Este lunes 9 de marzo, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) anunció su decisión de respaldar la postulación de la profesora Magaly Vásquez como fiscal general de la república

–la cabeza del Ministerio Público–, trámite que Vásquez cumplió este mismo día, último del plazo anunciado por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano designado por la Asamblea Nacional.

El comunicado, suscrito por el decano, César Carballo Mena, y por la directora de la Escuela de Derecho, María Lidia Álvarez, destaca que «la profesora Dra. Magaly Vásquez González cumple los requisitos constitucionales para ejercer el cargo de Fiscal General de la República y encarna nuestros más altos valores ciudadanos», así como que «la eventual designación de la profesora Dra. Magaly Vásquez González como Fiscal General de la República significaría un paso trascendental para la reinstitucionalización del sistema de justicia penal».

Del mismo modo, la rectora de la Universidad Metropolitana (UNIMET), María Isabel Guinand, envió al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Evaluación de Postulaciones, una comunicación donde la institución respalda la candidatura de Vásquez.

La doctora en Derecho y secretaria de la UCAB desde 2015– habló de sus motivaciones para dar ese paso, así como de lo que el país puede esperar de ella en caso de lograr dirigir el Ministerio Público.

― ¿De dónde nace la idea de su postulación?

 ―Es una decisión personal a partir de algunas llamadas de personas del mundo en el que yo me desenvuelvo (académicos, profesores, exalumnos) que me decían que pusiera en consideración mi nombre, por la experiencia, la vinculación con el área, la trayectoria académica. Yo evalué esa posibilidad y tomé la decisión, con la fortuna de que ha contado con el apoyo de la Facultad de Derecho de la UCAB, de la cual yo egresé, y de un grupo importante de individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual también pertenezco.

―Los venezolanos tienen muchas expectativas porque hay una deuda acumulada muy grande en materia de justicia. ¿Qué puede ofrecer usted, desde el Ministerio Público y la Fiscalía, para que la gente se reconcilie con la ley?

―El rol de fiscal general de la república es fundamental para el mantenimiento de un Estado de derecho. Hemos visto cómo se ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema de administración de justicia, en el cual el Ministerio Público juega un rol estelar, especialmente en el ámbito de la justicia penal, que es la más cercana al ciudadano. Ninguna persona está exenta de ser imputada o víctima, por eso es más cercana, más sensible, sobre todo cuando se acaba de aprobar una Ley de Amnistía con la que se ha tratado de iniciar un proceso de reconciliación nacional. En ese contexto, yo ofrezco mis competencias, mi conocimiento y mi disposición, procurando enviar un mensaje de institucionalidad, de meritocracia. 

Es importante rescatar las habilidades técnicas que corresponden al Ministerio Público, además de las profesionales y personales. Yo no me he mantenido en una burbuja en el mundo universitario, yo sé cómo funciona el sistema de justicia penal en Venezuela, eso me da unas competencias para promover el rescate de la institucionalidad en Venezuela.

―Usted es la primera mujer penalista incorporada como individuo de número en la Acienpol y profesionalmente se ha hecho a sí misma. ¿Qué reflexión hace ante un país tan maltratado?

―He tenido el honor de ser la primera mujer penalista en llegar a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Eso implica un reconocimiento a una trayectoria, a un esfuerzo que yo he procurado sustentar en la formación y en el compromiso permanente y eso lo he podido evidenciar en mi trayectoria universitaria. Yo comencé como profesora en la UCAB con el rango de profesor instructor y hoy tengo el escalafón de profesor titular y todos mis ascensos han sido a través de publicaciones de trabajos en los que queda exhibida una obra producto de la reflexión, del estudio, de la preparación permanente. Yo no me he quedado dentro de las cuatro paredes de la academia, he combinado esto con el ejercicio profesional.

Yo vengo del sector público, llegué a la universidad por una oportunidad que me ofrecieron, siendo yo en aquel momento abogada de la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso de la República. Antes había trabajado en tribunales, he sido asesora del Circuito Judicial Penal Militar. Trabajé en el proceso de evaluación de los jueces a partir de la convocatoria que se hizo con posterioridad a la Asamblea Nacional Constituyente del año 99.

