Desde el año 2007 el gobierno nacional desató persecución contra la propiedad privada y expropiaciones a grandes y pequeñas empresas en plena producción, las cuales en su gran mayoría, sus legítimos propietarios no han sido indemnizados, tal como lo estable el articulo 115 de Constitución nacional.

Cuando se trata de capital internacional, el gobierno paga completo a los propietarios, tal como ocurrió con SIDOR, Banco de Venezuela, Electricidad de Caracas, CANTV, Supermercados Cada y Exitos. En el caso de Agroisleña, La cementera Cemex, la productora de cabillas Sidetur y las trasnacionales petroleras, el gobierno está en conversación con sus dueños para pagar.

En cambio, cuando las empresas son de venezolanos, el gobierno simplemente no paga porque no le da la gana y por eso vemos como de la noche a la mañana, pequeños empresarios en La Costa Oriental del Lago de Maracaibo y mas de 500 familias dueñas de pequeñas fincas agrícolas quedaron en la ruina, porque de un solo plumazo el gobierno les arrebató el esfuerzo de muchas generaciones sucesoras de esas pequeñas empresas.
Ahora bien, después del 26 de septiembre cuando la mayoría de los venezolanos que votamos le dijimos NO al comunismo-cubano que nos quieren imponer a la fuerza, el gobierno arremete nuevamente contra la propiedad privada, pero esta vez no es contra pequeños empresarios, sino contra familias que con mucho esfuerzo y sacrificio lograron adquirir una vivienda pagando cuotas antes de ser terminadas.

El gobierno en una especie de circo mediático anunció la expropiación de varios conjuntos residenciales que están por concluirse, pero que presentan algunos retrasos por falta de materia prima y otros donde aparentemente hay desavenencia entre compradores y constructores por el pago del IPC, que es una especie de ajuste por inflación, pero que fue decretado ilegal por el gobierno nacional.

Sin duda que en algunos casos los constructores son unos bichos, pero non la mayoría y decisiones como esa alejan la inversión por parte del capital privado.
Voceros del gobierno han  dicho que respetarán la propiedad de las familias que compraron, pero como son tantas las veces que el gobierno nacional no cumple con lo que promete, ha hecho que en un país donde el déficit de viviendas supera los dos millones y las invasiones se han convertido prácticamente en política de estado, el pánico se apodere de las familias que con tanto esfuerzo lograron comprar a plazo.

Sin embargo, y lo que no dice el gobierno nacional, es que en Carabobo, Bolívar, Anzoátegui, Vargas y Distrito Capital, hay mas de 20 mil viviendas con atrasos de construcción de hasta siete años por la ineficiencia que caracteriza a este gobierno. En el caso del estado Bolívar, la CVG que es un organismo del gobierno nacional y es la constructora de las viviendas, insiste en cobrarle el IPC a los compradores, pero a estos casos el gobierno no aplica sanciones

El gobierno revolucionario con el afán de convertirse en dueño de todo, expropio a SIDOR productora de las cabillas y las empresas productoras cemento, con la excusa de que la producción de viviendas era saboteada por estas empresas al enviar al exterior la mayoría de la producción. Hoy SIDOR y las cementeras producen menos del 50% de lo que producían cuando estaban en manos privadas y es mas fácil conseguir una aguja en un pajar, que una cabilla o un saco de cemento en las ferreterías.
Todos los voceros del gobierno, incluyendo al presidente, han dicho que las expropiaciones son para proteger a la clase media. Estas expresiones, sin  ninguna duda tienen un matiz político y hace que se le vea la costura a la pelota. El gobierno que ya tiene 12 años diciendo vamos hacer, de acuerdo a los resultados electorales del 26-S perdió el respaldo de un sector de la clase media que lo respaldó al principio, ahora con estas expropiaciones en circos mediáticos, trata de recuperar la confianza perdida.

Lo cierto es que los primeros apartamentos entregados por el gobierno a las familias que compraron a plazo en los conjuntos residenciales expropiados, lo hicieron con papeles que no los acredita como propietarios, sino como adjudicatarios, tal como lo hizo Fidel Castro en Cuba hace 52 años, lo que pone en pico e’ zamuro la propiedad privada. Ningún adjudicatario puede vender ni negociar y mucho menos dejar en herencia a los hijos, una vivienda en esas condiciones.

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