“Un movimiento de protesta contra la política fiscalista del gobierno español que desde Caracas era ejecutada por el intendente José de Ábalos estalló

en la región venezolana en mayo de 1781. Gritando consignas contra el mal gobierno y los elevados impuestos, los comuneros se apoderaron de San Cristobal, Lobatera, La Grita, Mérida y otros lugares, pero no pudieron dominar a Trujillo. Encabezados por líderes como Juan José García de Hevia, confiscaron el dinero y el tabaco de las oficinas reales y desconocieron y apresaron a las autoridades. Fuerzas militares enviadas desde Caracas y Maracaibo sometieron a los comuneros a fines de octubre de ese año; los dirigentes fueron encarcelados y enjuiciados, pero en agosto de 1783 el Rey Carlos III les concedió un indulto total”. Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, 1988.

Carlos E. Muñoz Oraá es el autor quién mejor ha trabajado el levantamiento comunero en Venezuela. Para éste historiador merideño, de discurso conciso y directo, las nuevas medidas fiscales y de normativa económica llevadas a cabo por la Intendencia bajo la dirección de José de Abalos, creó el germen de las protestas: “Apenas comenzó a ponerse en práctica la reorganización de la Real Hacienda surgieron serias dificultades, pues la sociedad venezolana advirtió en la Intendencia un instrumento que propendía a una mayor privación de sus intereses y libertades económicas y a la limitación de otros privilegios”. Para luego acotar el punto de mira de las iras y reparos de los alzados, gente del pueblo en su gran mayoría: “Además, la mayor parte de los funcionarios de aquella institución se hicieron intolerables por su inflexibilidad, soberbia y excesivo celo en el cumplimiento de sus deberes, lo que facilitó a la sociedad venezolana desahogar su rechazo a la Intendencia oponiéndose a sus empleados como sujetos indeseables”.

Las medidas más impopulares fueron la creación de los estancos de naipes, aguardiente y tabaco en 1779, lo cual supuso el control directo de la producción y venta de estos productos por parte de personas bajo la supervisión de los funcionarios de la Real Hacienda. También fueron rechazados los nuevos impuestos que se intentaron poner en práctica, debido a la necesidad de obtener mayores fondos para poder financiar la guerra que en ese entonces se libraba contra Inglaterra. El Donativo, creado por Real Orden del 17 de agosto de 1780, y un incremento del derecho de Alcabala que se elevó del 2% al 4%, fueron medidas impositivas que no tuvieron una buena acogida en la población. 

No hay que olvidar que Ábalos desde el mismo momento que tomó posesión de su cargo, el 1 de octubre de 1777, se propuso reorganizar el régimen impositivo en los espacios de su jurisdicción. Quienes habían contraído deudas con la Real Hacienda fueron obligados a pagarlas de inmediato. La actividad desplegada por Ábalos fue muy activa y eficaz, tanto es así, que sufrió reparos y fue cuestionado su desempeño por los Ayuntamientos donde los criollos hacían escuchar sus voces como también de otras autoridades celosas y resentidas de la autoridad del Intendente.  

El conflicto de competencias y los límites sobre la autoridad de cada cargo generó permanentes desavenencias entre los funcionarios coloniales. Veleidad que se hacía más patente en los momentos de crisis y de alteración del orden público. También debió de influir el proceso de adaptación y asimilación de las antiguas autoridades a los cambios llevados a cabo por las medidas reformistas de Carlos III, quién a través de sus ministros, llevó a tierras americanas nuevas instituciones y funcionarios como los intendentes y visitadores, poseedores de una más clara y definida mentalidad burocrática al servicio del Estado que los antiguos gobernadores y virreyes acostumbrados a actuar con una casi libertad y autonomía.  

Para las autoridades españolas en Venezuela el movimiento comunero estuvo bajo la influencia de la rebelión del indio Túpac Amaru en el altiplano peruano (4 de noviembre de 1780) y la revuelta de los comuneros del Socorro (16 de marzo de 1781) en el reino de Santa Fe.  Es evidente poder constatar las conexiones regionales y geográficas de estos sucesos que tuvo a la cordillera andina como su principal epicentro.

La revuelta de los comuneros venezolanos fue quizás la primera en esgrimir pasquines como medio de lucha propagandístico. La presencia de pasquines pone en evidencia el nivel educativo y cultural de algunos responsables del alzamiento y los fines que persiguieron a pesar del analfabetismo de la gran mayoría de la población para ese entonces. Los posteriores movimientos, salvo el del negro José Leonardo Chirinos, estuvieron ricos en proclamas que se hicieron circular clandestinamente en pasquines y hojas sueltas.

Los “levantados”, el “populacho”, los comuneros, que en determinados momentos de la sublevación logró incorporar en la dirección del movimiento a algunos hombres adinerados, consideró legitimo la protesta bajo el respaldo de las Capitulaciones de Zipaquirá las cuáles fueron otorgadas por las autoridades del Reino de Santa Fe. 

Los comuneros, al igual que las huestes de Francisco de León contra la Compañía Guipuzcoana, no tuvieron la malicia de asociar las razones de sus protestas al lejano Monarca, no fueron capaces de asociar las medidas que les lesionaba con el Rey que las impuso.  El lema esgrimido por los comuneros durante la revuelta y sus proclamas de: “Viva el Rey y muera el mal gobierno”, lo expresa todo. Para la población y sus dirigentes los responsables directos de los estancos y altos impuestos eran las autoridades de la Real Hacienda a través de sus funcionarios, a quienes persiguieron e intentaron linchar en todo momento.