Comenzaré mi intervención postulando dos consideraciones de naturaleza metodológica que determinan el contexto histórico político de la crisis global que hoy vive Venezuela: la primera afirma que el sistema de dominación, del cual el gobierno y las instituciones del Estado constituyen el eje operativo fundamental, se encuentra bajo un Estado de Excepción.

La segunda, que en consideración a tal Estado de Excepción – no un fenómeno de seguridad interna sino de metafísica del Poder - la crisis del sistema de dominación que hoy vive Venezuela no puede ser resuelta por mecanismos inmanentes al estado de normalidad institucional.

En otras palabras, y expresado de manera provocativa a los fines de clarificar nuestras posiciones, quisiéramos afirmar que la restauración plena de la vigencia del Estado de Derecho y la restauración de la plena soberanía popular y democrática está compelida al recurso asimismo extremo de mecanismos de excepción.

Definiremos el concepto de Estado de Excepción, siguiendo la nomenclatura del gran constitucionalista alemán Carl Schmitt, probablemente el teórico del derecho que lo conceptualizara de la manera más diáfana y precisa, como aquel en que las sociedades naufragan a la deriva, carentes de ordenamiento institucional y desaparecido el anclaje constitucional que norma y estructura el sistema de dominación bajo condiciones históricas de normalidad – en todos sus referentes, no sólo ni principalmente jurídicos o constitucionales -, quedando las sociedades que lo sufren a la deriva de toda autoridad legítima y entregada, en consecuencia, a la necesidad histórica de resolver el grave problema constituyente de la legitimidad dominante. Una situación de vacuum normativo, institucional y jurídico que expresa una suerte de quiebre histórico y que reclama la emergencia de una autoridad fundante, que Schmitt definiera, siguiendo la tradición constitucionalista, como el soberano: soberano, señala en uno de sus escritos fundamentales, es aquel que resuelve positivamente el Estado de Excepción.

Poco importa a los efectos de nuestra ponencia la justa crítica a la naturaleza autoritaria de la teoría de Carl Schmitt y de que su marco conceptual sirviera de referencia ideológica al nacional socialismo. Más aún, que su postura teórica se fundamentara en el voluntarismo individualista de la tradición filosófica alemana, particularmente de Schopenhauer y Nietzsche apostando consiguientemente a la resolución de la crisis existencial provocada en la sociedad alemana por la derrota de la Primera Guerra Mundial a través de la emergencia de un caudillo personalista y autoritario, el Führer. Es indudable el cariz personalista, voluntarista y caudillesco de su famosa fórmula: soberano es quien resuelve el Estado de Excepción. Lo trascendente e indiscutible de la fórmula es que, puestas las sociedades en crisis de excepcionalidad, su resolución sólo es posible mediante recursos extremos que inducen al parto de una nueva legitimidad – la emergencia de lo nuevo en la historia, como bien lo subrayara el pensador italiano Giorgio Agamben - , y que tal parto, visto desde una de las perspectivas de la resolución de tal crisis exigiese, siguiendo la famosa afirmación hegeliana, de la violencia como partera de la historia. Valga, en ese sentido, la referencia al importante trabajo del pensador alemán Walter Benjamin en su ensayo acerca del papel positivo de la violencia revolucionaria en la historia.

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Si Carl Schmitt sirvió el aparejo teórico de la teoría del Estado de Excepción y facilitó la emergencia del caudillismo voluntarista como fórmula de la resolución de tal conflicto – el Führer como soberano -, Lenin serviría el marco teórico del instrumental categorial para el mismo fin, si bien bajo las coordenadas de la teoría de la revolución de Karl Marx. El primero apuntaba a la necesidad del caudillo como inductor de lo nuevo en la historia y la puesta en marcha de las masas contando con  la raza y la utopía nacional – el Blut und Boden de la ideología nazi – así como del engendro de una víctima propiciatoria de las iras colectivas – los judíos - como mecanismos movilizadores.  El segundo a la acción de una vanguardia iluminista y voluntariosa, capaz de imponer una dictadura de partido tras la mampara del llamado proletariado. Una ficción en un país semi feudal como la Rusia zarista.

