Tal y como lo he dicho claramente en entrevistas televisivas, en mi programa de radio “Debate con Fuenmayor”

y muchas veces en X.com, no acepto que un menor de edad, un joven que apenas está superando su pubertad, que no alcanza a tener suficientes años de desempeño social, como para siquiera llegar a saber lo que es terrorismo o traición a la patria, pueda ser acusado por la Fiscalía ante un tribunal penal por haber cometido estos infames delitos. Esto es algo inaudito que ocurra en Venezuela y mucho menos bajo la vigencia de una Constitución de carácter garantista, que ha logrado el apoyo de la mayoría de los venezolanos, incluso de quienes equivocadamente la rechazaron en sus inicios. Un adolescente, entre 15 y 17 años, simplemente no tiene edad suficiente para haber cometido ese tipo de delitos, sin importar lo beligerante que haya sido su participación en cualquier protesta y sin importar tampoco las causas que lo llevaron a protestar, si es que realmente estuvo protestando.

De hecho, por algo existe una Ley para proteger a los niños y a los adolescentes, pues reconoce que su condición etaria los hace diferentes de un adulto, y eso la Fiscalía y los tribunales penales lo saben y deberían actuar en consecuencia. Pero es que, además, todos sabemos cómo actúan nuestros cuerpos policiales, donde la arbitrariedad, el pase de facturas, la negligencia, son el pan nuestro de cada día. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, son detenidos en las inmediaciones de una manifestación o de un hecho vandálico, en los cuales no estaban participando, pero el informe policial los presenta como actores. Puede ser un error, posible por la naturaleza de los operativos policiales, o puede ser una manera de los agentes de congraciarse con sus superiores, demostrando una eficacia que les puede reportar luego beneficios laborales. O puede ser que siguen órdenes. Muchos otros fueron detenidos en sus casas, allanadas sin orden judicial, sin auto de detención y sin fiscales, para luego no tener un abogado que los asista, ni conocer los hechos que se les imputan, ni las pruebas que existan en el expediente.

Se supone que las investigaciones de la Fiscalía deberían descartar este tipo de casos, pero cuando se politiza la acción del Ministerio Público, esto no ocurre, y si los imputados no tienen la posibilidad de escoger libremente sus abogados, sino que éstos les son impuestos, se pierde un segundo mecanismo de control para asegurar un juicio justo. Y no voy a hablar del caso de los jueces, pues todos sabemos qué significan estos tribunales especiales. La justicia deja de ser justicia. Por estas razones me atreví a proponer hace ya unas semanas, que el gobierno, quien debería ser el primer interesado en que no se cometan injusticias de ningún tipo, designara una comisión no policial ni perteneciente a la estructura estatal de la justicia, integrada por gente proba y no prejuiciada, para que estudiara los casos de los adolescentes, les hiciera el seguimiento debido y permitiera al alto gobierno acceder a información verídica en relación con estos casos. No ha habido respuesta a esta solicitud, pero se está a tiempo de darla.

El gobierno, además, ha escogido todo un rosario de delitos para acusar a quienes manifestaron su desacuerdo con lo que consideraron un fraude electoral. Incitación al odio, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, son las cuentas más frecuentes de las 59 de ese rosario. Ya he escrito sobre la diferencia que existe entre vandalismo y terrorismo, pero el gobierno escoge el segundo para efectuar la acusación, pese a que no se ajusta a la realidad, simplemente porque la pena es mucho mayor. Ir en una manifestación y participar junto con otros en la realización de actos vandálicos no constituye, aunque en principio lo parezca, una asociación para delinquir. Nadie, por protestar contra el gobierno, puede ser acusado de traición a la patria. Vocear consignas contra un funcionario gubernamental no es incitación al odio. Un análisis objetivo, profesional y sincero, de estas acusaciones pudiera poner rápidamente las cosas en su sitio, una posibilidad por la que debería pasearse la administración de justicia venezolana.

A todo lo señalado, se unen en este momento las denuncias de la existencia de presiones indebidas, por parte de fiscales, jueces y defensores públicos, y los señalamientos de la existencia de torturas, el aislamiento de los detenidos y la denegación de los exámenes forenses requeridos por sus familiares. Si yo fuera gobierno, sería el primer interesado en demostrar que nada de esto es cierto y que, si lo fuere, se tomarían de inmediato las acciones correctivas en cada caso y se sancionaría a los funcionarios responsables. Además, son principalmente hijos del pueblo pobre, los afectados por toda esta injusticia.