El artículo del ex diputado Luis Barragán analiza cómo el régimen intenta limitar la transición política en Venezuela mediante la simulación y la normalización de anomalías.

“—Buscamos muchas cosas.

—Se quedó callado un momento—.

El aspecto de nuestro trabajo que

tiene que ver con las anomalías

es una investigación continua

sobre si vivimos en una simulación”

Emily St. John Mandel (*)

Planteado en Venezuela un proceso de transición, sentimos que el gobierno trata de delimitarlo en todo cuanto le sea encubiertamente posible, al mismo tiempo que celebra la presencia del inesperado —aunque comprensivo— tutelaje convertido en una nueva fraternidad binacional, de acuerdo con el discurso neoyorkino de la encargaduría presidencial. Dirán que el proceso solo concierne a las muy altas esferas del Estado, para buscar después neutralizar sus consecuencias y evitar que se convierta, además, en un sentimiento generalizado y, sobre todo, tolerado por quienes buscan sobrevivirle a Donald Trump en cualquier trance.

Fuere de transición o de reacomodo, según la apuesta oficial, el sector universitario constituye ahora un ejemplo del ritmo que adquieren los acontecimientos y de las expectativas naturales de cambio que produjo un hecho tan excepcional como el del 3-E. La última sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) reveló muy bien las intenciones del rodrigato: normalizar, con la mayor sagacidad y prontitud posibles, una situación cuya deliberada persistencia en las anomalías únicamente conduce a la simulación como objetivo estratégico.

Ya, por muchísimos años, el régimen ha impedido que se realicen las elecciones rectorales, poniendo el mismo empeño en las de los gremios e intentando la deslegitimación, por asfixia, del liderazgo que, en última instancia, representa también a la sociedad civil; apenas hizo la excepción con la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras pretenden ahora abortar las de la Universidad de Los Andes (ULA), como cínicamente lo ha hecho con la Universidad Simón Bolívar (USB). Tienen un miedo pavoroso a que se alborote el avispero y, como si faltara un par de detalles, ignoran las sobradas razones que hacen igualmente excepcional la etapa que vivimos, mientras fingen una gobernabilidad y una gobernanza (identifiquémoslas como G&G) que no existen, al asegurar un ingreso promedio de $500 para el profesorado y proponer, a deshoras, un proyecto de ley de universidades tras la sostenida violación de la letra constitucional, por conducto de la mismísima ministra de Educación Superior (significativamente, integrante de la consabida mesa de negociaciones), lo que ha causado indignación.

La fórmula es sencilla: hay G&G cuando existe capacidad política para conducir, nacional y sectorialmente, la transición y, al mismo tiempo, funcionan adecuadamente las instituciones mediante la coordinación de los más diversos actores. Por consiguiente, cuando ello no ocurre, no hay G&G y la transición corre el riesgo de convertirse en parodia y reacomodo, hipótesis que puede trabajarse a cabalidad con autores como Juan Linz y Alfred Stepan para someter a examen lo último ocurrido con la ULA y la USB para arribar a una conclusión obvia.

Examen que consiste en responder preguntas como estas: ¿Las universidades pueden elegir libremente a sus autoridades? ¿Se respeta su autonomía normativa y administrativa, así como la inviolabilidad del recinto universitario? ¿El Estado devuelve progresivamente las capacidades financieras que les corresponden? ¿El Poder Judicial deja de intervenir para impedir sus procesos internos? ¿Las instituciones recuperan la capacidad de autogobierno?

Así las cosas, evitando inútilmente la expansión del sentimiento a favor de la transición, las escaramuzas más recientes que tuvieron por escenario la esperada sesión del CNU ayudan a medir muy bien cómo marcha el cambio y la confianza que genera un gobierno que festeja a Trump en cualquier ocasión. Entonces, ¿se trata de trabar y frustrar a toda costa la elevación de las capacidades que permitan la reconstrucción del Estado en Venezuela? ¿Convertir a Caracas en el escenario de todas las formalidades de una transición reducida a pantomima para el resto de la sociedad? ¿No constituyen la ULA y la USB una suerte de laboratorio que ayuda a explicar el proceso político global que realmente vive el país?

Noticioso o no, todo lo que acaece en Venezuela y entre los venezolanos incide naturalmente en el curso político de las cosas y de todas las cosas. Luego, la transición que está pendiente no es cuestión privativa de los actores circunstanciales del proceso.

(*) “El mar de la tranquilidad”, Ático de los Libros, Barcelona, 2022: 118.