Si para Schmitt la crisis encontraba su expresión teórica en el Estado de Excepción y su resolución se jugaba esencialmente en la esfera de la legitimación institucional debiendo ser resuelta por un sujeto capaz de expresar la totalidad de la voluntad popular – el soberano - , en Lenin tal crisis debía ser resuelta gracias a la teoría y la práctica revolucionarias, encontrando su fundamento en el impasse estructural entre las fuerzas sociales y las relaciones sociales de producción, crisis que se definía  políticamente una vez alcanzada la llamada situación pre-revolucionaria, etapa abierta tras del enfrentamiento final entre la burguesía como clase dominante y el proletariado como clase dominada, a través de la toma violenta del Poder por una alianza de obreros, campesinos y soldados. En su caso, la resolución de la crisis de legitimación y la carencia de soberanía quedaba no en manos del caudillo, sino del partido. Forma colectivizada del príncipe maquiavélico, como bien lo señalara el pensador italiano Antonio Gramsci. Para ambos, finalmente, la política era la relación amigo-enemigo y el objetivo final de toda actividad política la aniquilación inclemente,  total y plena del adversario.

Para el uno como para el otro, el problema esencial es el mismo: resolver la crisis del sistema de dominación mediante el asalto y control absoluto y total del aparato de estado, estatuyendo un régimen unidimensional y erigiendo un sistema totalitario tras un Estado policial. Ambos, bajo el enfrentamiento con el liberalismo dominante y la aniquilación del democratismo parlamentarista. Ambos, mediante la legitimación de una dictadura totalitaria. La raíz ideológica de la valoración de la dictadura como única forma de resolución de un Estado de Excepción se encuentra en Carl Schmitt en el político y pensador español Donoso Cortés. En Lenin en toda la obra política de Marx y particularmente en el Manifiesto Comunista. En Hitler encuentra su expresión literaria en su obra Mein Kampf.  En Lenin en ¿Qué hacer?

Difieren ambas aproximaciones en el rol que le atribuyen a la violencia en el asalto al Estado en crisis. Si bien ambas parten de una misma valoración de la violencia y desembocan en la configuración de sociedades igualmente totalitarias y esencialmente emparentadas – el nazismo y el comunismo – recurren a mecanismos instrumentales esencialmente distintos: el bolchevismo mediante la construcción del partido y el asalto directo y frontal contra los detentores del control estatal y la erección de la dictadura del partido. El nazismo, en cambio,  mediante la construcción de una figura carismática – el caudillo – y el copamiento instrumental por su partido de las instituciones del Estado. Uno se apodera del Estado por la fuerza; el otro mediante el asalto inmanente, progresivo y sistemático. Al cabo, uno y otro terminan liquidando la naturaleza liberal democrática de los sistemas en crisis y entronizando sistemas dictatoriales bajo el control absoluto del caudillo de las masas o del jefe del partido. En ambos casos, bajo la dominación policíaca y el uso del terror como instrumento homogeneizador de las diferencias idiosincrásicas.

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Si Lenin se apodera del Estado mediante el asalto al Palacio de Invierno y consolida su dictadura luego del descabezamiento de la aristocracia zarista y de la burguesía industrial y terrateniente rusas, mediante una sangrienta guerra civil a partir de los llamados consejos populares - los soviets de trabajadores, campesinos y soldados - Hitler se apodera del Estado alemán mediante la perversa inmanencia del sistemático copamiento institucional. Haciéndose fuerte en el parlamento mediante el uso sistemático de los procesos electorales, en primer lugar; aceptando el llamado del presidente de la república y asumiendo la cancillería del reino, en segundo lugar. Desplazando a todos sus aliados y sometiendo a todas las instituciones, en tercer lugar. Respaldado siempre por el uso del terror callejero llevado a cabo por sus uniformadas tropas de asalto. Desde su puesto de canciller y en pocos meses había neutralizado a las fuerzas opositoras y estatuido un poder absoluto, sin haber pasado por un traumático quiebre de las instituciones.

Su instrumento mediático, Joseph Goebbels, expresaría la fórmula de dominación nazi de una manera ejemplar: “iremos al parlamento para combatirlo desde dentro, liquidando a la República de Weimar que constituye su fundamento mediante el uso de sus propios medios”. Uno de los más lúcidos analistas del nazismo lo ha expresado mediante la metáfora de una obra de ingeniería: Hitler y el NSDAP, su partido, fueron apoderándose de las instituciones del Estado y la sociedad paso a paso y de manera solapada, como una cuadrilla va cambiando los pernos y tuercas, durmientes y  rieles de un puente de ferrocarril sin interrumpir jamás el paso del tren de cercanía en que lo cruzan inadvertidos pasajeros. De manera que al cabo del logro de la obra el puente institucional ya es otro, la entronización totalitaria, perfecta, la indiferencia de la eventual oposición, absoluta. Los campos de concentración harían, en uno y otro caso, el resto; Auschwitz y el Gulag.

