Rómulo Betancourt comprendió muy pronto que la política y el petróleo son inseparables. N

o por casualidad tituló Venezuela, política y petróleo el libro que publicó en el exilio en 1956 y en el que examinó parte de nuestra historia contemporánea a través de la relación entre el Estado, las compañías petroleras y la riqueza del subsuelo.

Años después, ya como presidente constitucional, Betancourt contó con el firme respaldo de John F. Kennedy. Era un momento difícil para la democracia venezolana y el apoyo de Estados Unidos tenía un peso considerable. Pero Kennedy no sustituía a Betancourt ni le imponía decisiones sobre Venezuela. Encontró un presidente elegido por los venezolanos, con la autoridad que le daban su legitimidad democrática, su probidad, su prestigio intelectual y el apoyo político de Acción Democrática y del Pacto de Puntofijo. Había, además, instituciones, partidos organizados, un Congreso donde se debatía, un poder militar que lo respetaba y una sociedad que participaba en los asuntos públicos. El apoyo exterior podía fortalecer a un gobierno legítimo; no ocupaba su lugar.

Más de sesenta años después, petróleo y política vuelven a encontrarse. El presidente Donald Trump anunció un acuerdo de gran calado y la presidenta interina Delcy Rodríguez lo confirmó y ofreció el sábado 29 de agosto nuevos detalles. Según su declaración, el proyecto binacional tendrá una duración de veinticinco años, desarrollará diecisiete campos estratégicos y aspira a alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Ocho de los proyectos anunciados serán bloques nuevos en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas del 16 % y un impuesto sobre la renta del 34 %. Rodríguez afirma que los ingresos permitirán mejorar los servicios públicos, la salud, la educación y la infraestructura. Son precisiones importantes, aunque todavía quedan aspectos esenciales por conocer.

En ese contexto, hay una afirmación de la presidenta interina que merece atención: “Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”. No es posible discrepar. Precisamente porque tenemos ese derecho, los acuerdos deben ser conocidos. Los acuerdos petroleros con Estados Unidos son necesarios. Esa es una realidad indiscutible. Venezuela necesita capital, tecnología e inversiones para recuperar su industria y aumentar la producción. Tener petróleo bajo tierra no produce bienestar. Hace falta inversión, infraestructura y capacidad productiva, como reconoce la propia declaración del gobierno interino.

Pero hay un asunto distinto: ¿quién defiende los intereses de Venezuela y mediante qué instituciones se toman decisiones que comprometerán al país durante décadas? Es aquí donde se plantea el problema de la legitimidad. Conviene precisar el concepto. Delcy Rodríguez ejerce efectivamente el poder. Las instituciones del Estado obedecen sus decisiones, controla la administración y el gobierno de Estados Unidos la apoya y reconoce como interlocutora. Nada se gana negando o distorsionando esa realidad. El poder efectivo es un hecho político que debe tomarse en serio.

Aquí conviene distinguir entre poder y legitimidad. Max Weber, en Economía y sociedad, explicó que el poder no descansa solamente en la capacidad de imponer decisiones. Quien gobierna procura también que su autoridad sea reconocida como legítima. La fuerza puede servir para conquistar el poder y conservarlo, pero no basta para otorgarle legitimidad.

Esta diferencia ayuda a entender la situación venezolana. La presidenta interina ejerce el poder y las instituciones obedecen sus decisiones. Tiene, por tanto, capacidad para gobernar, aunque no llegó a la Presidencia mediante una elección popular. El ejercicio efectivo del poder y el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos son hechos políticos que deben tomarse en serio, pero no equivalen a legitimidad democrática ni despejan las dudas sobre su fundamento constitucional.

El problema adquiere una dimensión concreta cuando se examina el acuerdo petrolero. Resulta imprudente amenazar, como lo han hecho en las redes algunas figuras de la oposición, con anularlo en el futuro. Venezuela necesita esas inversiones. Pero sería discutible pensar que la estabilidad de un compromiso de esta magnitud puede descansar exclusivamente sobre la actual correlación de fuerzas. De ahí la conveniencia de darle desde ahora bases más duraderas, esto es, legalidad, transparencia, equilibrio económico, calidad técnica y participación venezolana. Lejos de perjudicar el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, esas condiciones contribuirían a fortalecerlo. En esa tarea deben desempeñar un papel importante los mejores expertos petroleros venezolanos. Muchos de ellos fueron expulsados de PDVSA cuando comenzó la politización de la industria. Esos profesionales acumulan una experiencia que el país no debe desperdiciar.

La sociedad civil tiene también una responsabilidad. Academias, universidades, colegios profesionales, especialistas en petróleo y economía, empresarios, sindicatos, las iglesias y organizaciones especializadas deben estudiar los acuerdos y hacer públicas sus observaciones. No se trata de someter cada contrato petrolero a una consulta popular, sino de evitar que decisiones que comprometerán recursos del país queden exclusivamente en manos de quienes circunstancialmente ejercen el poder. Este acuerdo necesita estar respaldado por un amplio consenso nacional que contribuya a preservarlo más allá de las circunstancias políticas en las que fue suscrito.

Hay, además, una cuestión que no puede soslayarse para atraer las grandes inversiones que requiere la industria: la seguridad jurídica. Las compañías que deben comprometer miles de millones de dólares durante décadas necesitan reglas estables, respeto a los contratos y un Estado de derecho. Venezuela carga con la historia reciente de las expropiaciones y con la desconfianza que produjeron.

El problema no desaparecerá únicamente con nuevos contratos. Hace falta reconstruir las instituciones que impidan que aquellas prácticas puedan repetirse. Pero la confianza exige también señales políticas inequívocas. Difícilmente puede darse por superada una política mientras permanezcan en posiciones decisivas del Estado quienes estuvieron identificados con las expropiaciones, la persecución de la inversión privada y las amenazas contra las compañías extranjeras. Atraer nuevas inversiones petroleras supone también una renovación de quienes ejercen el poder.

Llegamos así al problema político. La reconstrucción de la industria petrolera exige inversión y reglas estables. Venezuela requiere también instituciones legítimas, participación ciudadana y elecciones. No hay contradicción entre ambas necesidades. Por el contrario, una puede fortalecer a la otra.

El acuerdo petrolero no debe convertirse en una razón para detener o aplazar la transición. Si sus condiciones son beneficiosas para Venezuela, la mejor garantía de continuidad será que el gobierno surgido de las urnas pueda ratificarlo o convalidarlo sin obstáculos constitucionales. Así, un compromiso concebido para veinticinco años podrá trascender las circunstancias excepcionales en las que fue suscrito. La recuperación económica y la reinstitucionalización política pueden marchar juntas. Un gobierno legitimado por el voto podrá darle al acuerdo una base democrática más sólida.

Volvemos a Betancourt. El respaldo de Kennedy fue importante para Venezuela, pero del lado venezolano había un presidente elegido por los ciudadanos, sostenido por instituciones democráticas y capaz de asumir la responsabilidad política de las decisiones del país. Más de sesenta años después, la relación con Estados Unidos vuelve a ser decisiva y el petróleo vuelve a ocupar el centro de esa relación.

El desafío es que el acuerdo petrolero contribuya a la recuperación de Venezuela sin detener el camino hacia la democracia.