Ante el anunciado, pospuesto y ratificado diálogo entre el gobierno actual y la AN 2015 de mayoría opositora, es natural es escepticismo,

dados los repetidos fracasos precedentes y la escasa confianza derivada de que para la mayoría, hay actores demasiado conocidos y otros casi desconocidos.

Que el gobierno de los Estados Unidos está detrás de este encuentro no es secreto, por más que con motivos explicables los que mandan lo disimulen. Ya afloran predecibles incomodidades internas en su seno. Y en el campo opositor, la iniciativa ha dejado descolocados a varios factores. Paradójicamente, la incidencia de Washington, anormalidad que vamos digiriendo a juro en esta situación inédita, desembocadura contradictoria e irónica de un cuarto de siglo largo revolucionario, es el elemento que permite pensar que esta vez sí puede haber algún avance en la dirección a cambios para la libertad, la prosperidad y la seguridad del país. Con todas las dudas, es mejor que exista y que produzca resultados.

Más allá de las tres fases enunciadas no muestra la Administración estadounidense sus cartas, aunque sus prioridades sean bastante evidentes. Allí el primer reto de los dialogantes que es venezolanizar su tarea, para lo cual tendrán que plantearse un horizonte más allá de la coyuntura, mirar al fondo de los problemas y a los lados, porque en la mesa todos los que están son, pero no están todos los que son.

La prudencia de María Corina Machado, ésta vez junto a Edmundo González, es positiva pero no basta, porque su responsabilidad es directamente proporcional a la indiscutible fuerza popular de su liderazgo. Se requiere una política por parte de la Plataforma Unitaria, pues los integrantes de la delegación de la AN 2015 militan en partidos de esa coalición. Y lo mismo puede decirse del Grupo Parlamentario Libertad, cuyos integrantes han sido consistentes en buscar una salida política a la crisis nacional. No es hora de individualismos.

La inclusión a las consecuencias de los terremotos como primer punto es importante, no puede ser táctica dilatoria. No hay desacuerdos en esa prioridad y lo que debe acordarse es la participación profesional adecuada y los mecanismos para garantizar la transparencia en las decisiones y el manejo de los fondos.

Las cuestiones de la institucionalidad y las garantías políticas son la carne de la agenda. Han sido enumeradas repetidamente y debe rodeárselas de un ambiente de libertades que las sustente, con las reformas legales y las seguridades de políticas oficiales que corresponden. Avanzar hacia la convivencia en libertad exige desmontar las amenazas.

No soy amigo de meter temas constitucionales en procesos de suyo exigentes, la experiencia así lo aconseja, pero creo oportuno que la agenda incluya ciertos compromisos que evitarían recaídas y serían factor de tranquilidad para todos, como la no reelección presidencial y la limitación de la misma en otros niveles ejecutivos, la recuperación de la proporcionalidad en los cuerpos deliberantes, la doble vuelta, la bicameralidad en el parlamento nacional diferenciando las funciones de los cuerpos legislativos, así como las garantías de institucionalidad de la fuerza armada.

Venezuela necesita que este nuevo intento sea distinto y no más de lo mismo.