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Vinculo leninismo y hitlerismo, comunismo y nazismo – o socialismo y fascismo, que para el caso da lo mismo – para comprender la naturaleza de nuestro Estado de Excepción no sólo por su familiaridad genética o por la consanguineidad de sus proyectos estratégicos y revolucionarios, sino porque constituyen las alternativas reales a que se enfrentan los caudillos tercermundistas – como el que hoy impera en Venezuela - ante la necesidad de encubrir sus afanes de entronización vitalicia con un sistema ideológico coherente a sus fines y capaz de encubrirlos bajo el manto de la legitimidad revolucionaria. Aceptada casi que como derecho natural de las pobresías tercermundistas por el pensamiento político occidental. Pues si Juan Domingo Perón inaugura la emergencia del caudillo populista y dictatorial en América Latina, siguiendo el modelo mussoliniano, es Fidel Castro quien comprende que a partir de la derrota del fascismo por las fuerzas coaligadas de los Aliados y la Unión Soviética, la única ideología capaz de legitimar dictaduras vitalicias es el socialismo marxista. De allí que comience su periplo vital sirviendo a Perón, quien financia su viaje a Bogotá en 1948, cuando no es más que un joven nacionalista y anti imperialista, para entregarse en brazos de la Unión Soviética una década después,  cuando decida fundar su dinastía a la cabeza del Estado revolucionario cubano.

Rafael Díaz-Balart, su cuñado e íntimo amigo, lo anticipó con una lucidez premonitoria al oponerse en mayo de 1955 a la amnistía que le acordara el parlamento cubano tras dos años de prisión por el asalto al Cuartel Moncada. Estas fueron entonces sus palabras: “Fidel Castro y su grupo quieren una cosa: el poder, pero el poder total, que les permita destruir definitivamente todo  vestigio de Constitución y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bárbara tiranía, una tiranía que le enseñará al pueblo el verdadero significado de lo que es una tiranía, un régimen totalitario, inescrupuloso, ladrón y asesino que sería muy difícil de derrocar por lo menos en veinte años”.

No sería completo el diagnóstico, aunque  de una exactitud que eriza los pelos, si no avanzara un paso más en su lacerante premonición: “Porque Fidel Castro – continuó diciendo Díaz Balart en el capitolio cubano  cuatro años antes del asalto definitivo al Poder por  Castro y  los barbudos de la Sierra Maestra – no es más que un psicópata fascista, que solamente podría pactar desde el poder con las fuerzas del comunismo internacional, porque ya el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y solamente el comunismo le daría a Fidel el ropaje seudo ideológico para asesinar, robar, violar impunemente todos los derechos y para destruir en forma definitiva todo el acervo espiritual, histórico, moral y jurídico de nuestra república.” Creyó exagerar cuando imaginaba una duración de veinte años a la tiranía fidelista. Se quedó corto: ya ha superado el medio siglo.

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Si la guerra de guerrillas y el foquismo, es decir la guerra revolucionaria contra un régimen dictatorial como el de Fulgencio Batista, así como las guerras de liberación nacional en el Extremo Oriente inauguran una nueva fase en el avance del comunismo a nivel planetario y copan la acción de la llamada izquierda revolucionaria en todo el continente durante el último medio siglo, las derrotas estratégicas que sufrieran en los sesenta-setenta el castrismo, el guevarismo y el allendismo, así como el colapso del socialismo soviético producirían una grave crisis en las fuerzas de la subversión en América Latina. Es cuando surge la reagrupación de las fuerzas revolucionarias en el Foro de Sao Paulo, impulsado por Fidel Castro y Lula da Silva,  quienes diseñan una nueva estrategia para el asalto al Poder: el recurso al indigenismo y a las fuerzas marginales del desarrollo capitalista latinoamericano como motores de la contestación y el uso de los mecanismos institucionales como instrumentos de acceso al Poder constituido. A lo que Hugo Chávez agrega: la conquista electoral del Poder y el uso indiscriminado de la renta petrolera para corromper los ejércitos, debilitar las instituciones y avanzar hacia un copamiento de orden schmittiano de la institucionalidad dominante. Es el caudillismo de nuevo cuño, que incorpora al ejército como un vector esencial de la conquista del Poder, según la trilogía diseñada por el fascista argentino Norberto Ceresole: caudillo, Pueblo, Fuerzas Armadas. En el clásico ordenamiento del constitucionalista alemán, se diseña la estrategia de fundar democracias plebiscitarias y dotarlas de una nueva soberanía con el fin de asaltar el conjunto de las instituciones, vaciarlas de todo contenido democrático y ponerlas al servicio del montaje de dictaduras totalitarias en manos de caudillos vitalicios.

