“¡El pueblo tiene el poder!”, proclamó Nicolás Maduro al momento de inscribir su candidatura el pasado 25 de marzo en las puertas del Consejo Nacional Electoral.

Esta frase, y las circunstancias que rodearon su inscripción, son analizadas por la prestigiosa revista The Economist en su edición del 30 de marzo en un artículo titulado “La farsa de Nicolás Maduro: la secuela”. Destacó el semanario británico que, si fuese verdad que el poder está en manos del pueblo, Maduro no estaría en el cargo. Así de sencillo.

El poder no está en manos del pueblo, sino de un reducido grupo que ejerce el control de las instituciones y de la burocracia estatal. Lo que ocurre es que la dirigencia del gobierno no entiende (o no quiere entender) el significado de la palabra “pueblo”. Desde un punto de vista semántico, este sustantivo colectivo significa “Conjunto de los habitantes de un país”, según la definición que nos da María Moliner en su Diccionario de uso del español (2007). Con el mismo sentido se emplea el concepto en la sentencia de la Sala Constitucional que definió pueblo como “el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades” (sentencia n.° 24 / 22.01.2003).

También se entiende por pueblo desde un punto de vista político como el “sujeto colectivo capaz de producir efectos políticos discernibles y decisivos”, para expresarlo con palabras de Diego Bautista Urbaneja en un agudo y reciente libro (Si ha habido un pueblo, Editorial Alfa, Caracas, 2023, p. 9). Pero es un hecho conocido que la gran mayoría de los venezolanos no acompaña a Nicolás Maduro en su afán reeleccionista. Es decir, ese grupo significativo de venezolanos no votará por el candidato de la “revolución”.

Otro aspecto que examina The Economist es el ventajismo que rodeó la inscripción de la candidatura del gobierno. El candidato a la reelección (¿indefinida?) se presentó con una “multitud” desplazada en autobuses y sin trabas de ningún tipo, según lo narra el mencionado semanario. Esto contrasta con los obstáculos que se le han impuesto a la oposición con inhabilitaciones y enredos burocráticos para impedir la inscripción de la candidatura de Corina Yoris. Y todo esto ocurre con el aumento de la represión y persecución contra opositores, como telón de fondo.

Este proceso, lejos de lograr la legitimidad de Maduro ante un eventual “triunfo” electoral en un proceso cuestionado por dentro y fuera de Venezuela, lo empaña aún más. La comunidad internacional cuestionará sin vacilar los resultados obtenidos de esta manera. La reacción de los presidentes Lula Da Silva, Gustavo Petro y Emmanuel Macron constituye una muestra de que no será posible engañar a la comunidad internacional de manera permanente. No se puede fingir que se ha respetado el Acuerdo de Barbados y que el proceso se lleva a cabo con garantías electorales, por el hecho de que haya muchos candidatos compitiendo.

En otro orden de ideas, la situación electoral también contribuye a debilitar al candidato del gobierno, en vista de que ha perdido credibilidad internacional. Un aspecto relevante es que el presidente del Consejo Nacional Electoral no es producto de un consenso político, sino de una imposición autoritaria. Lejos está la época en que se elegía al presidente del Poder Electoral por medio de equilibrados acuerdos políticos.

Es verdad que hay una relación directa entre democracia y poder electoral. No en balde José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, afirmaba que “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”. Roma -sigue Ortega y Gasset- era una potencia al inicio del siglo I antes de Cristo, hasta que se empeñó “en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”. Esta reflexión del pensador español viene a cuento en vista de que el sistema electoral venezolano no ofrece confianza a los ciudadanos, pues en lugar de facilitar la libre manifestación popular, la obstaculiza con formalismos inútiles y decisiones arbitrarias.

Más allá de las dificultades impuestas por el CNE, lo que debe hacer el gobierno es competir sin temor a la derrota. Mantenerse sin apoyo del pueblo, a la fuerza, es continuar con el sufrimiento de los venezolanos, aumentar la diáspora y seguir con el desacertado manejo de la economía. La revolución ha fracasado de manera clara. La derrota electoral le hace falta al madurismo para que el poder pase a la oposición, se democratice la estructura interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y luego presenten una oferta distinta para tratar de regresar a la presidencia. Por su parte, el nuevo gobierno tendrá que hacerlo muy bien para no fracasar y evitar el regreso del socialismo del siglo XXI.

Sea como fuere, la oposición debe privilegiar la unidad y buscar los consensos necesarios para apuntalar una victoria fulminante y una transición democrática, sin venganzas ni exclusiones. Por eso hay que celebrar un tuit de Corina Yoris (@yorisvillasana) del 29 de marzo, en el cual afirmó alto y claro: “Lo que sí dije a @clarincom sobre pacto o negociación entre Rosales y María Corina: Esas cosas no se pueden descartar: Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final” (¡Chapeau!).  

Se podría materializar el triunfo de la oposición si se apoya en la unidad, la tolerancia, la amplitud y sin descalificar a quienes también aspiran a la candidatura. Y ello acompañado, a voz en cuello, de un proyecto de conciliación nacional. De lo que se trata es de aprovechar con inteligencia el apoyo popular a una salida electoral al autoritarismo que se ha impuesto en Venezuela.

En definitiva, es el pueblo quien tiene el poder.