La emisión de las licencias 56 y 57 representa una flexibilización estratégica que permite la reintegración de la banca pública venezolana al sistema financiero internacional

para intentar estabilizar la economía y reducir la inflación, aunque su éxito real está condicionado a la disciplina fiscal interna y genera profundas preocupaciones sobre la transparencia de los funcionarios actuales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es el organismo encargado de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior estadounidense.

Las Licencias Generales 56 y 57 de la OFAC, emitidas el 13 de abril de 2026, constituyen un alivio financiero selectivo para Venezuela tras el levantamiento de sanciones individuales. Estas autorizaciones no eliminan las sanciones sectoriales (como PDVSA), pero habilitan operaciones clave para estabilizar la economía. Las licencias generales 56 y 57, representan una flexibilización significativa, aunque no un levantamiento total, de las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

En el contexto de Venezuela son como un alivio parcial y controlado de las sanciones vigentes, facilitando las operaciones financieras y comerciales específicas con el Gobierno y entidades estatales. Ambas buscan reducir la incertidumbre legal y facilitar los canales de pago y transacciones con la administración venezolana. No levantan la totalidad de las sanciones; por ejemplo, se mantienen las prohibiciones de pagos con oro, el uso de criptomonedas emitidas por Venezuela y operaciones con actores sancionados por personas ajenas al gobierno. Las operaciones deben seguir cumpliendo con normativas federales estadounidenses.

Estas licencias actúan como puente hacia la normalización total, permitiendo al BCV manejar ~$10-15 mil millones en reservas bloqueadas y a bancos privados captar remesas (~$4B anuales). Para Mérida, significa cajeros con dólares, transferencias familiares y pagos digitales viables. Excluye SDN y PDVSA, preservando presión selectiva. Veamos con detalle el alcance de cada una de ellas:

Licencia General 56: Negociaciones Comerciales con el Gobierno

Autoriza todas las transacciones necesarias para negociaciones comerciales con el Gobierno de Venezuela, incluyendo contratos contingentes y preparativos para acuerdos futuros. Esta licencia facilita el marco para que empresas estadounidenses puedan interactuar con entes gubernamentales venezolanos,

• Alcance: Permite la negociación y realización de acuerdos previos, como memorandos de entendimiento, ofertas de licitaciones y acuerdos preliminares (executive contracts).

• Cubre al sector público: (ministerios, gobernaciones) para discutir importaciones, exportaciones y proyectos de inversión.

• Limitación Fundamental: Aunque permite planificar y firmar preacuerdos, no autoriza la ejecución o contratación libre de los mismos sin una autorización posterior específica del Departamento del Tesoro. Mantiene también la exclusión de ciudadanos venezolanos con órdenes de captura y recompensas sobre sus personas.

• Beneficio ciudadano: Facilita acuerdos para bienes esenciales (alimentos, medicinas), reduciendo la escasez vía importaciones directas.

Licencia General 57: Reapertura del Sistema Financiero

Esta es la más impactante ya que autoriza todas las transacciones financieras ordinarias con bancos específicos y funcionarios del Gobierno (no sancionados). Esta licencia se centra en la operatividad de la banca pública y el Banco Central de Venezuela (BCV).

Entidades beneficiadas:

• Entidades Beneficiadas: Además del BCV, se incluyen la banca pública como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y Banco Digital de los Trabajadores (≥50% estatal).

• Operaciones Permitidas: Autoriza por primera vez desde 2017 la posibilidad de pagar, mover dinero y realizar transacciones a través del sistema internacional. Esto abarca la apertura de cuentas, transferencias bancarias, depósitos, concesión de créditos y gestión de remesas.

• Corresponsalía Bancaria: Permite que el BCV busque recuperar sus bancos corresponsales en el exterior, una función vital que perdió en 2017 y que dificultaba todas las transacciones en moneda extranjera del país. La licencia reduce los niveles de escrutinio requeridos para estos bancos internacionales, facilitando las operaciones.

• Inclusión de Empleados Públicos: Un cambio clave es que permite a los empleados públicos (quienes estaban marginados por el solo hecho de trabajar para el gobierno sancionado) realizar operaciones financieras en divisas y tener cuentas bancarias.

• Banca privada/pública general: Procesamiento de pagos, transferencias internacionales, remesas vía SWIFT.

• Ciudadanos bancarizados: Uso de tarjetas de débito/crédito, prepago, cajeros automáticos, billeteras digitales, pagos en línea (U.S. Uniform Commercial Code).

Impacto Económico Esperado

Estas medidas podrían generar un "choque positivo" en la economía venezolana:

• Reducción de la Brecha Cambiaria e Inflación: Al permitir que la banca pública participe más activamente en la asignación de divisas, se espera dar mayor profundidad al mercado cambiario, ayudando a estabilizar la tasa y reducir la inflación.