Es el momento en que un proyecto estrictamente nacional, como el bolivariano y militarista del teniente coronel, sustentado en la tradición caudillesca y autocrática de nuestra república se convierte en un proyecto anti democrático, revolucionario y continental. De la mano de Fidel Castro y de los miembros del Foro de Sao Paulo, algunos de los cuales y por razones de sobre determinación estructural de sus respectivos países apuestan a salidas de corte social democrático, como Lula da Silva. Combinando bajo esa forma una tenaza de control político estratégico de América Latina que utiliza tanto el caudillismo militarista como el democratismo institucional con el objetivo de tomar el Poder en todas las naciones del continente.

Valga señalar al respecto que desde el intento golpista de 1992 – es la genética originaria de todos los caudillos señalados haberse estrenado en el escenario político mediante violentos golpes de estado, desde Hitler hasta Fidel Castro, pasando por Perón y Hugo Chávez – y la conquista del gobierno en 1998 por Hugo Chávez, se ha  verificado un cambio esencial en el panorama político regional, en gran medida inducido por el eje Caracas-La Habana y la injerencia directa, corruptora  y brutal de Hugo Chávez. También es necesario advertir la naturaleza golpista y violenta, aunque perfectamente solapada por objetivos aparentemente constitucionalistas,  con que se logra tal transformación: mediante el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Meza, en Bolivia, facilitada por la ceguera y la estupidez de la clase dominante boliviana,  y mediante el derrocamiento de Lucio Gutiérrez en Ecuador. El eje Castro-Chávez impone así las presidencias de Evo Morales y Rafael Correa en ambos países. En el caso de Lula, de Néstor Kirchner, de Tabaré Vázquez y de Daniel Ortega, si bien no actúa la violencia castro-chavista ni se derrocan gobiernos mediante golpes de Estado encubiertos, actúa el financiamiento de los petrodólares venezolanos a las campañas presidenciales. Diferencias milimétricas impidieron el acceso de Ollanta Humala al control del Estado en el Perú y de López Obrador al de Méjico. Si el eje Venezuela-Cuba controla hoy por hoy la OEA e instrumentaliza la política exterior latinoamericana, es imaginable la situación existente si México y Perú hubieran caído en manos del castro-chavismo.

El caso hondureño ha venido a poner de manifiesto la inmensa gravedad del dominio castro chavista en América Latina. La OEA es un instrumento de presión y control en manos del eje Caracas-Habana. Hugo Chávez mueve a discreción sus piezas caribeñas y regionales. José Miguel Insulza actúa como un virtual ministro de colonias del teniente coronel. ¿Es posible poner fin a esta vasta operación de dominio continental mediante mecanismos convencionales? ¿Está la oposición venezolana en capacidad de alterarlo en su base estructural, recuperando la institucionalidad democrática y restaurando nuestra tradición a los fines de un proyecto alternativo de modernización de nuestras estructuras y de inserción en las corrientes mundiales de la globalización?

