Cuando el petróleo empezó a asomar en el horizonte venezolano, no lo hizo como una promesa nacional sino como un botín internacional.

La relación entre Venezuela y Estados Unidos en el siglo XX no nació en embajadas ni tratados diplomáticos, sino en concesiones opacas, memorándums confidenciales y negociaciones que tenían más de intriga que de política exterior. Fue, literalmente, una historia escrita con tinta negra.

En mayo de 1910 arribó a Venezuela Lewis J. Proctor, representante de la Asphalt Company, heredera indirecta de los conflictos que la New York & Bermúdez Company había protagonizado durante el gobierno de Cipriano Castro. Aquella empresa, interesada originalmente en el asfalto, había comenzado a mirar con creciente atención el petróleo. Sin embargo, los problemas financieros de la Asphalt abrieron un vacío que fue rápidamente ocupado por Sir Henri Deterding, el poderoso jefe de la Royal Dutch Shell, quien tomó la delantera en la carrera petrolera venezolana.

Así comienza la prehistoria de una relación desigual: compañías extranjeras disputándose el subsuelo venezolano mientras el Estado —encarnado en la figura del Benemérito general Juan Vicente Gómez, presidente de Venezuela— observaba, calculaba y decidía según su conveniencia personal y política.

Lo verdaderamente inverosímil, como documenta con precisión Simón Alberto Consalvi en Venezuela y Estados Unidos a través de dos siglos, no fue solo la magnitud de las concesiones, sino la forma en que se otorgaron. Negociaciones privadas, conspiraciones cruzadas entre ingleses y norteamericanos, presiones diplomáticas directas y un régimen que jugaba a árbitro, pero también a socio silencioso. El petróleo no tardó en convertirse en un negocio familiar, y porque no, en un arma de chantaje.

Desde 1916, dos miembros clave de la dinastía gomecista se involucraron directamente en el negocio: José Vicente Gómez, el hijo, y Juan Crisóstomo Gómez, el hermano del dictador. Pero no fueron los únicos. Brian McBeth —fuente central de Consalvi— detalla una extensa red de beneficiarios: amigos, testaferros y aliados políticos que recibieron concesiones y privilegios “sin límites”, en palabras del propio historiador.

La diplomacia del crudo

Juan Vicente Gómez entendió pronto que el petróleo no solo era riqueza, sino blindaje. Los ingresos provenientes del crudo sirvieron para modernizar y fortalecer al Ejército, construir carreteras, enriquecer a su entorno inmediato y, sobre todo, neutralizar cualquier riesgo de intervención extranjera. Su política fue clara: amistosa aquiescencia con Estados Unidos y Gran Bretaña.

Ni siquiera la Primera Guerra Mundial alteró ese equilibrio. Aunque Gómez mantuvo la neutralidad formal, su pragmatismo petrolero fue inequívoco. En 1915, el entonces ministro de Fomento, el escritor Manuel Díaz Rodríguez, intentó separar jurídicamente las minas metálicas de los hidrocarburos. La iniciativa fracasó. Gómez prefirió sacrificar ministros considerados “pro-germanos” —como Díaz Rodríguez y Pedro Manuel Arcaya— antes que incomodar a los aliados.

El relevo lo asumió el médico Gumersindo Torres, nombrado ministro de Fomento, quien sentó las bases de una nueva regulación. Su diagnóstico fue lapidario: hasta 1918, Venezuela había recibido “muy poco o nada” de la explotación petrolera porque las concesiones se otorgaban al azar. Torres rechazó una ley rígida y propuso regulaciones flexibles, adaptables a una industria todavía desconocida. El Reglamento de 1918 nació de esa visión, pero fue percibido por los inversionistas como inseguro.

La presión llevó a la Ley Petrolera de 1920, presentada por Gumersindo Torres. Para entonces, el petróleo ya era una obsesión nacional. El ministro estadounidense Preston McGoodwin revisaba cada artículo incómodo y lo elevaba directamente al Benemérito, quien conservaba la última palabra. Aunque se incrementó el impuesto al 15 %, la ley fue vista como un avance para la participación del Estado.

Las cifras revelan la fiebre: de 181 concesiones en 1920 se pasó a 2.374 en 1921. Entre 1922 y 1935, Gómez otorgó en promedio 323 concesiones anuales. Las compañías protestaron. Querían más tierras, menos impuestos y mayor control. Presentaron memorándums exigiendo una reforma total. Torres, sorprendido, había estudiado legislaciones petroleras de otros países durante meses. No fue suficiente.

