Mientras se desarrolla el proceso de negociación entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el régimen chavista,

millones de venezolanos siguen enfrentando una realidad que no puede esperar: fallas eléctricas que en algunas zonas se prolongan durante horas, una economía que continúa golpeando el bolsillo de las familias y salarios que, en muchos casos, resultan insuficientes incluso para cubrir las necesidades más básicas.

Es imperativo que los problemas de la gente estén también en el centro de cualquier negociación. La transición política es fundamental, pero pareciera que mientras la clase política discute el futuro del poder, buena parte de los venezolanos está preocupada por algo mucho más inmediato: cómo sobrevivir a otro apagón, cómo conservar los alimentos, cómo trabajar sin electricidad o cómo mantener funcionando un pequeño negocio.

Esto no significa que la transición política deje de ser una prioridad. Todo lo contrario. Es indispensable porque las condiciones económicas, sociales e institucionales que hoy padece Venezuela son consecuencia de décadas de destrucción institucional, estatismo, corrupción y políticas económicas que terminaron asfixiando la producción y la inversión.

Pero hay problemas que no pueden esperar, y la crisis eléctrica es uno de ellos, tomando en cuenta la emergencia que vendrá en 2027 si no se toman los correctivos.

El desastre eléctrico venezolano no nació con el chavismo. Es un problema que arrastra décadas y que fue agravándose por la falta de mantenimiento, la insuficiente inversión, la mala planificación y decisiones políticas equivocadas.

Sin embargo, el llamado socialismo del siglo XXI profundizó una de las viejas enfermedades de Venezuela: el estatismo.

En 2007, Hugo Chávez inició el proceso de nacionalización y centralización del sector eléctrico. Ese año, el Estado adquirió el control de empresas como Electricidad de Caracas y posteriormente creó CORPOELEC para concentrar buena parte de las empresas eléctricas del país bajo una estructura estatal.

Prometió una mejor calidad en el servicio y todo terminó peor, ahora con un monopolio estatal que resulta siempre en un peligro y en perjuicios para la sociedad. Sin competencia, el Estado terminó siendo el empresario, regulador y operador de un sector estratégico, sin ningún tipo de control, transparencia ni instituciones que exigieran resultados. En conclusión, el cóctel necesario para el desastre que la gente terminó pagando.

La era de Chávez está llena de anuncios, pero sin resultados positivos. En 2010, por ejemplo, el gobierno de Hugo Chávez decretó una emergencia eléctrica; posteriormente, en 2013, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció un plan de 100 días para enfrentar nuevamente la crisis. Asimismo, múltiples veces el exdictador anunció que regalaría dinero a países como Bolivia, Nicaragua o Cuba para mejorar los sistemas eléctricos de esos países, mientras en Venezuela se profundizaba la crisis.

Un apagón significa alimentos que se pierden, electrodomésticos dañados, comercios que dejan de vender, trabajadores que no pueden producir, estudiantes que no pueden estudiar y empresas que pierden horas de trabajo.

También hay que hablar del costo humano, ya que las personas que dependen de equipos eléctricos para tratamientos o condiciones médicas pueden quedar expuestas a situaciones de enorme riesgo.

No podemos aceptar como normal que un ciudadano tenga que organizar su vida alrededor de los horarios de la electricidad. No es normal vivir esperando el próximo apagón.

Durante años, el régimen ha recurrido a diferentes explicaciones para justificar la crisis eléctrica, pero algunas ya no las pueden utilizar, como culpar a Trump o al imperio. Ahora la culpa es del “Súper Niño” o del “pajarito”, como señaló el concejal del PSUV en Agua Blanca, estado Portuguesa.

Surge la interrogante de por qué un país con grandes recursos energéticos no puede garantizar electricidad a su población, y la respuesta surge en el modelo.

Es hora de que se creen verdaderas políticas para el sector energético, porque no habrá una solución sostenible mientras no exista un cambio profundo en las condiciones políticas, económicas e institucionales del país.

La inversión necesita confianza, seguridad jurídica, instituciones fuertes que garanticen reglas claras, protección a la propiedad privada y competencia.

Por eso, Venezuela debe avanzar hacia la apertura del sector eléctrico a la inversión privada nacional e internacional, con competencia, regulación independiente, transparencia y mecanismos que garanticen la prestación de un servicio confiable.

La clave es crear las condiciones para que distintos actores puedan invertir, generar, distribuir y ofrecer soluciones dentro de un marco institucional sólido.

El país tiene una enorme capacidad hidroeléctrica, pero depender excesivamente de una sola fuente también representa un riesgo. Los períodos de sequía pueden afectar la generación hidroeléctrica y poner todavía más presión sobre un sistema debilitado.

Por eso debemos aprovechar también el enorme potencial venezolano en energía solar, eólica, gas y otras tecnologías capaces de complementar la generación hidroeléctrica y hacer más resistente el sistema. Utilizar nuestros recursos naturales para sembrar instituciones, infraestructura, educación, tecnología, empresas y oportunidades.

Debemos pasar de una economía dependiente del Estado a una economía impulsada por ciudadanos libres, pasar de los apagones a la producción, de la escasez a la abundancia y del estatismo a la libertad económica.

Con la llegada de la luz a Venezuela podremos dar verdadero desarrollo y producción y, con ello, mejores condiciones para la población. Arturo Uslar Pietri decía que había que “sembrar el petróleo”, y eso lo creó; diría mucho más allá que con ese petróleo hay que sembrar las bases de un nuevo sistema abierto al mercado, al mundo y a las oportunidades.

Debemos pasar de la oscuridad a una Venezuela luminosa.

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