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Hemos querido contextualizar ideológica, política e incluso geoestratégicamente el problema inicial de nuestra ponencia para conferirle la magnitud y la densidad real que lo constituye. Contrariamente a lo que hasta hace algún tiempo manifestaban ciertos sectores de la oposición venezolana, no estamos solo ni principalmente ante un mal gobierno, posible de ser cambiado mediante un sencillo expediente electoral. Incluso si ello fuera posible – y la historia, además de ser siempre inédita, es un proceso en permanente flujo, imposible de ser predeterminada con exactitud matemática: permite cambios en las correlaciones de fuerzas que hacen posible mañana lo absolutamente impensable hoy – se nos plantea un segundo problema: ¿cuál es la entidad de los desafíos que debería enfrentar un nuevo gobierno democrático y cuál su propia naturaleza, no importa su forma de su arribo al control del Estado, vista la amplitud alcanzada por las fuerzas de la subversión y la magnitud de la crisis estructural inducida por el llamado socialismo del siglo XXI? Pues ese gobierno, el de una Venezuela democrática, heredará un país en ruinas y una cruenta división social.

Lo primero que quisiéramos señalar, ya puestos en la respuesta a nuestras interrogantes, es que el actual gobierno no sólo es un mal gobierno, sino un gobierno neo dictatorial tendencialmente totalitario con un propósito ajeno incluso al respeto a sus propias normas constitucionales y capaz, en consecuencia, de quebrantar, falsear, – y permítaseme el neologismo – fraudear los resultados electorales que entorpezcan o violen sus propósitos de pervivencia estratégica. Llegando incluso a desconocerlos olímpicamente mediante el insólito expediente de crear una nueva institucionalidad por sobre la que haya perdido electoralmente. El caso de la Alcaldía Metropolitana es paradigmático. Pone de manifiesto la pretendida irreversibilidad del régimen y la vocación vitalicia de su mandatario.

En dicho sentido, el caudillo sigue al pie de la letra la enseñanza hitleriana: gobernar un Estado de facto mediante mecanismos de excepción, vulnerando los principios constitucionales o creando una constitución itinerante. Ese es el primer punto que quisiéramos señalar en respuesta a nuestras interrogantes: enfrentamos un gobierno neo dictatorial, que ha logrado el copamiento de todas las instituciones del Estado y cuya dinámica apunta a la destrucción de todas las bases democráticas vigentes en el seno de nuestra sociedad civil que sirven de bastiones de defensa de nuestra cultura democrática: la propiedad privada como fundamento del libre mercado y éste como fundamento de la libertad y la democracia; la enseñanza libre y democrática en todas sus instancias; los medios de comunicación impresos y radioeléctricos; las iglesias, bases de la espiritualidad dominante; las fuerzas armadas, instrumento de la dominación. Y los partidos, ONG’s y todas las formas de articulación política de la sociedad democrática, para imponer un dominio totalitario.

Ese proyecto, suficientemente avanzado y ya estatuido en gran medida,  no puede ser vencido solo y exclusivamente mediante el mecanismo civil del duelo eminentemente cívico constituido por los procesos comiciales. Los procesos electorales deben ser comprendidos como momentos de una acumulación de fuerzas del conjunto de nuestra sociedad civil y política en defensa de su identidad nacional con un gran proyecto estratégico final. De allí la importancia de la construcción de una mayoría no sólo ni primordialmente electoral, sino cultural, espiritual e ideológica. De allí también la necesidad de enfrentar al régimen en todos los órdenes de la vida pública, mediante el uso combinado de todos los ingredientes, mecanismos y actividades constitucionales y extra constitucionales que nos garantizan la constitución, las leyes y la tradición cultural y civilizatoria que nos son implícitos o explícitos y que han estado orientados desde siempre a la preservación de nuestra vida en sociedad y de la democracia, valor inalienable de nuestra vida comunitaria.

No se trata, pues, de mistificar el valor del voto y subordinar toda acción democrática y liberadora al ejercicio único y excluyente del derecho a esa suprema expresión de voluntad popular. Si bien toda acción, sea ella electoral o de otra índole – huelgas, manifestaciones callejeras, denuncias en el plano nacional e internacional, vigilias, paralización de actividades y ese largo e inimaginable etcétera recogido en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución – deben tener como meta inalterable la restitución de la majestad del voto como forma superior de la consulta ciudadana y la resolución de los impases meta electorales. Así como la restitución plena y categórica, suficiente e indiscutible de la soberanía popular. Lo expresé alguna vez con una fórmula que debe ser matizada y reajustada al calor de la evolución de nuestra dinámica correlación de fuerzas: “no se trata de ir a las elecciones  para salir de Chávez. Se trata de salir de Chávez para ir a las elecciones”. Hablamos de un proceso de contestación global que incluye el duelo eminentemente cívico de las elecciones, pero que lo inserta en una dialéctica contestataria global.

