La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Informática, que se abrirá a la firma en Hanoi (Vietnam) los días 25 y 26 de octubre de 2025, marca un momento crítico en los esfuerzos internacionales por regular las tecnologías digitales.

No solo crea un marco para combatir la delincuencia informática, sino que también establecerá la obligación de crear una serie de capacidades nacionales de aplicación de la ley, incluidas las facultades de vigilancia. Además, exigirá la cooperación transfronteriza entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluso para el intercambio de datos electrónicos.

El éxito de la Convención en la prevención y la lucha contra la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz dependerá de cómo y si los Estados la aplican de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como exige la propia Convención (véanse los artículos 6 y 24). De no hacerlo, se corre el riesgo de permitir abusos y represión.

Las disposiciones clave, como las que regulan la vigilancia y el acceso a los datos, deben ir acompañadas de salvaguardias exigibles para proteger los derechos de los ciudadanos, incluidos la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso. Por ejemplo, la recopilación de datos de tráfico en tiempo real, la interceptación de contenidos y el descifrado obligatorio, en particular, plantean graves riesgos para los derechos humanos. Estas facultades deben limitarse a los delitos más graves y ejercerse únicamente con supervisión judicial y estricta observancia de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Para garantizar que la Convención fomente un espacio digital que respete los derechos y evite la represión transnacional, los Estados deben comprometerse a negarse a cooperar en casos que puedan dar lugar a violaciones de los derechos humanos y reforzar las salvaguardias en los contextos internacionales. Además, el ACNUDH exhorta a los Estados a que garanticen en su legislación nacional que los investigadores en materia de seguridad, los denunciantes y los periodistas estén protegidos contra la responsabilidad penal por actividades legítimas.

Los Estados que estén considerando la posibilidad de firmar y ratificar la Convención pueden aprovechar las lecciones extraídas de las declaraciones interpretativas y las reservas formuladas al Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa como herramienta para aclarar aún más sus compromisos en materia de derechos humanos desde el principio, mitigar los riesgos y orientar la aplicación en la legislación y la práctica nacionales.

Este es el momento de liderar con principios. Asegurémonos de que nuestra lucha contra la ciberdelincuencia fortalezca, y no debilite, los derechos humanos. La OACDH está dispuesta a apoyar a los Estados en esta importante tarea.

|*|: Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com . Haz clic aquí para ver el texto original en inglés.