• Acceso a Divisas: Facilita que pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores accedan a divisas de manera más expedita. También se abre la posibilidad futura de que el país pueda volver a importar divisas en efectivo.

• Normalización de Pagos: Se eliminan obstáculos para el uso de tarjetas y pagos internacionales que antes enfrentaban dificultades por el origen del banco emisor.

Restricciones y "Cadenas Invisibles"

A pesar del alivio, las licencias mantienen prohibiciones estrictas para evitar el descontrol total:

• Prohibiciones Específicas: Siguen prohibidas las operaciones con oro, el uso de criptoactivos como el Petro, y cualquier transacción relacionada con bonos o deuda de PDVSA.

• Veto Geopolítico: Están terminantemente prohibidas las transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte o China.

• Control de la Reserva Federal: Aunque el BCV puede intentar retomar contacto con la Reserva Federal de EE. UU., este proceso de autorización de funcionarios y protocolos de seguridad podría tardar entre 9 meses y un año.

• Escepticismo Político: Algunos analistas expresan preocupación porque estas medidas se toman sin cambios en los funcionarios que dirigen las instituciones, lo que podría no detener el deterioro administrativo del país.

Cómo afecta la inflación

Las licencias generales 56 y 57, emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tienen el potencial de reducir la inflación en Venezuela principalmente a través de la estabilización del mercado cambiario. El impacto se puede explicar de la siguiente manera:

• Reducción de la brecha cambiaria: La flexibilización permite que el Banco Central de Venezuela (BCV) y otros bancos públicos mejoren sus mecanismos de asignación de divisas, dándole mayor "profundidad" al mercado. Al disminuir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo (brecha), se genera una presión a la baja sobre la tasa de inflación, que es uno de los mayores problemas para los ciudadanos.

• Mayor fluidez en la provisión de divisas: La licencia 57 autoriza operaciones financieras que antes estaban bloqueadas, lo que permite una intermediación más ágil de moneda extranjera por parte del BCV. Si existe una provisión de divisas suficiente y veloz, los actores económicos no se ven obligados a recurrir al mercado paralelo, lo que ayuda a estabilizar los precios.

• Acceso a divisas en efectivo y transferencias: Se espera que, en los próximos meses, estas medidas faciliten el acceso a dólares en efectivo y permitan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores realizar pagos internacionales y transferencias de forma más expedita. Esto reduce las distorsiones de costos asociadas a los métodos de pago indirectos o informales.

• Condiciones necesarias, pero no suficientes: A pesar del optimismo, los economistas advierten que estas licencias son una "condición necesaria pero no suficiente" para frenar la inflación de forma definitiva. Para que el alivio de las sanciones se traduzca en una estabilidad duradera, el Estado debe aplicar una disciplina fiscal estricta (regular la emisión de bolívares) y el BCV debe modificar técnicamente sus sistemas de subastas para que la tasa oficial refleje mejor la realidad del mercado.

Sin embargo, algunos analistas mantienen cierto escepticismo, señalando que la inflación ha seguido creciendo en años recientes a pesar de que los salarios base han estado congelados, lo que sugiere problemas estructurales que van más allá del acceso al sistema financiero internacional. Además, se advierte que el proceso para que el BCV retome operaciones plenas con bancos corresponsales y la Reserva Federal podría tardar entre 9 meses y un año, por lo que el impacto no será inmediato.

El control del gasto público

El control del gasto público juega un papel fundamental y determinante para que el alivio de las sanciones a través de las licencias 56 y 57 se traduzca en una verdadera estabilidad económica. Este factor es uno de los tres vértices esenciales para frenar la inflación y cerrar la brecha cambiaria.

El papel del control del gasto se resume en los siguientes puntos clave:

• Disciplina Fiscal: Es necesaria una disciplina fiscal estricta para regular la cantidad de bolívares que entran al sistema financiero. Si el gasto público se realiza de forma desordenada, aumenta la masa monetaria en moneda nacional, lo que dispara la demanda de divisas y presiona al alza tanto el tipo de cambio como los precios.

• Política de Gasto Responsable: Esto implica que el Estado debe actuar con cautela para no generar un déficit que obligue a la emisión de dinero inorgánico, lo cual anularía los beneficios de la flexibilización de sanciones. Esto no es contrario a la reconstrucción de la capacidad de gasto de los pensionados. En el debate público se ha confundido el tema de los pasivos laborales con la deuda social con los pensionados, un aumento de las pensiones no aumenta los pasivos laborales presentes.

• Reducción de la Demanda de Divisas: Al controlar el gasto y la emisión de bolívares, se logra moderar la demanda de dólares. Esto permite que la mayor oferta de divisas que se espera por el aumento de ingresos petroleros sea suficiente para estabilizar el mercado sin que la brecha cambiaria siga creciendo.

