Una de las facetas principales de la llamada "radicalización de la revolución" de la que viene haciendo gala el señor Chávez, antes y después del 26-S, es que tiene lugar en un marco formalmente institucional, derivado de un orden constitucional que es básicamente democrático y, por tanto, desfavorable a la imposición de hegemonías inspiradas en modelos de comunismo burocrático y cuartelero.

De allí que Miraflores deba apelar a la trácala constante como un instrumento esencial para el despliegue de su afán de dominación.

Un primer ejemplo se encuentra en los anuncios oficialistas con respecto al funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional. Acostumbrados como están a no tener, de hecho, un poder legislativo, ahora pretenden menoscabar a la próxima Legislatura a través de la reforma del reglamento interno, o mediante el nombramiento anticipado de los magistrados del TSJ (para lo cual han llegado al extremo de cambiar la ley respectiva con la excusa de la reimpresión en Gaceta) o, incluso, aprobando una Ley Habilitante para buscar esterilizar las potestades de la futura Asamblea.

Y aunque parecería obvio que una cercana habilitación presidencial no podría exceder el actual período legislativo, ya se preparan argumentos para plantear lo contrario. Si éstas no son tracálas, ¿qué son?

Igual sigue ocurriendo con las denominadas "expropiaciones agrarias" que el Inti maneja a sus anchas. Se trata, por lo general, de ocupaciones de hecho o asaltos estatales a la propiedad productiva. Se presentan como expropiaciones amparadas en la Constitución y la Ley, cuando en realidad se violentan los procedimientos correspondientes y además no se produce el justo pago por el valor de lo apropiado. Se tracalea, pues, el orden normativo que se alega como mampara.

Otros ejemplos se aprecian con facilidad a lo largo y ancho del despliegue gubernativo, pero si duda el más grueso es el proceso en marcha para que el "poder popular" --que no está contemplado en la Constitución de 1999, se erija por encima de las instituciones de legitimidad democrática como las gobernaciones, alcaldías e incluso la propia Asamblea Nacional.

Y este proceso no tiene nada de velado, porque recordemos que en la "desaprobada" Reforma Constitucional de 2007, se proponía una reforma del artículo 136 de la Constitución, del siguiente tenor: "El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular... Éste no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos organizados como base de la población"...

El oficialismo quiere abolir la relación básica entre pueblo, elección, soberanía y poder, y en su lugar consagrar un tipo de "poder público" de inspiración totalitaria, supuestamente integrado por un tinglado de organizaciones comunales y cuyo objeto central es la convalidación del mando superior y personalista, muy al estilo de las viejas "democracias populares" del orbe comunista.... ¿Se podría concebir una trácala más monumental al sistema constitucional venezolano?

Radicalismo y tracalería han sido y son dos caras de la misma moneda. De esa misma realidad que aprisiona y despelleja el potencial nacional, y frente a la cual la mayoría política de los venezolanos acaba de expresar su protesta y, también, su esperanza de que sea superada.

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