La desconfianza en las instituciones públicas es un gran problema nacional.

La frustración social trae consecuencias: inhibición cívica, anomia, individualismo exacerbado, un ecosistema amigable para cualquier aventura que arriesga seriamente la paz, la estabilidad y la convivencia. 

¿Por dónde empezar? Hay mucho por hacer en una crisis múltiple, prolongada y profunda. La institucionalidad es un tejido. Pero hay que comenzar. El diálogo, la negociación entre los actores sociales, necesario siempre, no está a la vista. Así que no estamos ante una tarea fácil ni más o menos rápida, máxime cuando paciencia y perseverancia escasean. 

La gente tiene conflictos que requieren soluciones razonables y en paz. Conflictos que afectan su libertad y su seguridad. Sus relaciones familiares. Su patrimonio. Sus relaciones económicas y laborales. Sus relaciones con la autoridad a todos los niveles: para que el Poder Público dispense seguridad y servicios y estemos a salvo de la arbitrariedad o la inacción.

De ahí la importancia del árbitro. Todos entendemos a través del béisbol o del futbol. Sin un árbitro que conozca y aplique correctamente las reglas, imparcial y oportunamente, el caos los haría impracticables. Por eso, propongo empezar por la justicia, que la gente sepa que tiene donde buscar soluciones razonables, justas a sus problemas, por las buenas. 

La guía para hacerlo es sencilla y práctica: la Constitución. Desde su Exposición de Motivos sostiene que el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia implica división de poderes, imperio de la Constitución y las leyes, sujeción de todos los poderes a ellas, y garantía procesal de los derechos humanos y libertades.

El artículo 26 del derecho al acceso a la justicia, enfatiza la prontitud y la define como “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita”. El 49 es prolijo al definir el debido proceso. Del artículo 253 al 261, se diseña una administración de justicia consistente. Independencia, carrera Judicial, con ingresos y ascensos por concurso de oposición, exclusión de la política. Con el proceso como su “instrumento fundamental”. Jueces de paz sin apellidos, jurisdicciones contencioso administrativa, especial indígena y penal militar, ésta exclusivamente para delitos de esa naturaleza. ¿Podría ser mejor? Sin duda, pero tal y como está sirve perfectamente, si se aplica.

No podemos ignorar los problemas actuales. Algunos de los más señalados y estudiados por expertos. Como las debilidades en la carrera judicial. Hablan de “Transitoriedad permanente” consagrada en leyes y sentencias y una realidad la mayoría de jueces provisorios. La barrera de los costos para el acceso a la justicia y la lentitud en los procesos, mucho mayor que el promedio mundial. Según Acceso a la Justicia, los mayores retrasos son en las áreas Penal y Penal Adolescentes y el mayor número de tribunales sin sentencia está en las áreas Civil y LOPNA. En el Contencioso Administrativo Salvo en la sala correspondiente del TSJ todos los jueces son provisorios y la Administración siempre, o casi siempre, gana por eso ya casi nadie demanda. Muchos son problemas preexistentes agravados en veinticinco años. 

Soluciones hay. Se resumen en más jueces, mejores jueces, más presupuesto, mejor gerencia, aplicando en la vida real las disposiciones constitucionales y reformar varias leyes para adaptarlas a éstas. No es necesario cambiar la Constitución. Bastaría cumplirla.