Convengamos en que el fenómeno no siempre fue llamado transición.

Cambios políticos hubo desde siempre en la historia de la humanidad y América Latina no escapó a esa tendencia, pero llegaron a multiplicarse las mudanzas aparentes, las reformas simuladas y las continuidades disfrazadas de novedad, haciendo indispensable estudiar con rigor la naturaleza, los procesos, los procedimientos y las condiciones que distinguen una verdadera transición de una simple sustitución de élites o de una prolongación del autoritarismo.

Un problema de semejante magnitud reclamó una reflexión igualmente seria, desarrollada principalmente por la academia. En la década de los ochenta del siglo pasado, Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead contribuyeron decisivamente a sistematizar un campo de estudios que luego se enriqueció con numerosos especialistas, mientras en Venezuela destacados politólogos e historiadores empleaban y renovaban esas herramientas de análisis, sobresaliendo, a nuestro juicio, John Magdaleno como el más visible de los expertos contemporáneos, especialmente cuando el tema apenas encontraba eco en la opinión pública.

Cultivados en otras disciplinas, inevitablemente nos aproximamos a esta materia con la cautela propia de todo aprendiz, aunque las responsabilidades políticas y parlamentarias obligaban a comprender mejor los desafíos del cambio institucional. Nadie está obligado a convertirse en especialista para participar en la vida pública, pero resulta injustificable que un aspirante a conducir el Estado ignore una valiosa tradición intelectual capaz de evitar errores de apreciación que, repetidos una y otra vez, terminan llevando ala catástrofe.

Hay un país nacional que observa con radical escepticismo el reciente anuncio y la realización, por vía telefónica y bajo coordinación estadounidense, de un diálogo entre el gobierno y la oposición, después de una larga y frustrante experiencia de negociaciones inconclusas. Son comprensibles las expectativas que el hecho despierta en el país político, pero también está la necesidad de debatir con seriedad las condiciones de una transición confiable y competente, consciente de que estos procesos rara vez son lineales y casi nunca transcurren sin accidentes ni retrocesos.

Adam Przeworski ha insistido en que la incertidumbre constituye un elemento inherente a toda transición democrática, y el caso venezolano difícilmente será una excepción por amplio que resulte el acompañamiento internacional. A ello se agregan riesgos muy específicos, como la persistente confusión entre Estado, gobierno y partido; la presencia de organizaciones armadas irregulares; las migraciones interna y externa masivas; la polarización social como un recurso desesperado; la prolongada crisis económica; los intereses antioccidentales foráneos y, desde luego, la necesidad de un liderazgo democrático consistente, creíble y creador.

No es aconsejable alimentar ilusiones simplistas sobre procesos que, por definición, son complejos y contradictorios. La transición no depende únicamente de la voluntad de sus actores ni de los buenos oficios de la comunidad internacional, sino también de la capacidad de construir instituciones legítimas, generar confianza recíproca y ofrecer garantías suficientes para que el cambio político resulte estable, fructífero y duradero.

Ojalá el proceso venezolano fuese expedito, transparente y eficaz, pero la experiencia comparada demuestra que cada transición encuentra su propio ritmo y afronta pruebas inesperadas. Gregorio Morán, severo crítico de la transición española desde una perspectiva de izquierda, observó provocadoramente que la rapidez suele favorecer a las fuerzas más conservadoras, mientras la lentitud puede abrir mayores oportunidades para las reformistas; sin necesidad de compartir enteramente esa apreciación, conviene recordar que la verdadera discusión no consiste en la velocidad del tránsito, sino en la calidad democrática del destino.