Cabe al respecto una última consideración de naturaleza meta histórica que debiera llamarnos a la reflexión.  Todos los conflictos epocales que reflejaban una crisis existencial de los sistemas y acuerdos históricos de dominación, como el que hoy vivimos, desde la Cosiata, que da nacimiento a nuestra república como unidad soberana hasta la rebelión popular del 23 de enero de 1958, que da inicio a la república liberal democrática, han sido resueltos en Venezuela mediante el uso combinado o complementario de los elementos cívicos y militares de nuestra institucionalidad estatal. La rebelión cívico-militar forma parte de nuestra genética histórica.

Es más: el actual descoyuntamiento de nuestra institucionalidad democrática no sería comprensible sin la referencia al Caracazo y a los golpes de Estado de 1992, protagonizados por factores hoy dominantes en el seno del gobierno y que imponen la estrategia que ya entonces pretendieran imponernos por la fuerza de las armas. Como tampoco el defenestramiento mediante un golpe de estado constitucional, semejante a los que sacaran del juego a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Lucio Gutiérrez, del presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. La carencia de violencia en ese golpe de Estado constitucional, que abriera los cauces al Estado de Excepción y a la profunda crisis existencial que hoy sufrimos, se debió antes a la mansedumbre democrática de la víctima que a la ferocidad de los victimarios. Pocas dudas caben respecto a la decisión de los factores dominantes del Poder que condujeron y protagonizaron tal golpe seco. ¿Hubieran llevado a mayores la violencia del Estado si, como en el caso de Manuel Zelaya, el presidente Carlos Andrés Pérez se hubiera resistido a la consumación de su derrocamiento? ¿Hubieran ordenado la detención y el destierro obligado del ex presidente de la república por fuerzas armadas leales? Valga en todo caso la consideración de que muchos de quienes sirvieron de compañeros de ruta al asalto al Poder por el fascismo cotidiano del teniente coronel hoy pagan sus culpas sufriendo los rigores de la persecución, el exilio y la cárcel. O sufren la angustia colectiva que hoy embarga a quienes no supieron comprender entonces que defenestrando a CAP mediante un auténtico golpe de Estado constitucional abrían los portones al caos y la disolución institucional de la república que hoy sufrimos

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Toda estrategia democrática está compelida por su propia naturaleza y debe ser, por antonomasia, racionalista, pacífica, integradora, pluridimensional, incluyente y emancipadora. Debe situar en el centro de la actividad pública al individuo y a su comunidad como sujetos de la creación histórica. Y a la ética del comportamiento social en el centro de los valores comunitarios. Debe superar atavismos ancestrales y mitos deformantes, como el del rol del Estado, del individuo y del caudillo en la historia y darle al hombre sencillo, que es el ciudadano real, la plenitud de su grandeza. Detrás del hombre está la libertad. Detrás de la libertad, la justicia, detrás de la justicia Dios. Detrás de Dios la aventura maravillosa de la humanidad como aspiración al cumplimiento de los objetivos supremos del bien,  el amor y la solidaridad. Los valores fundantes de la democracia, hasta hoy el menos imperfecto de los sistemas políticos inventados por el hombre.

Permítanme terminar con un sencillo homenaje a quien, con su vida, ha dado testimonio de que la lucha por la libertad, suprema aspiración humana, requiere, en primer lugar del valor, del coraje y de la disposición al máximo renunciamiento como forma de movilizar las voluntades y modificar en consecuencia la correlación de fuerzas que permitan el pleno ejercicio del voto como norma resolutiva. Antonio Ledezma, con su huelga de hambre, ha demostrado que no hay justificaciones a la postergación de nuestras obligaciones y responsabilidades políticas, hoy de naturaleza esencialmente éticas y morales. Pues la democracia es, en último término, el reconocimiento de la ética y la moral como supremas instancias de la vida pública. La lucha por la libertad no tiene fecha fija en el calendario ni depende de la voluntad del autócrata o del permiso de sus instituciones. Es una aspiración de nuestros corazones y debe ser llevada a cabo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Luchar por la libertad es nuestro imperativo categórico. Hacerlo con lucidez e imaginación, utilizando todos los medios que la Constitución nos garantice y permita, una norma suprema de comportamiento ciudadano.