• Eficiencia en el Uso de Recursos: Existe un debate sobre la ineficiencia de ciertos gastos actuales, como los subsidios al combustible, que representan un costo altísimo para el Estado. Se sugiere que, ante la entrada de nuevos ingresos, el enfoque debería cambiar hacia mecanismos de transferencia directa u optimización del gasto en áreas prioritarias como servicios públicos o salud.

En conclusión, la flexibilización de las sanciones es una "condición necesaria pero no suficiente"; sin un frente fiscal controlado, cualquier alivio externo podría ser insuficiente para resolver los problemas estructurales de la economía venezolana

¿Cómo cambiarían los sistemas de subastas de divisas del BCV?

Los sistemas de subastas de divisas del Banco Central de Venezuela (BCV) experimentarían cambios técnicos y operativos fundamentales orientados a ganar fluidez y transparencia:

• Reducción de la discrecionalidad: Se espera que el sistema pase de un modelo donde el BCV definía absolutamente cada operación y cada precio, a uno con una relación más fluida y expedita entre cada banco y sus clientes. Anteriormente, el proceso era considerado engorroso y lento, lo que empujaba a los actores al mercado paralelo.

• Alineación de tasas: Un cambio técnico clave sugerido es que la tasa oficial diaria refleje el precio real al que el BCV vende las divisas a la banca (conocida como tasa de intervención). Actualmente, el BCV permite que los bancos vendan a una tasa superior a la oficial, por lo que el paso siguiente sería unificar estos criterios para mejorar la formación del tipo de cambio.

• Rediseño del mecanismo de asignación: Se plantea un rediseño del sistema de subastas para que la banca nacional pueda comprar las divisas que ingresan al BCV de manera más eficiente, buscando que el alivio de las sanciones no se quede corto por fallas administrativas internas.

• Posibilidad de un "choque positivo": El BCV podría cambiar su estrategia de "goteo" de divisas por un shock de oferta más contundente que genere un ciclo de estabilización de precios, aprovechando la mayor regularidad en el flujo de ingresos que permiten las nuevas licencias.

• Mayor profundidad del mercado: Al permitir que más bancos participen en la asignación y que se realicen transferencias internacionales directas, el sistema de subastas ganaría "profundidad", permitiendo que un universo más amplio de empresas y personas acceda a las divisas legalmente.

Cabe destacar que estos cambios en las subastas son decisiones técnicas que dependen exclusivamente del directorio del BCV y no requieren autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, los analistas advierten que para que estos cambios sean efectivos, deben ir acompañados de una disciplina fiscal estricta que regule la emisión de bolívares

¿Qué riesgos implica no realizar cambios en los funcionarios actuales?

No realizar cambios en los funcionarios que actualmente dirigen las instituciones financieras beneficiadas por las licencias (como el BCV) implica diversos riesgos políticos, éticos y operativos:

• Riesgo de persistencia en el desvío de fondos: Analistas políticos como Paciano Padrón[2] expresan una "inmensa preocupación" debido a que los funcionarios actuales son señalados como los mismos que "llevaron a la ruina al país" y se habrían apropiado de las reservas internacionales y lingotes de oro. Sin un cambio de mando, existe el temor de que estas licencias faciliten un nuevo "desangramiento" del tesoro venezolano.

• Falta de confianza y legitimidad: Se cuestiona la moralidad de otorgar lo que se percibe como un "balón de oxígeno" al gobierno sin que se hayan realizado correcciones administrativas o cambios en los personajes que han cometido presuntos delitos. Esto genera desconfianza tanto en la opinión pública como en la comunidad internacional, ya que se están autorizando transacciones libres en manos de personas con un historial cuestionable.

• Obstáculos operativos y de cumplimiento (KYC): Desde un punto de vista técnico, para que el BCV pueda operar efectivamente con la Reserva Federal de EE. UU., sus funcionarios deben someterse a protocolos de "conocimiento del cliente" (Know Your Customer). Si los funcionarios actuales no cumplen con estos estándares internacionales o no son autorizados por las autoridades estadounidenses, el proceso de normalización financiera podría estancarse o retrasarse entre 9 meses y un año.

• Riesgo de impunidad: El hecho de que se flexibilicen las sanciones sin exigir cambios en la jefatura de los bancos estatales (como el Banco del Tesoro o el Banco Digital de los Trabajadores) es visto como una forma de "liberar de responsabilidades" a quienes han gestionado la crisis económica, sin que se tomen medidas que impidan que continúen actuando de la misma manera.

En resumen, el principal riesgo identificado es que la flexibilización de sanciones, sin un cambio estructural en los cuadros de mando, pueda terminar fortaleciendo la gestión actual en lugar de garantizar una administración transparente y eficiente de los nuevos recursos y mecanismos financieros disponibles.

[1] ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5282-0006