Desde aquel ya lejano bachillerato en humanidades y el inicio de los estudios de derecho, andamos con la noción sociológica a cuestas

que tuvo a bien abordar audazmente el seminario internacional de política y antipolítica realizado en Caracas a finales del siglo pasado. Intentando decodificar la naturaleza esencial del régimen, uno que otro apela a la anomia como un buen pretexto para cubrir la columna de opinión, generalizando la expresión al extremo de hacerla banal.

En una anterior ocasión, empleamos el artefacto verbal para distinguir al socialismo de este siglo: el Estado anomizador que sugiere un cambio de dirección para superarlo. Sin embargo, la tarea requiere de un esfuerzo de autodisciplina social que recomienda la campaña correspondiente de los partidos y demás manifestaciones de una activa civilidad en los días que cursan.

Solemos, por una parte, olvidar que la anomia social se da en ámbitos muy específicos que se suponen organizados y estructurados: hay gremios que no renuevan sus autoridades internas desde hace más de veinte años, pero osan reclamar libertad y democracia en la calle; o pistas para el entrenamiento deportivo suficientemente regladas con jóvenes vanidosos que atropellan e insultan a los muy adultos, por no mencionar los curiosos grafitis de envidiable caligrafía y estúpida obscenidad. Podrá alegar el gobierno la insensibilidad de los muy anteriores que no facilitaron un asiento para esperar la llegada del tren en el metro de Caracas, callando que la aspiración y logro fue la de una mayor puntualidad, rapidez y eficiencia; o la dura y efectiva sanción moral de los viandantes para los consumidores de alimentos dentro del sistema.

E, igualmente, por otra, la anomia política la exponen los propios cuadros de conducción, pues, la dirigencia exiliada, especialmente la de Estados Unidos, guardó silencio con la injusta deportación de venezolanos a El Salvador; o que aún no hay una libre y convincente deliberación en las cámaras parlamentarias y edilicias, como tampoco existe en los órganos ejecutivos solo nominalmente colegiados del promedio de los partidos. Por obvias razones, nuestros paisanos hubiesen agradecido recientemente en Chile un discurso un poco más denso de gratitud por la acogida y solidaridad que incluyera a Andrés Bello y sus extraordinarios aportes al gran país del sur, por no mencionar con habilidad y respeto la acogida y solidaridad que le dimos por muchos años a los chilenos sometidos a una feroz dictadura.

Rebecca Hanson, Verónica Zubillaga y David Smilde, al introducir una magnífica obra colectiva intitulada “The Paradox of Violence in Venezuela” (University of Pittsburgh, 2023), aciertan al correlacionar la anomia social con la política: gobernanza criminal, militarización policial y políticas de seguridad, debilidad y transformación del Estado, para arribar al paradójico fenómeno observado de un aumento de la violencia y la conflictividad en el período de menor pobreza y mayor igualdad. Entonces, la pobreza no fue ni es el factor preponderante, sino la debilidad del Estado de Derecho, la pérdida de legitimidad de las instituciones y partidos, la multiplicación de los actores políticos informales y agresivos, la desconfianza ciudadana en la representación, la corrupción sistémica, entre otros motivos.

La política como apostolado y servicio constituye una dimensión esencial que ha sido liquidada por el populismo muy bien arraigado en los escenarios públicos, absolutamente mesiánico y de gratificaciones instantáneas. Se dirá, bien pendejo es el que no hace de la política un modo de vida de acuerdo a los códices prohibidos, pero a la vez objetos del más amplio conocimiento y perversa pedagogía.  

Una tarea favorable y hasta indispensable para la transición deseada, es la urgente y masiva formación social, política e ideológica de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos llamados a un necesario consenso nacional. Importa tanto la reescolarización de la población para una convivencia saludable, real y pacífica, como la pronta reivindicación y capacitación institucional del Estado que ahora no le da siquiera una vuelta al campo trillado por sus aprovechadores.