Leyes a la medida y el nacimiento del gran negocio

La Ley de 1921 tampoco satisfizo a las compañías. La perfección, como ironiza McBeth, no estaba al alcance de la mano. Finalmente, la Ley de 1922 fue celebrada por las petroleras norteamericanas como “la mejor ley petrolera de América Latina”. Un lobista, McKay, elogió ante Gómez su equilibrio entre los intereses del gobierno y los del capital extranjero.

La naturaleza confirmó el entusiasmo: el 14 de diciembre de 1922, el pozo Barroso Nº 2 estalló durante 10 días, produciendo 12.000 toneladas diarias. El boom petrolero había comenzado.

Ese mismo año, Gómez fundó la Compañía Venezolana de Petróleo (CVP), concebida para centralizar las reservas nacionales y negociar con terceros. Pero el proyecto generó desconfianza. Los inversionistas temían que, tras la muerte del dictador, todo aquel entramado resultara ilegítimo.

Entonces Gómez lanzó una de sus maniobras más célebres: en 1924 difundió el rumor de una negociación entre la CVP y el grupo alemán Stinnes. El escándalo fue inmediato. Washington reaccionó con alarma. El Departamento de Estado instruyó a su misión en Caracas a advertir contra cualquier exclusión de los intereses estadounidenses. El canciller Pedro Itriago Chacín, quien era un avezado abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, negó toda confiscación.

La Standard Oil de Nueva Jersey decidió entonces negociar con la CVP, aun reconociendo la legalidad dudosa de sus títulos. Como sentenciaría más adelante Rómulo Betancourt, “la Operación Stinnes le dio a Gómez el resultado que apetecía”.

Un tesoro bajo la tierra

El verdadero salto histórico del petróleo venezolano durante la dictadura de Juan Vicente Gómez no se mide solo en concesiones otorgadas o en leyes reformadas a la medida del capital extranjero, sino en cifras concretas de producción y renta fiscal. Allí se revela la magnitud del cambio —y también sus límites.

Antes de 1914, la producción petrolera venezolana era prácticamente inexistente. Entre 1914 y 1921, el volumen extraído fue aún modesto y experimental. Pero tras el estallido del pozo Barroso Nº 2 en diciembre de 1922, la industria entró en una fase de crecimiento vertiginoso. La producción nacional pasó de menos de 2 millones de barriles anuales en 1921 a más de 100 millones de barriles al año hacia 1929, cuando Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo, solo superado por Estados Unidos.

Las cifras son elocuentes: entre 1922 y 1928 la producción prácticamente se duplicó año tras año. Para 1929, Venezuela producía en torno a 137 millones de barriles anuales, lo que equivalía a cerca del 8 % de la producción mundial, con una extracción diaria que rondaba los 370.000 barriles. Entre 1914 y 1935, se estima que del subsuelo venezolano se extrajeron más de 1.200 millones de barriles de petróleo, casi en su totalidad destinados a la exportación.

Sin embargo, el crecimiento del volumen no se tradujo proporcionalmente en ingresos para el Estado. En términos fiscales, la renta petrolera fue inicialmente limitada. En 1908, al inicio del régimen, los ingresos totales del Estado rondaban los 50 millones de bolívares anuales. Para 1929–1930, esa cifra había ascendido a aproximadamente 225 millones de bolívares, de los cuales alrededor del 20 % provenía directa o indirectamente del petróleo.

Las regalías y los impuestos establecidos —entre 7,5 % y 10 % del valor del crudo, más impuestos de superficie— aseguraron ingresos crecientes, pero muy inferiores al valor real del petróleo extraído. Como advirtieron Gumersindo Torres y luego Edward Gerald Duffy, las compañías inflaban costos, subdeclaraban utilidades y trasladaban beneficios al exterior. El Estado venezolano capturaba apenas una fracción de la renta generada por uno de los mayores auges petroleros del mundo.

Así, bajo Gómez, Venezuela se convirtió rápidamente en una potencia petrolera en términos de producción, pero no en un país rico en términos de renta efectiva. El petróleo fluyó en cantidades colosales; la riqueza, en cambio, tomó otros rumbos.

El crudo como herencia: la fortuna privada de la dinastía Gómez

El petróleo no solo transformó al Estado venezolano bajo Juan Vicente Gómez; transformó, sobre todo, a su familia. La llamada “dinastía gomecista” convirtió el subsuelo nacional en una fuente directa de enriquecimiento privado mediante un entramado de concesiones, intermediaciones y sociedades que borraron deliberadamente la frontera entre lo público y lo personal.

