La conformación de una comisión y el inicio de conversaciones entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición han abierto una nueva ventana de expectativas

en una sociedad que lleva demasiado tiempo esperando señales concretas de cambio. El primer ciclo de conversaciones ya produjo acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior y la posibilidad en cambio de la leyes correspondiente a procesos electorales, lo que constituye una señal políticamente relevante aunque todavía insuficiente para hablar de una transición consolidada.  El desafío, por tanto, consiste en interpretar este momento con serenidad: reconocer que existe una oportunidad sin convertirla prematuramente en una certeza. Venezuela necesita aprender a distinguir entre el comienzo de un proceso y la conclusión de aquello que la sociedad espera.

La experiencia de los últimos años demuestra que las expectativas pueden convertirse en un factor político tan poderoso como los propios acontecimientos. Cuando una población ha acumulado frustraciones, deterioro económico e incertidumbre institucional, cualquier señal de cambio adquiere una dimensión extraordinaria. Una conversación puede convertirse en la antesala de una transición; un acuerdo parcial, en la promesa de una solución definitiva; y una decisión internacional, en la certeza de que el desenlace está próximo. El problema aparece cuando la realidad no alcanza la velocidad que la expectativa había construido. En ese momento, la esperanza puede transformarse rápidamente en decepción, y una sociedad que necesita recuperar la confianza puede terminar profundizando nuevamente su desconfianza.

Por eso resulta indispensable observar con realismo el proceso que se está desarrollando. La participación de los Estados Unidos ha sido determinante en la arquitectura de estas conversaciones y distintos análisis describen una hoja de ruta dividida en estabilización, recuperación y transición.  Pero una eventual agenda internacional  y nacional no puede sustituir la construcción de una legitimidad política venezolana. Una transición sostenible necesita incorporar progresivamente a los distintos sectores que forman parte de la realidad nacional. La ausencia de actores relevantes de la oposición —entre ellos el sector encabezado por María Corina Machado— constituye una limitación que no debería ser ignorada.  No significa que una negociación deba paralizarse hasta alcanzar una representación perfecta; significa que, si el objetivo es reconstruir una democracia, el compás de la conversación tendrá que ampliarse a todos los sectores.

También corresponde asumir una responsabilidad que suele pasar inadvertida: la que tienen los medios de comunicación, los dirigentes, los analistas, los influencers y los opinadores frente a una sociedad particularmente sensible a cualquier señal relacionada con el futuro político. Informar sobre un avance no significa garantizar su desenlace. Interpretar una negociación no equivale a conocer sus resultados. Y anunciar fechas, cambios inmediatos o escenarios definitivos sin elementos suficientes puede generar un daño político considerable. La comunicación responsable debe separar los hechos de las interpretaciones y estas últimas, de las expectativas. Venezuela no necesita otra ola de euforia seguida de frustración; necesita información que permita al ciudadano comprender qué está ocurriendo, qué se ha acordado, qué permanece pendiente y cuáles son los escenarios posibles.

El mayor riesgo del momento sería confundir la existencia de una oportunidad con la garantía de un resultado. Las conversaciones pueden avanzar, estancarse, ampliarse o incluso no cumplir las expectativas que hoy despiertan, por lo que esas posibilidades deben formar parte del análisis, no ser consideradas una actitud pesimista. Un proceso político serio necesita mecanismos de verificación, objetivos concretos, transparencia progresiva y capacidad para incorporar nuevos sectores. También necesita conectar la discusión institucional con la realidad económica y social: la población no espera únicamente cambios en las estructuras del poder; espera seguridad, empleo, recuperación del ingreso, servicios públicos funcionales y caminos claros para construir nuevamente un proyecto de vida. La transición será juzgada, finalmente, no por la cantidad de reuniones celebradas, sino por su capacidad para transformar las condiciones de vida y las instituciones del país.

Venezuela tiene ante sí una oportunidad que no debería desperdiciarse, pero tampoco sobredimensionarse. La tarea de quienes participan directamente en las conversaciones es convertir los acuerdos iniciales en resultados verificables y ampliar progresivamente la participación; la de los actores internacionales es facilitar condiciones que permitan una solución venezolana con legitimidad democrática; y la de los medios, dirigentes y formadores de opinión es proteger a la sociedad de expectativas artificiales. Desde una perspectiva socialdemócrata y liberal-social, el objetivo no debe ser simplemente cambiar un gobierno, sino reconstruir una República donde las diferencias puedan procesarse mediante instituciones, elecciones, diálogo y Estado de Derecho. El cambio que Venezuela necesita no puede depender de una expectativa colectiva construida sobre rumores: debe sustentarse en hechos, participación y confianza. La esperanza es el motor para avanzar, pero la realidad debe ser el suelo firme sobre el cual construyamos ese camino.

IG,X: @freddyamarcano