La tragedia venezolana ha alcanzado un nivel de degradación política tan grotesco que ya ni siquiera puede disimularse bajo discursos patrióticos.

El chavismo nació proclamándose como la gran rebelión antiimperialista de América Latina, con un Hugo Chávez que convirtió el antiamericanismo en religión oficial, en instrumento de propaganda que le sirvió de coartada ideológica para consolidar un proyecto hegemónico de rasgos fascistoides. Construyó hábilmente una narrativa en torno al mito de Bolívar enfrentando al imperio, a la épica de la independencia nacional y a la supuesta dignidad soberana de los pueblos del sur.

Durante años se vendió la fantasía de una Venezuela heroicamente enfrentada a Washington. El discurso revolucionario convirtió al “imperio” en enemigo permanente y en la explicación universal de todos los fracasos internos. Sin embargo, el tiempo terminó pulverizando aquella retórica antiimperialista. Todo resultó ser una representación cuidadosamente orquestada, una utilería ideológica destinada más a preservar el poder que a defender la soberanía nacional. La opereta terminó de derrumbarse el pasado 3 de enero con el secuestro de Maduro, cuando el chaveco-madurismo consumó públicamente su metamorfosis política y dejó atrás la vieja retórica incendiaria para asumir, sin pudor, una actitud de subordinación pragmática frente a Washington. A partir de ese momento cesaron los discursos grandilocuentes sobre la “Patria Grande” y las proclamas furibundas contra el Tío Sam. En lugar de amenazas y consignas incendiarias comenzaron a escucharse tonos conciliadores, elogios diplomáticos y discretos gestos de complacencia hacia los mismos actores internacionales que durante décadas fueron presentados como enemigos existenciales de la revolución.

Hoy, los jerarcas del poder reciben a John Ratcliffe, director de la tenebrosa CIA, a Chris Wright, secretario de Energía, y a Francis Donovan, jefe del Comando Sur (quien dirigió el secuestro de Maduro), con alfombra roja, sonrisas protocolares y gestos folclóricos cuidadosamente escenificados en Miraflores, mientras esperan las próximas señales políticas emitidas desde Washington. Se han modificado leyes estratégicas para facilitar y garantizar la participación de capitales imperiales en sectores que durante años fueron presentados como símbolos intocables de la soberanía revolucionaria. Allí están la reforma de la Ley de Minas, la nueva Ley de Hidrocarburos y, más recientemente, la modificación de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La contradicción resulta brutal: el mismo régimen que demonizó la inversión extranjera, expropió empresas y convirtió el antiimperialismo en doctrina oficial, hoy reforma el marco jurídico nacional para atraer inversionistas internacionales, ofrecer garantías al capital privado y abrir áreas estratégicas de la economía al mercado global. El chavismo terminó haciendo exactamente aquello que durante décadas calificó de “entrega de la patria”. El supuesto antiimperialismo terminó reducido a un simple accesorio retórico, a una pieza de escenografía propagandística útil únicamente para movilizar fanáticos y justificar la imposición de su proyecto hegemónico. El régimen que prometió liberar a Venezuela de la tutela extranjera acabó transformándose en cachorro del imperio que juró derrotar. La ironía es brutal: el chavismo ya no gobierna mirando a Miraflores, sino interpretando cada mirada y gesto de Mr. Trump desde la Oficina Oval. 

Pero la oposición venezolana tampoco ha escapado a esa lógica de dependencia y subordinación. Incapaz de construir una estrategia viable de poder, un proyecto nacional coherente o una fuerza social verdaderamente autónoma, ha desplazado progresivamente su centro de decisión política a la capital del imperio. La esperanza democrática dejó de sustentarse en la organización, la conciencia y la capacidad de lucha de los propios venezolanos para quedar subordinada a las decisiones emanadas de Washington, bajo la nueva troika imperial integrada por Trump, Rubio y Hegseth. Hoy, la gran mayoría del liderazgo opositor parece prestar más atención a las órdenes, señales emanadas de la Casa Blanca o de Mar-a-Lago que, a la voluntad soberana, la conciencia política y la capacidad de resistencia del propio pueblo venezolano. La tragedia ha alcanzado un nivel particularmente humillante: la libertad de Venezuela ya no parece concebirse como una conquista nacional impulsada por los ciudadanos, sino como una concesión geopolítica administrada desde Estados Unidos. Esta realidad quedó crudamente reflejada en el reciente Manifiesto de Panamá, donde la negociación política propuesta por sectores de la oposición aparece explícitamente subordinada al esquema y a las etapas diseñadas desde Washington bajo la orientación política de Marco Rubio. La oposición dejó de hablarle al país para comenzar a hablarle al poder norteamericano, como si la legitimidad de la lucha democrática dependiera más de la aprobación de la Casa Blanca que de la voluntad de los venezolanos.

Lamentablemente, la ilusoria esperanza de una democratización “Made in USA”, compartida hoy por millones de venezolanos, se sustenta en una premisa profundamente equivocada. Donald Trump jamás ha demostrado interés real en promover una auténtica transición democrática en Venezuela. Su atención al país ha estado determinada fundamentalmente por consideraciones energéticas, estratégicas y geopolíticas. Para Trump, un cambio de régimen en Venezuela nunca ha sido su prioridad, sino el control político de una pieza “muy importante” en el tablero energético y de la seguridad hemisférica de Estados Unidos.

Venezuela dejó de concebirse como sujeto soberano de su propia historia para convertirse en una nación sometida a un doble vasallaje político bajo la tutela del Tío Sam.