos los acontecimientos del 28 de julio de 2024— habrían tenido un desenlace distinto.

Esa reflexión conduce inevitablemente a una evaluación del modelo político de las últimas décadas. Más allá de las diferencias ideológicas, los hechos invitan a una conclusión difícil de eludir: la revolución bolivariana no fue capaz de construir un Estado con instituciones independientes, servicios públicos eficientes y mecanismos eficaces para proteger a los ciudadanos. El terremoto no creó esa realidad; simplemente la hizo visible.

La historia venezolana demuestra, además, que existe otra manera de actuar. Tras el terremoto de Caracas de 1967, el presidente Raúl Leoni —con la autoridad que le daba su prestigio— encomendó la coordinación de las operaciones de rescate a un civil, el ingeniero Leopoldo Sucre Figarella, ministro de Obras Públicas, cargo que desempeñaba desde el gobierno de Rómulo Betancourt. La respuesta fue rápida y eficiente. Como recordó recientemente un editorial de El Nacional, aquella decisión expresó una concepción republicana del Estado: en las grandes emergencias, el interés general exige convocar a los mejores, estén o no en el gobierno.

Esa lección conserva hoy plena vigencia. Venezuela dispone todavía de un extraordinario capital humano. Las academias nacionales, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones humanitarias y numerosas asociaciones científicas reúnen a ingenieros, médicos, geólogos, arquitectos, urbanistas y especialistas en gestión de riesgos cuya única preocupación consiste en proteger a la población. Sobre ese capital humano debe apoyarse la cooperación internacional, para que el esfuerzo conjunto responda a criterios técnicos y al interés general.

Esa tarea exige también un clima de libertad. En una catástrofe, la información constituye uno de los principales instrumentos de protección civil. Una sociedad bien informada identifica mejor los riesgos, facilita las labores de rescate, combate la desinformación y permite que la ayuda llegue con mayor rapidez a quienes la necesitan.

De ahí que el gobierno deba levantar la censura que pesa sobre los medios de comunicación nacionales e internacionales y facilitar el trabajo de periodistas, organizaciones humanitarias y especialistas. En una emergencia, la censura deja de ser únicamente un problema de libertad de expresión. También se convierte en un problema de protección civil.

Sin embargo, la reconstrucción de Venezuela exige también un nuevo pacto republicano. No un acuerdo para distribuir cuotas de poder ni un entendimiento circunstancial entre dirigentes políticos. El país necesita un consenso sobre las funciones esenciales del Estado y sobre aquellas instituciones que ninguna mayoría política debería volver a debilitar.

Nuestra historia ofrece referencias valiosas. El Programa de Febrero de 1936 comprendió que la modernización del país exigía fortalecer la salud pública, la educación, la infraestructura y la administración civil. El Pacto de Punto Fijo de 1958 hizo posible la convivencia democrática mediante reglas compartidas para la alternancia en el poder. Hoy el desafío es distinto, pero igualmente trascendental: reconstruir un Estado profesional, capaz de proteger a todos los venezolanos, cualquiera que sea su posición política.

Ese nuevo pacto debería colocar en el centro la independencia de la justicia, la educación, la salud, la investigación científica, la protección civil, la libertad de información, la profesionalización de la administración pública, la recuperación de la infraestructura y la subordinación de la Fuerza Armada al poder civil.

Pero también debería asumir una convicción más profunda: el Estado existe para servir a la sociedad, no para someterla.