He tratado, en cada una de esas responsabilidades, de poner esa impronta, esa visión de hacer las cosas lo mejor posible, de enviar el mensaje de que las cosas se construyen con esfuerzo, que hay que trabajar para que las cosas lleguen al estadio que uno quiere que lleguen. Ese ha sido mi norte en mi vida profesional. Creo que en este momento histórico que vive el país, yo puedo enviar un mensaje distinto en relación a lo que representa el Ministerio Público. Para mí hay algo clave: yo tuve la virtud y la fortuna ―tengo que agradecer esas oportunidades―, de ser corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el original de 1998.

―Ese COPP con el que el país todavía está en deuda…

―Exactamente. Ese COPP le da al Ministerio Público atribuciones para separar la función de investigar y la función de juzgar, y se quedó a mitad de camino por falta de conocimiento y de voluntad, porque afectaba muchos intereses en lo que tiene que ver con el desarrollo de un proceso penal. Eso implica que el fiscal del Ministerio Público, la cabeza de la institución, tiene que ser un funcionario comprometido con el sistema de justicia que dirija su acción al establecimiento de la verdad, que es lo que se pretende en el sistema penal. Y esa investigación de la verdad es lograr la condena del culpable, pero también la absolución del inocente.

El país todavía sigue en deuda con esa versión original del COPP, que ha sufrido ya siete reformas que han distorsionado el modelo original. Que si se cumpliera, nos pondría frente a un sistema de justicia penal que el país merece: a las víctimas tratarlas como víctimas y al imputado procesarlo, dándole las garantías que la Constitución y la ley establecen.

―Si fuera designada al frente del Ministerio Público, ¿cuáles serían sus prioridades con tantas deudas pendientes?

―Hay muchísimas cosas por hacer. Para devolverles a los fiscales el rol protagónico que tienen, hay que comenzar por revisar la formación, que es clave. En la medida en que yo conozco el rol que voy a asumir puedo desempeñarlo exitosamente. Hacer especial hincapié en la dilación procesal, identificar el estatus de las causas, particularmente en las que hay personas detenidas. Una de las cosas más graves de la actual justicia penal es la dilación procesal, la no realización de los actos. Hay que ver si esa no realización de los actos es imputable a la actuación del Ministerio Público, porque eso se debe corregir.

Algo clave es devolver la carrera fiscal, que los fiscales puedan ser verdaderamente funcionarios de carrera, que les dé la seguridad y la tranquilidad de que van a actuar con la libertad que la ley les permite y que no van a obedecer a ningún lineamiento más allá de lo institucional. Son cuestiones clave para cambiar el rostro del Ministerio Público y que el ciudadano perciba que estamos en presencia de funcionarios que no están allí para buscar una sentencia condenatoria a ultranza y que debe fortalecer un  rol que la ley le atribuye al Ministerio Público como parte de buena fe en el proceso penal.

―Cómo profesora de derecho, ¿qué podemos esperar los venezolanos de los jóvenes que se están formando en las aulas? ¿Hay sangre nueva para hacer los cambios?

―Sí, por supuesto que sí. Puede plantearse algo similar a lo que sucedió cuando entró en vigencia el COPP: las instituciones y el sistema de justicia penal se oxigenaron muchísimo, entró mucha gente joven, sangre nueva, gente que no venía con las perversiones o las tradiciones del sistema anterior y eso ayudó muchos a las instituciones. Yo creo que eso debe hacerse así, por supuesto, implica también reconocer la trayectoria de gente que forma parte del Ministerio Público y que puede seguir haciendo aportes. Pero sí creo que es necesario dar oportunidades a quienes se han estado formando en el área de derecho porque creen en la justicia, porque creen en el fortalecimiento del Estado de derecho.

Yo fui profesora en la Escuela Nacional de Fiscales y he sido profesora en cursos de postgrado en diferentes universidades, me consta que hay mucha gente competente, dispuesta y que sigue creyendo en las instituciones. Creo que esa gente tiene mucho que aportar en un nuevo Ministerio Público.

Fuente: El Ucabista |Fotos: Manuel Sardá