Desde los primeros años del auge petrolero, miembros del círculo íntimo del dictador —en especial su hijo José Vicente Gómez y su hermano Juan Crisóstomo Gómez— figuraron como titulares, beneficiarios o intermediarios de concesiones otorgadas por el propio régimen. Muchas de esas concesiones no tenían como objetivo la explotación directa, sino su reventa a compañías extranjeras, una práctica altamente lucrativa en un contexto de fiebre petrolera y competencia internacional.

La creación en 1923 de la Compañía Venezolana de Petróleo (CVP) fue el instrumento central de esta acumulación. Aunque presentada formalmente como una empresa privada, la CVP funcionó en la práctica como una extensión patrimonial del dictador. A través de ella, Gómez concentró las reservas nacionales, negoció asociaciones ventajosas y capturó rentas extraordinarias sin rendición de cuentas. Como documenta Consalvi, los ingresos derivados de estas operaciones no ingresaban plenamente al fisco, sino que eran redistribuidos discrecionalmente por Gómez entre familiares, aliados y testaferros.

El mecanismo era simple y eficaz: concesiones baratas, impuestos mínimos, transferencia de derechos y participación directa en regalías. Así, mientras el Estado recibía una fracción limitada de la renta petrolera, la familia gobernante acumulaba propiedades, haciendas, cuentas en el exterior y un poder económico sin precedentes en la historia venezolana.

El petróleo, en la era Gómez, no fue solo un recurso estratégico: fue una herencia privada construida sobre el monopolio del poder.

Del monopolio al precedente histórico

Las reservas terminaron en manos de la CVP o de allegados al dictador. Las compañías aceptaron el esquema por conveniencia. La Shell intentó asociarse; luego vendrían negociaciones más amplias que culminaron, en 1927, con la transferencia masiva de concesiones a la South American Oil and Development Corporation, antesala de la Creole Petroleum Corporation, controlada por la Standard.

Las cifras eran colosales. Gómez obtuvo beneficios extraordinarios. Pero también emergieron tensiones fiscales. Gumersindo Torres, de regreso al Ministerio en 1929, cuestionó prácticas contables, diferencias de costos y evasiones millonarias. Calculó que solo entre 1927 y 1931, la Standard de Indiana había defraudado al fisco en 26 millones de bolívares, y la Gulf Oil en 30 millones más. El reclamo fue silenciado. El ministro Torres volvió a caer en desgracia.

Estados Unidos no sancionó a Gómez. Como recuerda Consalvi, era un dictador que “entraba en razón”. Y mientras el petróleo fluyera, todos los problemas tenían solución, cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia.

En 1929, 107 compañías petroleras estaban registradas en Venezuela; solo cinco exportaban. Más del 98 % de la producción estaba en manos de la Shell, la Gulf y la Standard. Venezuela se duplicó petroleramente cada año entre 1922 y 1928. El país se transformó sin comprender aún el costo de su dependencia.

Eco del pasado en el presente

Un siglo después, la historia parece insistir en repetirse, aunque con otros protagonistas. La reciente captura de Nicolás Maduro y los nuevos acuerdos entre Venezuela y Estados Unidos en materia de producción y venta de crudo reactivan una memoria larga: la del petróleo como eje de negociación política, como moneda de legitimación y como salvoconducto internacional.

Entonces fue Juan Vicente Gómez; hoy es un país fracturado que vuelve a negociar desde la urgencia. Ayer se escribieron leyes a la medida de las compañías; hoy se firman licencias y tratados bajo la sombra de sanciones y transiciones. La tinta sigue siendo petróleo. Y la historia, aunque cambie de nombres, aún no termina de secarse.

Foto 1: Al margen de la relación petrolera, la creciente importancia de Venezuela para los Estados Unidos quedó reflejada en el acto de la inauguración de la estatua ecuestre del Libertador, Simón Bolívar, en el Central Park de Nueva York. Una anterior estatua, inaugurada por Antonio Guzmán Blanco en 1884, había sido fundida el 20 de junio de 1899, por razones que se desconocen, y se comisionó una nueva a la escultora Sally Jams Fanham. Al acto de colocación de la estatua celebrado el 19 de abril de 1921 y promovido por el cónsul general de Venezuela en esa ciudad desde 1903, Pedro Manuel Rincones, concurrió el vigésimo noveno presidente de los Estados Unidos de América, Warren G. Harding (1921-1923), y el alcalde de Nueva York, John F. Hylan. Representó a Venezuela el canciller Esteban Gil Borges, quien luego perdió el cargo por no haber mencionado al general Gómez ni una sola vez en el discurso inaugural

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@LuisPerozoPadua